Cientos de vecinos de varios barrios populares de Sevilla se manifestaron este martes para exigir soluciones ante los reiterados cortes en el suministro eléctrico que, según denuncian, están afectando derechos básicos como el descanso o el cuidado de personas dependientes. La situación, agravada durante la reciente ola de calor, ha generado una profunda indignación entre los residentes, que acusan a las administraciones públicas de inacción y falta de sensibilidad hacia las zonas más humildes de la ciudad.El colectivo vecinal Barrios Hartos critica la escasa respuesta institucional durante los días más críticos del episodio de altas temperaturas, validado tanto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como por los servicios de emergencias. En especial, apuntan a la alcaldía por pronunciarse públicamente solo cuando las incidencias eléctricas afectan al centro urbano y al tejido comercial, ignorando —según denuncian— las dificultades que padecen desde hace meses los barrios periféricos.[articles:337691]Desde la organización vecinal aseguran haber trasladado repetidamente sus preocupaciones a través de la Mesa de Seguimiento de Cortes de Luz, un espacio que, según indican, ha dejado de ser convocado de forma unilateral. También han instado al gobierno local a dejar de vincular los apagones con factores sociales presentes en las zonas afectadas, argumentando que esta narrativa contribuye a la estigmatización de barrios enteros y desvía el foco de lo que consideran el verdadero origen del problema: el abandono de las infraestructuras eléctricas por parte de la empresa distribuidora.Los vecinos también desmienten informaciones oficiales que apuntaban a la habilitación de Centros Cívicos como refugios climáticos. Aseguran disponer de testimonios de personas que acudieron en busca de refrigeración o para utilizar equipos médicos y se encontraron con las instalaciones cerradas. Denuncian que muchas familias se han visto obligadas a abandonar temporalmente sus hogares debido a la falta de suministro, con electrodomésticos dañados, alimentos estropeados y un impacto directo sobre niños y personas vulnerables. Además, han contabilizado al menos una muerte relacionada con esta situación, así como varios casos documentados de fallos en dispositivos respiratorios.[articles:337802]La plataforma vecinal acusa al Ayuntamiento de alinearse con los intereses de la compañía eléctrica, a la que señalan por obtener grandes beneficios mientras —aseguran— desatiende el mantenimiento en los barrios obreros. También critican la opacidad en torno a una auditoría encargada por la Junta de Andalucía sobre el estado de la red, cuyas conclusiones no se han hecho públicas. A su juicio, las declaraciones institucionales que avalan la versión de la empresa y sus promesas de inversión no cumplidas contribuyen a perpetuar la degradación social y económica de estos barrios.Las reivindicacionesEntre las principales reclamaciones se encuentra la apertura ininterrumpida de los centros públicos municipales en las zonas afectadas, que deben ser habilitados como espacios climatizados y seguros durante los meses de verano e invierno. También se insta a que el Ayuntamiento exija a la Junta de Andalucía la ampliación del horario de atención en los centros de salud de los barrios más perjudicados. Además, se pide la publicación desglosada de las inversiones realizadas por zonas, la apertura de un expediente sancionador a Endesa por los fallos recurrentes en el suministro, y la puesta en marcha de planes estructurales como la construcción de piscinas municipales y el refuerzo del arbolado y las zonas verdes en áreas obreras.Los colectivos han expresado su desacuerdo con la gestión actual del servicio eléctrico, que consideran insuficiente ante una situación que afecta a decenas de miles de vecinos. Reclaman una rectificación pública por parte del consistorio, en la que se reconozca que el origen de los problemas está en la actuación de la compañía eléctrica, y no en una supuesta ineficacia de las inversiones en determinadas zonas. Asimismo, solicitan la publicación completa y anonimizada de la última auditoría realizada por la Junta de Andalucía, con detalles sobre su autoría y condiciones de contratación. Pese a las diferencias ideológicas, afirman que ambas partes deben asumir responsabilidades ante la crisis energética que atraviesa la ciudad.