¿Tienen derecho los ciudadanos a conocer la fórmula matemática que determina si pueden recibir o no una ayuda pública? Si el Estado decide delegar a un algoritmo la concesión de prestaciones, ¿qué información debe aportar sobre el funcionamiento de esa herramienta? Estos son los debates de fondo que subyacen al caso Bosco, en referencia al algoritmo que se encarga de seleccionar los perfiles que reúnen los requisitos para obtener el bono social, una ayuda para pagar la luz. Seguir leyendo