El líder del PP rompe cualquier institucionalidad con el Gobierno después de los avisos de Abascal y afronta la cuenta atrás a su congreso con una estrategia de guerra total a Pedro SánchezBarones del PP usan la conferencia de presidentes para pedir en bloque un adelanto electoral y Sánchez replica que serán en 2027 En mitad del debate parlamentario que sucedió a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el apagón, Santiago Abascal le mandó un mensaje a Alberto Núñez Feijóo desde la tribuna de oradores que, en ese momento, pasó algo desapercibido. “Tengo el deber de advertírselo: o cambia radicalmente, o va a conseguir que Sánchez gane las próximas elecciones”. Era 7 de mayo y los presupuestos de las cinco comunidades gobernadas en minoría por el PP estaban en el aire por el enredo en las negociaciones con Vox. Ha pasado justo un mes y, casualidad o no, tras la advertencia de Abascal los populares han cerrado en tiempo récord un pacto para las cuentas de Murcia y Baleares y ha culminado su aprobación en Valencia. Una alianza que coincide, además, con la ofensiva sin cuartel al Gobierno, en fondo y forma, de un Feijóo que en la última semana se ha dirigido al presidente como “el capo de una mafia”, que ha vuelto a alentar la conspiración del fraude en el voto por correo en las generales y que ha dado alas al boicot de sus barones a la Conferencia de Presidentes. En realidad, el rumbo emprendido por la calle Génova supone el enésimo volantazo de la derecha en su tormentosa relación de competencia y dependencia simultáneas con la ultraderecha. Fue Feijóo el líder popular que auspició en su día los primeros pactos de gobierno que otorgaron a Vox poder institucional. Y también el que aseguró, hace justo un año, que Abascal había “descarrilado” por imponer la ruptura de las coaliciones en Extremadura, Castilla y León, Valencia, Aragón y Murcia y el fin del pacto de gobernabilidad en Baleares. Aquello ocurrió en julio de 2024, después de que el PP llegase a un acuerdo con el Gobierno para repartir la atención de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. Y fue interpretado como la ocasión perfecta para que el centro-derecha rompiese amarras de una vez con Vox y desplegase una estrategia de oposición diferente. Una ilusión óptica que ha tardado en desmoronarse menos de un año, con la renovación de votos que implica la alianza renovada en los territorios. Cesiones a Vox a cambio de Presupuestos El último de ellos, anunciado esta misma semana, ha sido Murcia, donde PP y Vox han tardado solo 24 horas tras la reunión entre el presidente Fernando López Miras y su interlocutor ultra, José Ángel Antelo, en firmar el documento donde se plasman las 20 líneas maestras que van a dirigir las cuentas de la comunidad en los próximos meses. Los populares se han plegado a todas y cada una de las exigencias esgrimidas por la extrema derecha en las últimas semanas. Entre ellas, el cierre definitivo, que tendrá lugar después del verano, del centro de acogida de menores de Santa Cruz. El acuerdo alcanzado por ambas formaciones en Murcia implica no solo asumir el discurso xenófobo de la extrema derecha y rechazar el reparto de migrantes propuesto por el Ejecutivo central, sino también su rechazo a las políticas verdes europeas, el impulso a una nueva reforma del Mar Menor que previsiblemente contendrá las demandas de Vox a la medida del sector primario murciano, y la voluntad firme de retirar las subvenciones públicas a sindicatos y patronales con la modificación de la ley de Participación Institucional. Hace una semana, la escena fue calcada en Baleares. El Govern balear del PP se plegó a las exigencias que imponía Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Marga Prohens se compromete, por ejemplo, a derogar la ley de memoria democrática, a reformar la ley de educación para imponer el castellano en detrimento del balear en la enseñanza y que prevalezca “el conocimiento del español en el sistema educativo”. Además, se implantará la agenda ultra de Vox en materia migratoria, denegando la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas. Y como ya ocurrió en 2023, el fuego lo abrió Carlos Mazón, acorralado dentro y fuera de su propio partido y que encontró en la cesión a la extrema derecha la vía de escape emprendida en su huida hacia adelante. La semana pasada, les Corts aprobaron con los votos de PP y Vox unas cuentas que siguen punto por punto el ideario ultra: recortes en partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género, a los sindicatos, a la patronal, a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, partidas para realizar pruebas periciales a los menores migrantes y para repatriarlos, o para fomentar la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes. Y, por supuesto, la eliminación de cualquier referencia al cambio climático, a la perspectiva de género, o la memoria democrática en favor de la Ley de Concordia. Abascal exige, Feijóo le sigue En ese pleno en el Congreso en el que el líder de Vox lanzó una advertencia expresa a Alberto Núñez Feijóo, Abascal llegó a concretar la hoja de ruta que le exigía al jefe de la oposición. «No sé qué más necesitan para no llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista (…). Por la seguridad de España y por la defensa de España, el único camino es colaborar todo lo necesario para poner a Sánchez sentado en el banquillo con sus familiares, colaboradores y cómplices». El hombre que dejó atrás sus mayorías absolutas en la Xunta de Galicia y aterrizó en la política nacional “para ganarle a Sánchez, no para insultarle”, ha seguido a pies juntillas esas recomendaciones del líder de Vox. En lo discursivo, Feijóo se ha empleado en un tono poco reconocible para un político que siempre ha vendido un perfil de moderado. “Sánchez es el capo de la mafia”, le dijo el pasado fin de semana. Y ha flirteado incluso con la ruptura de cualquier tipo de institucionalidad al animar al boicot de la Conferencia de presidente o al sembrar dudas de nuevo sobre el voto por correo. “El PSOE está devorado por la degradación moral, por la degradación institucional y la degradación ética. Esta situación no se puede prolongar más, España no es un vertedero televisivo cutre y sórdido. Y yo no voy a limitarme a ser un comentarista de la degradación moral e institucional que vive España. Yo vengo aquí a ofrecer un proyecto alternativo y un proyecto diferente”, dijo esta semana. Por el momento, las próximas metas volantes de ese proyecto son una manifestación, este domingo, y un congreso del PP en julio en el que Feijóo promete “un rearme moral” que en ningún caso implica, claro, un portazo a la ultraderecha.