El comienzo de las declaraciones judiciales de las 43 personas investigadas en la causa conocida como caso Mascarillas ha sumado un nuevo enfrentamiento político en Andalucía. El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha reclamado explicaciones "urgentes" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por lo que considera "cinco años de silencio" ante una investigación que analiza el presunto cobro de comisiones mediante contratos de obra y servicio de la Diputación Provincial de Almería.Según ha trasladado el PSOE-A, Ayala ha advertido de la gravedad de la investigación judicial y ha rechazado que se trate de hechos aislados. El dirigente socialista ha sostenido que "no hablamos de una trama aislada" y ha vinculado el caso a "una presunta estructura vinculada al PP que utilizó la institución como instrumento para obtener 'mordidas'".El responsable socialista también ha cuestionado la permanencia en cargos públicos de personas señaladas en la causa y ha criticado la gestión política realizada hasta ahora. En su opinión, la comisión de investigación impulsada en el ámbito local acabó convirtiéndose en un "paripé para tapar responsabilidades políticas".Ante la imposibilidad de impulsar nuevas investigaciones parlamentarias en estos momentos, Ayala ha anunciado que el PSOE volverá a registrar solicitudes de comisión de investigación tanto en la Diputación de Almería como en el Parlamento andaluz. A su juicio, "lo esencial ya no es saber cómo se contrató, sino quién se benefició y quién lo permitió".El dirigente socialista ha insistido en que el avance de las diligencias judiciales mantiene abiertas numerosas incógnitas sobre el funcionamiento de la supuesta trama. En este sentido, ha señalado que existen "demasiadas preguntas en el aire que los almerienses merecen conocer" y ha reclamado aclarar "quién daba las órdenes, quién pedía las comisiones y quién se llevó el dinero procedente de los sobrecostes".Ex altos cargos investigados optan por no declarar ante el juezAyala también ha considerado prioritario determinar el posible impacto económico de los hechos investigados sobre las arcas públicas. Según ha manifestado, resulta "urgente aclarar cuánto dinero ha costado esto al bolsillo público" y conocer desde cuándo tenía conocimiento el PP de una forma de operar que, según las pesquisas, podría remontarse al año 2016.Del mismo modo, el secretario de Organización del PSOE de Almería ha dirigido sus críticas hacia Vox a pocos días de la constitución del Parlamento andaluz. El dirigente ha planteado si la formación liderada por Santiago Abascal impondrá "condiciones firmes" respecto a esta presunta trama de corrupción o si, por el contrario, optará por "mirar para otro lado", en referencia a su salida de la acusación popular en 2023.Mientras tanto, la investigación judicial ha celebrado su primera jornada de declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Entre los citados figuraban los exvicepresidentes de la Diputación de Almería Óscar Liria y Fernando Giménez, ambos incluidos entre los 43 investigados por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones supuestamente irregulares.Fernando Giménez no llegó a prestar declaración después de que el juez suspendiera su comparecencia a petición de su abogado, quien alegó encontrarse enfermo. Por su parte, Óscar Liria se acogió a su derecho a no declarar. El exvicepresidente tercero de la Diputación y antiguo diputado provincial de Fomento está considerado una figura clave dentro de una investigación que se inició tras su detención en 2021 y que posteriormente se amplió con nuevas actuaciones, entre ellas la detención de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del PP almeriense, junto a otras siete personas.La causa continúa avanzando a la espera de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) derivados del análisis de teléfonos móviles intervenidos y de la documentación obtenida en los registros practicados durante el pasado mes de noviembre. En la misma jornada también declaró la pareja de Liria, investigada como presunta beneficiaria a título lucrativo de bienes supuestamente adquiridos con fondos procedentes de la trama. Su abogado defendió que la “trazabilidad económica” de la compra de un dúplex en Huércal-Overa ha quedado “acreditada” y aseguró que no existe “ningún pago extraño ni a ningún tipo de cuantía económica” relacionado con el exvicepresidente, por lo que solicitó el sobreseimiento de la causa al entender que no existe “responsabilidad ninguna”.