La reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico permitiría poner fin a casi dos décadas de control estatal exclusivo. Imagen: Dmitriy en PixabayLa Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso para rehabilitar la infraestructura eléctrica del país, deteriorada por la falta de repuestos y severas limitaciones financieras.A través de una reforma legal, el parlamento busca atraer inversión privada y modelos de capital mixto para intentar estabilizar un servicio marcado por apagones crónicos que afectan la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.El proyecto aprobado contempla una reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, la cual permitiría poner fin a casi dos décadas de control estatal exclusivo.Los cambios propuestos permiten la creación de empresas mixtas, donde el Estado mantendría una participación mayoritaria del 50 %, y la entrada directa de empresas privadas en áreas críticas como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.Entre los cambios más destacados de la normativa se sabe que las operaciones privadas estarían sujetas a un régimen riguroso de supervisión pública y corresponsabilidad penal para las operadoras.Además, se plantea un diseño tarifario ajustado a los costos reales que garantice una rentabilidad razonable para los inversores, siempre vinculada a criterios de eficiencia.Por otro lado, la ley obligaría a las empresas a compensar económicamente a los ciudadanos por los daños causados por fallas en el servicio o deficiencias de calidad.El origen de la crisisEl oficialismo reconoció abiertamente las limitaciones estructurales del Sistema Eléctrico Nacional durante la sesión de la Asamblea. El diputado Orlando Miranda señaló que la paralización de diversas plantas termoeléctricas se debe a la imposibilidad de adquirir repuestos esenciales, una situación que el gobierno atribuye directamente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Esta carencia ha forzado una dependencia excesiva de la Central Hidroeléctrica de Guri, lo que vulnera la estabilidad del suministro en todo el territorio, según lo manifestado por el diputado.Frente a una demanda que alcanzó recientemente los 15.570 megavatios (la más alta en nueve años), según la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, el sistema lucha por cubrir un déficit crítico.Mientras la producción se estima en unos 12.000 megavatios (en 2019 era de 20.000 megavatios), el consumo nacional asciende a los 14.000, generando una brecha que se traduce en racionamientos diarios.Para paliar esta situación, el gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, coordina esfuerzos con empresas extranjeras y delegaciones diplomáticas.En abril se anunciaron negociaciones con Siemens y General Electric para recuperar el parque termoeléctrico en el estado Zulia, una de las regiones más golpeadas por la crisis. Así mismo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se ha reunido con autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica para colaborar en la reconstrucción de la red nacional.Este plan de apertura económica, respaldado por la administración estadounidense, busca reactivar el aparato productivo venezolano, el cual no podrá recuperarse plenamente mientras la red eléctrica siga operando al límite de su capacidad.—