Si los portavoces de Vox juntan en la misma frase palabras como inmigrantes, millones y deportación no deberían extrañarse de que estas se interpreten como una propuesta de deportación de millones de inmigrantes . Además, leídas en su conjunto, las declaraciones de la portavoz de Políticas Sociales del partido de Santiago Abascal, Rocío de Meer, eso y no otra cosa es lo que daban a entender. Por otro lado, y teniendo en cuenta que el motivo y la ocasión de tales declaraciones eran la detención de un joven procedente de Mali, por ser el posible autor de la violación de una joven en Alcalá de Henares, el círculo del argumentario populista se cierra de la manera habitual, identificando subliminalmente a inmigrante con delincuente. A la vista de la polémica generada, otros dirigentes de Vox, como el propio Abascal o Pepa Millán, se dedicaron más tarde a reinterpretar a su compañera, atacando a los medios por manipular sus palabras, como haría cualquier cargo socialista en los últimos tiempos. La idea de deportaciones masivas de inmigrantes, tan del gusto trumpista, es absurda e inviable, y da igual que sean ocho millones que ochocientos mil. Más todavía si, en el saco de la deportación, se pretende meter a los que delinquen y a los que no se adaptan; o a segundas generaciones de inmigrantes, ya nacidos en España y por tanto españoles de pleno derecho. Desde cualquier punto de vista es una idea inaceptable. Moralmente, porque entraña un envenenamiento de la sociedad española hacia lo extranjero difícilmente contenible a unos muy determinados sectores de la inmigración. Económicamente, porque esas cifras millonarias dejarían vacíos andamios e invernaderos, parques infantiles sin empleadas de hogar y ancianos sin cuidadores. Puede que Vox, como dice ahora, no sepa cuántos millones de inmigrantes merecen ser expulsados, pero sí conoce la realidad de todas aquellas decenas de miles que posibilitan la vida familiar, económica y social de nuestro país. Y es jurídicamente un callejón sin salida porque los conceptos que maneja Vox, como el de la «adaptación», son difícilmente delimitables en una norma. Ya existen leyes que permitirían una reorientación de la política migratoria, pero no se aplican en sus estrictos términos y no se destinan suficientes medios para darles eficacia. Vox no da puntada sin hilo con sus gruesas palabras sobre la inmigración y lanzó su propuesta después del congreso del Partido Popular, en el que Alberto Núñez Feijóo expuso una directriz muy clara contra la inmigración ilegal. La contribución de Vox a este debate migratorio es tan nula como la del discurso falsamente buenista de la izquierda sobre España como 'nación abierta'. Ambos planteamientos se realimentan en su propio fracaso para resolver el problema de fondo, pero sirven a unos y otros para reagrupar a sus electores en torno a mensajes simples. El debate de la inmigración ha de reconducirse al principio de legalidad nacional y europea, al respeto a las fronteras y a la soberanía nacional y al derecho de España, como el de cualquier otro Estado, a decidir quién entra en su territorio conforme a sus intereses nacionales. En este marco conceptual, europeo y democrático, son irrenunciables la solidaridad, el humanitarismo y el derecho de asilo, porque hay situaciones que no tienen discusión, como la de rescatar, como sea, a cualquier ser humano que corra peligro en alta mar, traerlo a tierra, asistirlo y, eso sí, devolverlo a su país de origen. Las clases políticas que niegan la realidad condenan a sus ciudadanos a secundar el populismo. Entre la indolencia del PSOE y el extremismo de Vox hay un terreno intermedio formado por ideas sensatas y realistas. Por ejemplo, la de que las fronteras deben ser respetadas. No existe ningún derecho a violentarlas y sí la obligación de protegerlas. Por otro lado, la democracia se apoya en sociedades homogéneas en el respeto a los valores cívicos y eso solo se consigue propiciando una inmigración culturalmente asimilable a la nuestra. La convivencia es un bien preciado y no hay que arriesgarla con decisiones que por experiencia son conflictivas, como sucede con la instalación poco meditada de centros de acogida de menores extranjeros no acompañados . Además, es urgente despojar a las mafias que comercian con seres humanos del beneficio seguro del tráfico de menores, quienes deben ser repatriados, con las máximas garantías de acogida, a sus lugares de origen, porque no son menores no acompañados, sino abandonados a su suerte y de los que deben responsabilizarse sus familias. Y, por supuesto, hay que revisar los procedimientos de otorgamiento de nacionalidad, asegurando que la recibe solo quien la merece y que la conservará mientras la merezca.