Lo que empezó como un grupo de WhatsApp contra las reformas judiciales del Gobierno se ha convertido en un plan concreto de movilizaciones que ha descolocado al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha obligado a las asociaciones judiciales y fiscales de derechas a subirse al carro. Se autodenominan Unión de Fiscales y Jueces y se definen como "unión espontánea de jueces y fiscales ante las iniciativas legislativas para las reformas en las carreras judicial y fiscal y del EOMF" (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). El pasado 28 de mayo dieron a conocer su "manifiesto de huelga" trufado con el catastrofismo sistémico clásico de la derecha judicial. Cualquier reforma del Gobierno de Sánchez es contraria a la "independencia judicial y la separación de poderes", así como "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución". El miércoles, estos jueces y fiscales, con el apoyo de las asociaciones conservadoras de ambas carreras, tienen convocada su primera protesta, un paro. Ese mismo día, los miembros del grupo de WhatsApp decidirán si van a la huelga. La reforma del sistema de acceso a ambos cuerpos está en el centro de la reivindicación, pero algunas de sus quejas no casan con el texto de la futura ley ni con las intenciones que asegura tener el Gobierno para impulsarla. La movilización llega, además, el día en el que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado la mayor convocatoria de plazas de la historia para este año –480 plazas–, que se repetirá en 2026 y 2027. El comité de huelga ya está formado y el preaviso redactado. Estas son sus principales quejas.La reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal busca, según el Gobierno, democratizar el acceso a la carrera judicial y garantizar que los aspirantes con menos recursos puedan acceder en condiciones de igualdad con el resto a ambos cuerpos. Para ello, la reforma establece dos medidas de calado. La primera es la elevación de las becas a opositores hasta el salario mínimo interprofesional –lo que supone duplicar las actuales– y dar una una función al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) del Ministerio de Justicia, que se encarga desde hace décadas de la formación de los fiscales, abogados del Estado, letrados de la administración de justicia y otros funcionarios relacionados con juzgados y tribunales. Con la modificación, además, se convertirá en el primer centro público de preparación de oposiciones a juez y fiscal.Los promotores de la huelga parecen estar en contra de que se dupliquen las becas para opositar, ya que exigen la retirada de la reforma. Las nuevas funciones del CEJ creen que, en realidad, son un subterfugio del Gobierno para introducir jueces y fiscales afines. Se trata de una afirmación falsa. En primer lugar, porque, según explican desde el Ejecutivo, el centro, que va a abrir delegaciones en varias comunidades, no va a tener un cuerpo de preparadores propio, sino que simplemente va a ofrecer sus instalaciones a los jueces y fiscales que compatibilicen su trabajo con el de preparar opositores. Será cada preparador el que decida si quiere o no hacer uso de él. Se trata de acabar con situaciones anómalas instaladas durante décadas, como ir a recitar los temas a casa del preparador para luego pagarle en efectivo, con el consiguiente riesgo de ingresos no declarados. En el Gobierno consideran que esas prácticas no son las más adecuadas para acceder a dos cuerpos tan importantes, pero lo dejan en manos del juez o fiscal preparador y el opositor, para los que el CEJ es una opción, no una obligación. Y los tribunales que evalúen a los postulantes tendrán la misma composición que actualmente.La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía cambia la oposición al sustituir uno de los dos exámenes orales que había hasta ahora por una prueba escrita de tipo práctico: la redacción de un dictamen. Se trata de una evaluación que ya existía hace unos años y que tiene por objeto analizar su capacidad de interpretación de normas jurídicas y valorar destrezas como "la lógica deductiva, la capacidad de argumentación, la interrelación de conceptos, la contextualización e integración de la norma jurídica en un supuesto concreto y la transversalidad en la aplicación del conocimiento teórico", según la exposición de motivos del proyecto de ley. Sin embargo, los jueces y fiscales huelguistas consideran que esa nueva prueba rebaja "los sistemas de exigencia y preparación, a diferencia de otras profesiones jurídicas".Expertos universitarios, magistrados muy reputados y el propio Consejo General del Poder Judicial han puesto en duda en los últimos años la idoneidad de la oposición puramente memorística. El órgano de gobierno de los jueces ya abogó en 2011 por la "racionalización del temario" para evitar la memorización sin sentido. "Las bases de datos han hecho obsoleto el requisito de poseer un conocimiento exhaustivo de un ordenamiento jurídico complejo y cambiante", apreció en un informe. El magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés, afirmó en 2023 en un artículo que "lo único que ciertamente propicia el actual sistema es la ejercitación de la memoria", pero no a apreciar los hechos, interpretar las leyes o motivar resoluciones. Al contrario que los promotores de las protestas, desde el Ejecutivo explican que la oposición memorística, tal y como se hace hasta ahora, no solo se va a mantener, sino que se va a endurecer, al tener que demostrar habilidades que van más allá de recitar textos. Esas mismas fuentes recuerdan que, al contrario de lo que sostiene el manifiesto de huelga, las pruebas escritas existen ya en el resto de oposiciones a altos cuerpos funcionariales del Estado. Respecto a la "evaluación subjetiva" de la que hablan los jueces y fiscales del movimiento antirreforma, en el Gobierno recuerdan que la norma garantiza que la prueba escrita sea anónima, de tal manera que el corrector desconoce al autor. También se introducen garantías para el examen oral, como su grabación, lo que añade un criterio objetivo para revisar cada exposición, algo que hoy en día no existe.Se trata de otro subterfugio del Gobierno para introducir jueces afines, según el escrito reivindicativo. La reforma contiene dos procesos extraordinarios de regularización –uno para jueces sustitutos y magistrados suplentes, y otro para fiscales sustitutos– por el que podrán acceder a los respectivos cuerpos mediante un concurso-oposición, es decir, la elaboración de un dictamen jurídico eliminatorio y la posterior valoración de sus méritos. Se trata del mismo sistema de entrada que el existente desde 1985 para juristas de reconocido prestigio, solo que, en estos procesos excepcionales, la experiencia mínima requerida no es de 10 años, sino de cinco. Por lo demás, los criterios son los mismos: el expediente académico; los años de ejercicio como abogados, procuradores o graduados sociales; el servicio como catedráticos o profesores de disciplinas jurídicas; publicaciones, cursos de especialización, ponencias en congresos, haber aprobado alguna de las pruebas de acceso a esos cuerpos... La calidad de los seleccionados también la garantiza la composición del tribunal, presidido por un magistrado del Supremo, TSJ o un fiscal de Sala o fiscal superior, dos magistrados, dos fiscales, un catedrático, un abogado del Estado, un abogado con más de 10 años de ejercicio profesional y un letrado de la administración de justicia.Afirmar que la regularización de un juez sustituto supone un riesgo de injerencia del Ejecutivo no se corresponde con la realidad. Los 954 jueces sustitutos y magistrados suplentes que hay en España (el 80%, mujeres) que cubren las bajas, enfermedades y permisos de los jueces de carrera, son seleccionados por los tribunales superiores de justicia de las comunidades en las que se encuentra el órgano judicial a cubrir. Y 15 de los 17 existentes están presididos por magistrados conservadores. Después son nombrados por el CGPJ, por lo que la intervención del Gobierno, en realidad, no existe. En algunas comunidades autónomas, como Cataluña, se han convertido prácticamente en estructurales, así que se trata de personas que, sin haber accedido por los cauces ordinarios, redactan cientos de sentencias cada día de la misma forma que los compañeros a los que sustituyen. Se trata de una reforma clave ahora que los fiscales van a asumir la instrucción de los delitos. Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal para reducir su percepción de dependencia del Gobierno. Es una de las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa señala como "incumplida" en cada ronda de evaluación sobre la Justicia española. En concreto, los requerimientos son dos: desvincular el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que lo nombró e impedir que el Ejecutivo pueda darle ningún tipo de orden, algo posible con la regulación actual (en la que el fiscal general incluso puede ser llamado a informar al Consejo de Ministros), y obligar a que todas las comunicaciones entre ambas instituciones se produzcan por escrito para fortalecer la transparencia. El mandato del Greco es, precisamente, lo que establece la reforma, que además es una reivindicación histórica de los fiscales (junto con la asunción de la investigación criminal). El mandato del fiscal general durará cinco años, con lo que cada Gobierno tendrá que heredar al nombrado por el Ejecutivo anterior y sus comunicaciones quedan blindadas y abiertas a todos. La modificación del estatuto que regula la Fiscalía introduce, además, limitaciones importantes a la discrecionalidad de su máximo responsable. Como la posibilidad de que la Junta de Fiscales de Sala, su principal órgano asesor, le obligue a cambiar de criterio en un asunto por mayoría de tres quintos. La Fiscalía también gana autonomía en las facultades de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Mientras que ahora la última palabra corresponde al Gobierno previa propuesta del fiscal general, la futura normativa deja esas cuestiones directamente en manos del máximo jefe del Ministerio Público. Pese a que, con la reforma todo queda en Fiscalía, sin que el Ministerio de Justicia pueda intervenir de ninguna manera, los fiscales y jueces de este grupo de WhatsApp interpretan la novedad como un refuerzo de la figura del fiscal general y no de la institución, como mantiene el Gobierno.