La opción política que han elegido los socios de Pedro Sánchez es dejar de ser los apoyos parlamentarios necesarios de su Gobierno para convertirse en encubridores activos de la corrupción socialista. Uno tras otro, los portavoces de Sumar, ERC, Bildu y demás piezas del engranaje sanchista desfilaron ayer por la tribuna del Congreso de los Diputados para mostrarse muy indignados con el Ejecutivo y, a la vez, muy complacientes con Pedro Sánchez. Fue un espectáculo de impostura ética ver cómo los heraldos de 'la gente', los acusadores de 'la casta', se han convertido en las más puras expresiones de la hipocresía política. Los que se sentaban en las calles el 15-M, los que lanzaban denuestos contra Mariano Rajoy por una cita de refilón a las finanzas del Partido Popular en una sentencia que juzgaba otra cosa, se pusieron al mismo nivel de Pedro Sánchez en la falta de escrúpulos democráticos. Todos, desde Yolanda Díaz a Gabriel Rufián, pasando por los portavoces de Bildu y PNV, se han hecho responsables solidarios del declive moral de la actividad democrática en España. Y lo hacen exclusivamente por el beneficio particular que obtienen por manejar al presidente como un guiñol, porque así es como Sánchez se mantiene en el poder ejecutivo: manejado por otros y diciendo lo que estos quieren que diga. Entre conservar el poder o dar voz a los ciudadanos, los cómplices de Sánchez prefieren lo primero, como si aplazar la responsabilidad política del Gobierno fuera a diluir en el tiempo las consecuencias que esperan a la izquierda en las urnas. Yolanda Díaz y el resto de corresponsables del caso Ábalos se escandalizan mucho, pero consienten todo, e incluso aplauden ese fraude de quince medidas contra la corrupción que ayer se sacó de la manga el líder socialista. De todas ellas, solo una le interesa de verdad: que sea el fiscal, y no un juez de instrucción, el que monopolice la investigación de los delitos. Este es el salvavidas al que aspira engancharse el Gobierno, un cortocircuito en la red de la Justicia penal que salve a Pedro Sánchez, a su familia y a sus más estrechos colaboradores de la acción de los tribunales. Porque esto es lo que Yolanda Díaz y los demás cómplices del Ejecutivo están consintiendo: la ausencia de responsabilidades políticas por acosos sexuales, cohechos, tráficos de influencias o prostitución con dinero público. El control parlamentario que se desarrolló en el Congreso de los Diputados finalmente recayó sobre los antiguos socios de Sánchez, hoy cómplices de la operación antidemocrática del presidente del Gobierno para seguir en el poder. Los ciudadanos sí están haciendo la lista de motivos que reprobaría a cualquier presidente, esa lista que la izquierda desdeña por su presunta superioridad moral, la que le lleva a pensar que sus partidos, por definición, no pueden ser corruptos. Algo así como una versión en su beneficio del derecho penal de autor, de tan infausta memoria. Totalitarismo y corrupción van de la mano, porque la ausencia de controles abona la impunidad del poder. Sánchez avisó: gobierna sin el Parlamento, ataca a los jueces , amenaza a los periodistas y coloniza las instituciones. Es el manual del autoritarismo, al que no le falta la corrupción, de todo tipo y en grado de presunción, en su Gobierno (Ábalos y el fiscal general del Estado), en su partido (Cerdán y Salazar) y en su familia (su esposa y su hermano). Es imposible que la izquierda se sienta incorrupta y, al mismo tiempo, siga apoyando a Sánchez.