El Govern ha iniciado los trámites para cambiar la normativa y evitar tener que reclamar dinero a personas vulnerables que hayan cobrado ayudas por error de la administración y sin mala fe. Desde el Ejecutivo quieren impedir que se repitan episodios como el recientemente acaecido en la DGAIA, que está exigiendo el retorno de miles de euros a menores extutelados por unas transferencias que estos cobraron irregularmente. O polémicas como las que sufrieron a finales del año pasado unas 9.500 familias que estaban percibiendo la renda garantida de ciutadania (RGC) y el importe que recibían era superior al que debieren por su situación. A estas personas la Generalitat les reclamó inicialmente 71 millones de euros y acabó amnistiándolas. Seguir leyendo....