El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario, en la provincia de Cádiz, Alfonso Carlos Moscoso, por proponer como jueza de paz a su esposa, que también está afiliada al partido.La decisión llega después de que el Supremo haya admitido a trámite una querella de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación. La investigación recaerá en la magistrada Susana Polo, que será la encargada de instruir las diligencias abiertas contra el regidor y también contra su mujer. El Supremo asume el caso por el aforamiento de Moscoso, una condición vinculada a su cargo como senador. Su esposa no cuenta con esa prerrogativa, pero la Sala considera que los hechos son “inescindibles”, por lo que también queda incluida en el procedimiento.La elección de la jueza de paz en un municipio de 464 habitantesSegún recoge la querella de la Fiscalía, en noviembre de 2022 el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario anunció mediante edicto la elección de juez de paz. Ningún vecino de la localidad, que cuenta con 464 habitantes, manifestó interés en ocupar el cargo.La única solicitud presentada fue la de la esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde octubre de 2007. El 30 de marzo de 2023, el pleno de la corporación aprobó por unanimidad su candidatura y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Alfonso Moscoso, en el Senado- La Sala de Gobierno del TSJA acordó su nombramiento el 4 de julio de ese año. Para que el nombramiento fuera aprobado, la mujer presentó una declaración jurada en la que afirmaba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de jueza de paz, al señalar que su profesión era la de sanitaria.Sin embargo, el Supremo recuerda en su auto, conocido este jueves, que el Reglamento de los jueces de paz y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que los magistrados no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La misma línea, señala la resolución, está recogida en la Constitución.La Fiscalía apunta a los actos públicos del PSOEDurante el tiempo en que ejerció como jueza de paz, la mujer no dejó de asistir a actos públicos del PSOE, según sostiene la Fiscalía. En mayo de 2025 terminó renunciando al cargo. Para el Supremo, los hechos imputados al alcalde, de quien partió la propuesta de nombramiento, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación. La Sala recuerda que este delito castiga “a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”.El Código Penal también castiga a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”. Esa segunda parte sería, de forma indiciaria, la que el Supremo atribuye a la esposa del alcalde.La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a Juan Espadas y otros cargos del PSOE, en su llegada a la Feria del Queso de Villaluenga del Rosario en 2022.- La Sala subraya además la finalidad de los delitos cuya instrucción se ha acordado. Según recoge el auto, van dirigidos a “fortalecer la independencia del Poder Judicial, en todas sus categorías, incluidos los jueces de paz”.El Supremo añade que “desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho, definido por nuestra Carta Magna”. La causa queda ahora en manos de la magistrada instructora, que deberá avanzar en la investigación sobre el nombramiento y la aceptación del cargo.Moscoso habló de “cacería” y anunció acciones legalesHace un año, tras la renuncia de su esposa como jueza de paz, Alfonso Carlos Moscoso defendió públicamente su actuación y se dirigió a sus vecinos en una carta abierta. El alcalde afirmó que hablaba “no solo como alcalde, sino como uno más” y aseguró que el episodio le causaba un gran sufrimiento: “Este sufrimiento solo nace del profundo amor y compromiso que siento por nuestro pueblo”.El regidor sostuvo entonces que quienes le atacaban “no buscan justicia ni mejoras, solo buscan dividir, ensuciar y hacer daño”. También anunció que emprendería acciones judiciales contra quienes, a su juicio, hubieran difamado o dañado su honor, el de su familia y el nombre de Villaluenga del Rosario.El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.- Por su parte, Moscoso ha defendido que el nombramiento fue acordado oficialmente por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 4 de julio de 2023 y publicado mediante edicto el 10 de julio de ese año. Según sostiene, en el procedimiento no constó informe contrario ni objeción alguna sobre posibles incompatibilidades, y el plazo legal de un mes para presentar recursos ante el Consejo General del Poder Judicial transcurrió sin que se registraran impugnaciones.El regidor también subraya que el cargo de juez de paz en un municipio de menos de 500 habitantes como Villaluenga del Rosario es “honorífico y no remunerado”, y que el Ayuntamiento publicó en varias ocasiones la oferta pública sin que ningún vecino se presentara.Según Moscoso, el TSJA advirtió al Consistorio de que, ante la ausencia de juez de paz titular, el municipio podía perder la plaza, por lo que su esposa solicitó el puesto en la última convocatoria “para evitar que la localidad perdiese el Juzgado de Paz”. Añade además que, al conocer por una información publicada en El Español la incompatibilidad del cargo con la afiliación a un partido, presentó su renuncia como jueza de paz titular.