La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla de 2025 vino a confirmar que el gobierno de José Luis Sanz había incumplido las normas financieras que el Gobierno de España tiene establecidas para controlar a las administraciones locales. Se trata de una ley del año 2013, aprobada por el entonces ministro Montoro en un escenario de crisis económica, que el Ejecutivo socialista ha mantenido estos años y que, por lo tanto, ha estado más tiempo en vigor con la exvicepresidenta Montero. Este precepto obliga a los ayuntamiento a cumplir unos parámetros en sus cuentas que, en el caso de la regla de gasto y de la estabilidad financiera , fueron sobrepasados por el Consistorio hispalense este pasado ejercicio. «No es que falte dinero, ni que hayamos gastado lo que no tenemos, sino que hemos invertido más de lo que nos dejan», explicó el edil de Hacienda, el popular Juan Bueno. Entrando en el detalle, lo que ocurrió fue que se superó la regla de gasto en 85,6 millones de euros y se produjo un incumplimiento de 25,1 millones de euros en la estabilidad presupuestaria. Ambos escenarios, según la ley, son los que obligan al gobierno de José Luis Sanz a aprobar un plan económico y financiero para los dos próximos ejercicios (2026 y 2027) por medio del que se comprometen a regularizar esta situación. O lo que es lo mismo, un plan de ajuste que según los populares se consigue «sin reducir el gasto, sin que corran peligro las inversiones o los servicios públicos y sin que nos veamos en la obligación de subir los impuestos». De hecho, como ya adelantó ABC de Sevilla, la intención es seguir reduciendo la presión fiscal a los sevillanos en el año 2027, a través de otra rebaja más del 1 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que supondrá un ahorro cercano a los 1,76 millones de euros para el bolsillo de los contribuyentes. Los técnicos de la Delegación de Hacienda realizaron casi en tiempo récord el plan de ajuste del Ayuntamiento de Sevilla, que el propio Juan Bueno se encargó de presentar y explicar a los grupos de la oposición para conseguir su apoyo. El documento basaba sus medidas en la aprobación de la tasa de basura, la mejora de los problemas detectados con la gestión burocrática de los impuestos y poco más, porque «seguimos teniendo músculo financiero» , dijo el delegado. Pero la propuesta se topó con un revés inesperado, que fue que ningún grupo de la oposición decidió apoyarla y el gobierno de José Luis Sanz retiró el punto antes de que se votara. El PSOE y Con Podemos-IU no se movieron del no y Vox, que en otras cosas ha dado su apoyo al alcalde, se salió de la ecuación ante la negativa de los populares a aprobar la moción presentada por los de Abascal para aplicar la «prioridad nacional» dentro de los servicios municipales. Pero el tiempo apremia y, tras el parón sufrido en el Pleno, en Hacienda han seguido trabajando en reajustar el plan económico y financiero para lograr el apoyo de alguno de los grupos. Estos días, los técnicos han concluido ese nuevo plan de ajuste, al que le apremia la tiranía del calendario. Y es que, tal y como indican las normas estatales, el mismo debe quedar aprobado antes del 29 de junio para que ya pueda entrar en vigor oficialmente no más tarde del 29 de julio. Y en eso se andaba trabajando a pleno rendimiento en el gobierno de José Luis Sanz hasta que el pasado miércoles surgió una vía inesperada que lo deja todo en el aire. Ese día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba un Real Decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, en uno de sus puntos, exime a las administraciones locales de aprobar el plan de ajuste, a pesar de haber incumplido la regla de gasto o esa estabilidad presupuestaria, siempre que se dieran una serie de condiciones. Principalmente, la norma de última hora planteada por el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, plantea un escenario completamente distinto para ayuntamientos como el de Sevilla que se encuentran en esta situación, así como varias diputaciones provinciales. A ambos se les va a permitir esa vía alternativa, pero sólo en los casos de que los incumplimientos no sean más elevados que una determinada cantidad y unos porcentajes concretos. En esos casos, sería posible seguir adelante sin tener la obligación de dar luz verde al plan económico y financiero. El decreto ha pillado por sorpresa al Ayuntamiento hispalense, entre otras cosas porque nadie del Gobierno ha informado de que estaban trabajando en este planteamiento. Es más, en ese caso a lo mejor los tiempos hubieran sido otros. Pero lo cierto es que los técnicos municipales se encuentran estos días analizando el documento en profundidad para ver si se dan las circunstancias que en él se indican. Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que existe un cierto optimismo en la Delegación de Hacienda en cuanto a que el beneficio de este decreto afecte al caso concreto del Consistorio de Sevilla, que tiene a su favor otros aspectos como que «el remanente de tesorería para los gastos generales, que supone la liquidez a corto plazo, asciende a 72,3 millones de euros»; que «la deuda viva apenas alcanza el 9,3%, cuando según la Ley se puede llegar hasta el 75%»; y que otro ítem como el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 27,3 días, «muy por debajo del límite». Pero hasta que no se culmine en profundidad el análisis de toda esa letra pequeña del Real Decreto no habrá una decisión definitiva. Al margen, hay que tener en cuenta que esta norma debe ser elevada en 30 días al Congreso para que sea ratificada o, si no logra los apoyos, derogada. Y es evidente que la relación del Gobierno de Sánchez con sus socios no pasa su mejor momento.