La Fiscalía se mantiene firme en la tesis del soborno que cerca judicialmente a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y ni las declaraciones de los investigados ni los documentos aportados a la causa parecen haber movido un milímetro su posición. Así consta en el último escrito remitido al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, en el que la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público afirma que "es muy alta la probabilidad" de que el empresario Alberto González Amador comprase por medio millón la sociedad que se encuentra bajo sospecha "para retribuir un favor recibido". Informe en el que se ha apoyado la instructora de la causa para activar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Con la pieza principal –la del fraude fiscal y la falsedad documental– al filo del juicio, lo que ahora quita el sueño al empresario es la derivada por corrupción en los negocios y administración desleal. Los hechos que sustentan esta pieza separada, y que fueron puestos sobre la mesa por PSOE y Más Madrid –que ejercen la acción popular–, se centran en Masterman & Whitaker, la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por la pareja de Ayuso, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Masterman no siempre se llamó así. Ni estuvo desde su creación en manos de González Amador. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de una empresa dedicada entonces a la cosmética –se llamaba Círculo de Belleza–, se quedó con el 60%. Su hermano, con el 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con el otro 20% restante. Un reparto que se mantuvo hasta septiembre de 2020, cuando Carrasco compró a sus dos socios todas las participaciones, pagando a cada uno 8.000 euros.Pocas semanas después apareció en escena González Amador, quien adquirió la sociedad –cuyo nombre modificaría por el de Masterman & Whitaker– por 499.836 euros. "En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%", recoge la magistrada instructora, Inmaculada Iglesias, en una de sus últimas resoluciones judiciales. Medio millón, en definitiva, por una compañía que aparentemente carecía de valor. No tenía inmuebles a su nombre ni tampoco trabajadores. Su activo material estaba compuesto por un portátil y tres aparatos de depilación. Y en el año previo a su adquisición apenas había facturado 29.745 euros.González Amador y Carrasco se conocen desde hace tiempo. Fundamentalmente, por la relación que une al empresario con el marido de esta farmacéutica de León. Camino es director general de Quirón Prevención, uno de los principales clientes de la pareja de Díaz Ayuso –más de un millón de euros ingresó en total de esta empresa entre 2019 y 2021, ambos ejercicios incluidos–. Y también ha sido consejero de la gallega Mape Asesores, otra firma con la que ha hecho negocio González Amador. En concreto, el empresario percibió 1,973 millones de euros en el año de la pandemia por hacer de intermediario en la venta que FCS Select Products hizo de material de protección sanitaria a la mercantil Mape.Tanto la pareja de Isabel Díaz Ayuso como la farmacéutica intentaron justificar ante la instructora –que se jubilará este verano– el precio pagado por la sociedad bajo sospecha. Sin embargo, el Ministerio Público considera que ambas comparecencias no han "desvirtuado en absoluto" los "indicios de criminalidad" por un delito de corrupción en los negocios. Así consta en un escrito reciente, adelantado por la Cadena Ser y al que ha accedido infoLibre, en el que el fiscal Diego Lucas interesa que se encomiende la investigación de los hechos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, algo que finalmente terminó acordando la magistrada.En su declaración como investigado, el empresario vino a decir que pagó esa cantidad por el "valor que pensaba obtener" de una sociedad "que contaba con un contrato que le iba a permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse después por Latinoamérica". "No obstante, admite que el pago del precio lo hizo sin contar aún con documento alguno, y que el contacto que le iba a permitir la supuesta expansión en Latinoamérica –Wilson Rodríguez e Inteccon Inc.– ya lo tenía él antes de la compra", rebate el fiscal. Y completa: "Esa supuesta consultoría de la que se iba a obtener un rendimiento que compensara el medio millón pagado no se llegó a hacer".Carrasco, sin embargo, declaró que "el valor" de la que era su sociedad "estaba en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio" de los propietarios de farmacias "mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal", consultoría que "ya no desarrollaba desde hacía años". En cuanto a los contratos aportados por la defensa, el fiscal señala que uno de ellos reconoció no haberlo leído y que en otro admitió carecer de "conocimientos" para "prestar el objeto del servicio"."La realidad negocial, por tanto, es diferente de la realidad formal plasmada en los contratos manuscritos", resalta el Ministerio Público. Y continúa: "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas".Por eso, y dada la "complejidad" y el "carácter interprovincial de la trama", apoyó el encargo a la unidad de élite del Instituto Armado para que indague, además, "si el producto de estas actividades –realizadas aparentemente por medio de sobornos– se ha transformado de algún modo, o se ha disimulado de alguna manera para ocultar un ilícito origen", apuntando así hacia un posible blanqueo de capitales.