Los países de África tendrán que frenar el flujo de migrantes hacia la UE si quieren seguir recibiendo fondos de cooperación. Es una de las propuestas de Bruselas para cuadrar el futuro presupuesto plurianual comunitario, borrador que verá la luz en pocos días. Supone también la última medida en el progresivo endurecimiento de la política migratoria, contagiada por el peso creciente de los partidos de extrema derecha en los gobiernos, parlamentos nacionales y las instituciones europeas.La idea se suma a otras propuestas recientes como crear centros de expulsión en terceros países o rebajar la protección de los refugiados en la Convención Europea de los Derechos Humanos, que llevan la impronta del Partido Popular europeo, la familia política de la presidenta de la Comisión y de partidos ultraconservadores como Fratelli d'Italia, la N-VA belga o el lepeniano Rassemblement National.En España, la propuesta de Vox de expulsar a “siete o más de siete, ocho millones de personas que han venido de diferentes orígenes” para ejecutar un proceso de “remigración” con el que “sobrevivir como pueblo” entronca con este clima migratorio del continente. Y con teorías como la del grand remplacement de Renaud Camus, que habla de un plan para sustituir a los franceses blancos católicos y, por extensión, a los cristianos europeos por extranjeros árabes, subsaharianos o asiáticos.Sin embargo, el partido liderado por Santiago Abascal ha ido más allá que las recientes tesis de sus correligionarios europeos. La ultra Marine Le Pen sí hablaba en 2014 de que “el concepto del gran reemplazamiento supone un plan establecido”, pero en su viaje hacia la conquista de la presidencia francesa abandonó estas ideas llegando a decir que “no conoce esa teoría”. Lejos quedan también en los Países Bajos la soflamas del neerlandés Geert Wilders abogando por el cierre de mezquitas y el derribo de minaretes.Le Pen abogaba recientemente en la Asamblea Nacional francesa por la expulsión de los emigrantes irregulares, evitando en todo momento referirse a los descendientes de extranjeros hoy ciudadanos franceses o a los nacionalizados presentes en suelo galo, como sí ha hecho Vox para España. “Estamos totalmente desbordados por la emigración clandestina. Queremos que los clandestinos se vayan a sus casas”, especificaba la política ultra, repitiendo una medida central de su programa electoral.La líder de Rassemblement National ponía el foco en frenar los reagrupamientos familiares que permiten a los hijos e hijas de extranjeros presentes en el país viajar para instalarse junto a ellos. Es otra de las demandas actuales de la extrema derecha europea en materia migratoria. “Es una buena idea falsa. Lo que hace falta es lo contrario, un cierre total”. En ese programa de las presidenciales francesas, su partido recogía como primera medida “acabar con la inmigración descontrolada” con medidas como el fin de los reagrupamientos familiares, el “tratamiento de las medidas de asilo únicamente en el extranjero” –lo que contravendría las normas de la UE– o “suprimir el permiso de residencia a cualquier extranjero que no haya trabajo durante un año”.Medidas similares acaban de dinamitar el Gobierno de coalición de los Países Bajos. Geert Wilders, jefe del Partido de la Libertad y socio mayoritario, exigió la total suspensión del sistema de asilo nacional, incluyendo una pausa en las reunificaciones nacionales o el cierre de los centros de recepción. Propuestas que vulnerarían el Pacto de Asilo y Migración de la UE (también las anteriores normas, conocidas como el Convenio de Dublín) y podrían implicar, de llevarse a cabo, la denuncia del país ante el Tribunal de Justicia de la UE. El cierre de las fronteras a nuevas llegadas es uno de los ejes ideológicos de la actual extrema derecha europea. El húngaro Viktor Orbán, primer ministro de ese país, habló en Bruselas de “la rebelión” durante la última Cumbre Europea. “Hemos discutido cientos de veces cómo cambiar la regulación sobre migración, y no ha pasado, siguen llegando. No ha funcionado”, declaró Orbán al inicio de la reunión, al tiempo que ponía como ejemplo la dura política de su país. “La única forma de frenar la migración es como hacemos los húngaros. Así que lo que sugiero a todos mis colegas es rebelión, rebelión, rebelión. Cada día pagamos un millón de euros para frenar la migración, ese es el precio de la rebelión, pero funciona y es una buena inversión para nuestro futuro”. En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha copiado el cierre fronterizo húngaro continuando la criminalización de las ONGs que rescatan a personas en el Mediterráneo, como hacía Matteo Salvini en el anterior Gobierno, y acelerando las expulsiones de irregulares. Con el beneplácito de Bruselas, y sentando un precedente para la posterior propuesta de la Comisión, Meloni firmó con Albania a cambio de 200 millones de euros un acuerdo para construir centros de expulsión en ese país. Entró en vigor el pasado noviembre y permite que los migrantes interceptados en el mar sean conducidos a Albania. Comparadas con 2022, durante 2024 las llegadas irregulares en Italia bajaron un 60% hasta poco más de 66.000.Pese al ejemplo húngaro y a la mano dura migratoria en países como Polonia (durante la década del gobierno del PiS), Eslovaquia o Chequia, las sociedades europeas son cada vez más diversas, con grandes porcentajes de ciudadanos cuyo origen familiar está en otros países y hoy europeos de pleno derecho.Los últimos datos de la Agencia Estadística Europea muestran que una décima parte de la población de la UE nació fuera del territorio comunitario. En Alemania son 17 millones de personas, en Francia 9,3 millones, en España 8,8 millones y en Italia 6,7 millones, los países con mayor presencia de extranjeros y que aglutinan dos tercios del total de esta población entre los 27, según Eurostat. Además de estos cuatro grandes, en Luxemburgo los inmigrantes no europeos representan la mitad de la población, en Malta un tercio y en Austria, Irlanda, Austria o Suecia ,entre una cuarta y una quinta parte. En 2023, los 27 concedieron algo más de un millón de nacionalidades a extranjeros, siendo sirios y marroquíes los principales beneficiarios con un 10% respectivamente cada grupo. El colectivo sirio es uno de los que Geert Wilders sí quiere expulsar de los Países Bajos.Esta diversidad también es religiosa. El islam, recoge el informe del Observatorio de las Religiones y la Laicidad de la Universidad Libre de Bruselas, “con el impacto de la inmigración se ha convertido en la segunda religión de la UE, después del cristianismo, y la única monoteísta que experimenta un crecimiento en Europa”. Alemania es el país con la mayor población musulmana, cerca de un 10% del total, según las estimaciones del Pew Research Centre, seguida de Francia e Italia. En términos relativos, Chipre y Bulgaria se han convertido en los últimos años en los Estados miembros con la presencia más elevada de musulmanes en su territorio, aunque como explican los investigadores de la principal universidad de Bruselas, “en estos países, el Islam ha estado establecido desde hace siglos, mientras que en Europa occidental la presencia de población musulmana es el resultado de la inmigración del siglo XX”. La arcadia pura e idílica añorada por la extrema derecha y que pretende implantar con sus medidas xenófobas contra el reagrupamiento familiar, a favor de las expulsiones de población migrante hoy ciudadanos de pleno derecho o mediante limites al derecho de asilo y la protección a refugiados está muy lejos del continente étnicamente diverso, secular y multi religioso que es hoy Europa.