Mayo de 2026 ha dejado un dato tan contundente como inquietante: nunca antes este mes había registrado un impacto tan elevado en la mortalidad asociado al calor. No se trata de una anomalía puntual ni de una circunstancia excepcional. Estamos ante la confirmación de una tendencia que la ciencia lleva años advirtiendo y que la realidad se empeña en acelerar: el calor extremo se ha convertido en uno de los principales riesgos para la salud pública en España.Durante décadas hemos asociado las olas de calor al corazón del verano. Sin embargo, los registros actuales muestran que estos episodios llegan cada vez antes, con mayor intensidad y duración. La primavera ya no es garantía de temperaturas moderadas, y esta nueva realidad encuentra a muchas infraestructuras, instituciones y ciudadanos insuficientemente preparados.Las consecuencias son evidentes. Personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, menores de edad y colectivos vulnerables sufren de manera desproporcionada los efectos de las altas temperaturas. Detrás de las cifras de mortalidad hay miles de situaciones de deshidratación, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como un deterioro general de la calidad de vida. Cada grado adicional tiene una traducción directa en términos de salud y, en demasiadas ocasiones, de vidas perdidas.La activación del Plan Calor constituye una respuesta necesaria, pero no suficiente. La prevención y la coordinación institucional son herramientas fundamentales, aunque resultan insuficientes si no van acompañadas de una transformación profunda de nuestras infraestructuras. La climatización de colegios, residencias y centros sanitarios no puede seguir considerándose una cuestión de comodidad; es una medida de protección sanitaria. Del mismo modo, garantizar espacios públicos adaptados a temperaturas extremas debe formar parte de las políticas esenciales de bienestar colectivo.escuela de saludLas adicciones, uno de los grandes desafíos de salud pública del presente y del futuro Joan Carles MarchExiste además una dimensión social que con frecuencia pasa desapercibida. El calor no afecta a todos por igual. Quienes viven en viviendas mal acondicionadas, carecen de acceso a sistemas de refrigeración o residen en barrios con escasas zonas verdes soportan una carga mucho mayor. La emergencia climática es también una cuestión de desigualdad. Allí donde faltan recursos, el riesgo aumenta.Por ello, el debate sobre la adaptación climática no puede reducirse a respuestas de emergencia cada vez que llega una ola de calor. Es imprescindible adoptar una visión estratégica de largo plazo. La integración estable de la evidencia científica en las políticas públicas, el desarrollo de ciudades más resilientes y la inversión en soluciones basadas en la naturaleza deben convertirse en prioridades nacionales.La naturaleza, de hecho, ofrece algunas de las herramientas más eficaces para combatir el aumento de las temperaturas. Más árboles en las ciudades, menos superficies impermeabilizadas, restauración de ecosistemas y una agricultura adaptada a escenarios de sequía contribuyen a reducir el estrés térmico y sus consecuencias sanitarias. No son medidas accesorias; son inversiones en salud, seguridad y calidad de vida.La realidad es que hemos entrado en un nuevo ciclo climático. La pregunta ya no es si volverán a producirse episodios de calor extremo, sino con qué frecuencia y qué capacidad tendremos para proteger a la población. Cada verano que pasa confirma que el cambio climático no es un problema futuro. Está aquí, condicionando nuestras ciudades, nuestra economía y nuestra salud.Frente a esta situación, la prevención debe dejar de ser una recomendación para convertirse en una auténtica política de Estado. Porque cuando el calor se cobra vidas de forma previsible, actuar no es una opción ideológica ni una cuestión de oportunidad política: es una obligación ética y sanitaria. Ignorar esta realidad tendría un coste demasiado alto, medido no solo en estadísticas, sino en vidas humanas.