La oposición al Gobierno de Juanma Moreno se ha levantado contra las últimas decisiones respecto a la investigación de los contratos del SAS. Porque la Junta ha decidido retirar competencias a la Intervención del SAS y cambiar la fórmula por la cual se revisan los contratos sanitarios. Y no es baladí. No solo es la consejería más grande y más fiscalizada, sino también la que se encuentra inmersa en un lío judicial.Fue la propia Intervención del SAS la que realizó los informes sobre presuntas adjudicaciones a dedo a través de troceamientos de los contratos. Ahora, será un órgano dentro de la Consejería de Hacienda, y no dentro de la de Salud, la que realice el control financiero permanente, según ha adelantado el periódico El País. Además, por la consejería que dirige la portavoz, Carolina España, pasará el proceso sobre la información a mandar a los juzgados de Sevilla y de Cádiz sobre presuntas irregularidades.Carolina España, portavoz y consejera de Hacienda.El cambio se produce meses después de un relevo en la cúpula de la Intervención General. Una de las primeras decisiones de Miguel Ángel Figueroa Teva fue cambiar a varios jefes interventores. Fuentes advierten al citado medio que desde que llegó Figueroa, todo funciona peor en la fiscalización. Y eso iría en consonancia con una presunta estrategia, que denuncia la oposición de PSOE, Por Andalucía y Adelante, de dificultar la labor de autovigilancia de la Junta.De hecho, de no haber sido tan demoledores esos informes propios, salidos de la propia Junta, hoy no habría caso con los contratos menores troceados. Sin esos informes, la causa no podría, seguramente, sustentarse. En la práctica, fueron contratos que a menudo acababan agilizándose en detrimento de otros criterios como la publicidad y la libre concurrencia de ofertas en las ocho centrales provinciales de compra del SAS. En el día a día se funcionó con contratos menores para prácticas que, a menudo, podrían haberse tramitado con un expediente con mayores garantías, venían a decir esos informes de la Intervención."No quieren testigos incómodos"El portavoz socialista Mario Jiménez ha dicho que la Junta, con este movimiento, muestra que "no quieren testigos incómodos", y que lo realizado en el seno de la Administración andaluza es una "purga del cuerpo de interventores, que no han cometido otro pecado que denunciar los desmanes que la Consejería de Hacienda y la gestión de los fondos públicos, especialmente en el SAS, se están llevando a cabo por parte de este Gobierno".Asimismo, Jiménez, en rueda de prensa, ponía sobre la mesa el otro gran asunto, adelantado por eldiario.es, que señala que el presidente de la Cámara de Cuentas ha cambiado el reglamento interno para la fiscalización que realiza este organismo. El presidente es Manuel Alejandro Cardenete, que fue consejero de Educación tras el fallecimiento de Javier Imbroda y que en esta legislatura pasó, a propuesta del Parlamento, a dirigir el órgano.El exconsejero de la Junta y presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete.El PSOE va a llevar al Parlamento una iniciativa para reprobar la modificación del reglamento interno que frena el estudio de los contratos menores de la Junta. Estos englobarían tanto los del SAS bajo sospecha como los que pudo firmar Cardenete como consejero de Educación o como número dos en Turismo, cuando ésta dependía de Juan Marín."¿Quién puede darle la instrucción al presidente de la Cámara de Cuentas para que haga eso? La respuesta es muy sencilla, Moreno Bonilla. Esa instrucción seguro que la dio el presidente de la Junta de Andalucía. Le dijo que echara una manta de silencio sobre la gestión del SAS", ha dicho Jiménez.Este jueves, el Parlamento acoge un debate general sobre política andaluza, promovido por Juanma Moreno, y que cambiará el habitual turno de preguntas de los portavoces de la oposición al presidente en la segunda jornada de Parlamento. Moreno dará un discurso con el que, en la práctica, cerrará el curso político. Una modalidad muy similar al debate sobre el estado de la comunidad, que ya se celebró en diciembre. Esta vez, con la sospecha de la oposición no sólo sobre la gestión de la Junta. Sino también sobre su transparencia.