Han pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene sospechas. No datos. No ha encontrado una sola prueba de la acusación contra el fiscal generalOpinión - Los saltos al vacío del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general. Por José Precedo Ya no es un juez Peinado. Ahora es Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Y no está solo: cuenta con el respaldo mayoritario de la Sala de lo Penal. Tal y como Miguel Ángel Rodríguez pronosticó, el fiscal general del Estado irá p´alante. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo, a pesar de que no hay ni una sola prueba contra él. No hay pruebas porque no las puede haber. Porque la filtración no vino de él. En elDiario.es sabemos perfectamente quién nos pasó esa información de la que acusan a García Ortiz. Sabemos que no fue el fiscal general, ni tampoco Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid que también está acusada. Nunca vamos a revelar nuestras fuentes, pero sí podemos asegurar que ellos no fueron. Nuestro compañero, José Precedo, así lo testificó ante el Tribunal Supremo, ante el juez Hurtado. No fue el único. Media docena de periodistas de distintos medios –La SER, El País o incluso El Mundo–, han declarado ante el juez en el mismo sentido. Son varios testimonios que exculpan a García Ortiz y que el juez Hurtado ha decidido ignorar. Y no son solo palabras de periodistas. También hay pruebas documentales. Mensajes y llamadas de varios redactores de El País demuestran que tuvieron acceso a esa información 31 horas antes de que preguntara por ella el fiscal general. Sabemos, a ciencia cierta, en qué momento Álvaro García Ortiz tuvo conocimiento de esos correos. Ha quedado bastante acreditado en la investigación judicial. Y salvo que tuviera una máquina del tiempo, es imposible que pudiera filtrar la información. Porque llegó a los medios antes de que él la tuviera. También sabemos que esos correos del abogado de González Amador pidiendo una conformidad los tenían casi un centenar de personas: llegaron a un email genérico de la Fiscalía y también a la abogacía del Estado. De entre todos los posibles sospechosos, el Supremo solo ha decidido investigar a dos. Pero el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz no solo es anómalo porque el instructor ignore todas las pruebas y testimonios que no cuadran con su acusación. Es aún peor. Vayamos antes a los hechos que sí ha demostrado la investigación. El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publica en exclusiva el fraude fiscal de Alberto González Amador. Y a partir de ese momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid se moviliza para salvar la reputación de Isabel Díaz Ayuso. El encargo de González Amador a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), habla por sí solo. “Haz lo que veas”, le pidió, tal y como él mismo confesó ante el Supremo. MAR hizo lo que pudo, cómo no. Al día siguiente, el 13 de marzo a las 21:29, El Mundo publica una intoxicación lanzada por MAR: “El fiscal ofrece un acuerdo a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos”. La verdad era justo la contraria: quien ofrecía un acuerdo era el abogado de González Amador, no la Fiscalía. Otros medios en la órbita de Ayuso van esa noche incluso más allá en sus acusaciones contra la Fiscalía: aseguran que dicho acuerdo fue bloqueado “por órdenes de arriba”. Era falso: un bulo lanzado por MAR para dar a entender que Ayuso es víctima de una persecución del Estado. Tras publicarse la noticia de El Mundo, esa misma noche, el fiscal general del Estado se moviliza para conseguir toda la información. Saca de un partido de fútbol al fiscal Julián Salto –el que llevaba ese caso y había recibido los correos–. Pide toda la información y la consigue. Se la mandan a su correo personal de Gmail. Horas más tarde, a partir de las 23:51, varios medios desmentimos la falsa historia de MAR. Y publicamos la verdad: que era el abogado del novio de Ayuso quien había reconocido los delitos en su nombre y pedía un acuerdo a la Fiscalía. También el famoso correo filtrado: “Ciertamente se han cometido dos delitos”. Y al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado publica una nota de prensa desmontando todas las acusaciones falsas. Esa nota de prensa, de la que García Ortiz siempre se ha hecho máximo responsable, fue la excusa para llevar este proceso penal al Supremo para imputar al fiscal general. Después el Supremo la ignoró: no hay nada ahí, aseguró. Pero aún así decidió investigar a García Ortiz, para intentar probar que fue él quien filtró esa información a varios medios, la famosa noche. Han pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene sospechas. No datos. No ha encontrado una sola prueba de esa acusación: más allá del interés del fiscal general por buscar la información esa noche –algo que el propio acusado admite–, no hay nada más. No hay pruebas, pero no ha sido por no intentarlo. En los ocho meses de su investigación judicial, Hurtado ha puesto en marcha todas las diligencias posibles para intentar probar su sospecha. Incluso la más extrema y desproporcionada: registrar el despacho del fiscal general del Estado –tal vez el sitio donde se guarda la información más sensible de España– como si fuera la casa de un narco. Hurtado también ha buscado información en Estados Unidos: ha preguntado a Google, a Meta, a la búsqueda de los mensajes y correos del fiscal general que García Ortiz, con buen criterio, borra regularmente –la directiva de protección de datos le obliga a ello–. Tampoco ha encontrado nada ahí. Así que la tesis de la acusación está hoy exactamente igual que el primer día. El único indicio que hay contra García Ortiz es su interés en buscar esa información la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez propagó un bulo para salvar la reputación de su jefa, Isabel Díaz Ayuso. Un indicio, que no es lo mismo que una prueba. Pero la falta de la más mínima lógica jurídica no acaba aquí. Hurtado asegura que el fiscal general hizo todo esto siguiendo “indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”. ¿Las pruebas? No hay ninguna. Nada en toda la investigación que sirva para sostener tal gravísima afirmación. En otro párrafo, Hurtado también asegura que el fiscal general del Estado “envió copia a Pilar Sánchez Acera”, del equipo de Moncloa. ¿Las pruebas de tal cosa? De nuevo no las hay. Pilar Sanchez Acera tuvo acceso a ese correo, es cierto, pero en un momento en que ya circulaba por varias redacciones de Madrid. Ante el Supremo, Sánchez Acera declaró exactamente eso: que le llegó de los medios. Una declaración que Hurtado ignora. Al parecer, para este juez del Supremo todos los testigos mienten, menos MAR y González Amador. Hurtado, legítimamente, puede sospechar que el Gobierno está en el ajo. Pero de ser así, ¿por qué ha parado su investigación? ¿Por qué da esa sospecha como hecho probado sin siquiera investigarlo? ¿Por qué no ha imputado a Sánchez Acera, que fue llamada a declarar como testigo? ¿Debe dimitir el fiscal general? No veo el motivo. No hay nada en la investigación del Supremo que haya demostrado en él ningún comportamiento inadecuado. Es más bien al contrario: tendría que ser el juez Hurtado quien tuviera que dar explicaciones, por sus acusaciones sin una sola prueba. Quienes defienden que está obligado a renunciar para defender las instituciones, ¿han pensado en el peligroso precedente que supondría? ¿Una denuncia de un delincuente confeso y esta controvertida instrucción de un magistrado del Supremo son suficientes para hacer caer a un fiscal general? Durante los ocho meses de anómala investigación, nunca antes vista en España para una revelación de secretos, García Ortiz ha mantenido su inocencia y ahora debería defenderla hasta que haya un veredicto en el juicio. Del contrario, se estará enseñando el camino a quien quiera apartar del cargo a la sexta autoridad del Estado, una figura a la que ni siquiera el Gobierno puede destituir, según el Estatuto de la carrera. Lo que ya sabemos es que nadie en el Supremo se ha planteado dimitir porque ese tribunal nunca rinde cuenta de sus errores. Tampoco sus jueces. ¿Ha dimitido alguno de ellos por los constantes varapalos de Europa a sus sentencias? ¿Alguien dimitió, por ejemplo, tras la derogación de la doctrina Parot? ¿Dimitirá alguien si este caso llega a Europa y se sentencia allí la injusticia? Y si el fiscal general acaba absuelto, ¿cómo reparar el daño? Hoy toda la presión de los medios exige la dimisión del fiscal general. Son los mismos que jamás exigirán la dimisión de Ayuso, haga lo que haga, pase lo que pase. Hurtado es el mismo juez que argumentaba que responsabilizar a la dirección del PP de la trama Gürtel era un “salto al vacío”. Exactamente el mismo juez, el único de los que vieron la causa, que se opuso a la condena del partido por aquel caso de corrupción. El único que intentó evitar que M. Rajoy fuera citado como testigo a declarar. Esa fue probablemente la razón por la que después fue promocionado al Tribunal Supremo, con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ con el mandato caducado. Toda la instrucción contra el fiscal general de Hurtado ha sido un disparate. El tipo de investigación prospectiva que, lamentablemente, hemos visto ya con el juez Peinado. Sin prueba alguna, solo con suposiciones tan vagas, y pese a las evidencias que lo exculpan ¿se atreverá después el Supremo a condenar al fiscal general? Me parece imposible. Pero en la justicia española, lo imposible ya ocurre a diario. Ahora es costumbre. Pronto será jurisprudencia.