Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: PresidenciaEl Decreto 0581 del 5 de junio de 2026, expedido durante el Gobierno de Gustavo Petro, que reglamentaba la tercerización e intermediación laboral en Colombia, fue tumbado.Ante la discusión, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) considera fundamental que cualquier decisión regulatoria garantice claridad jurídica, protección efectiva de los derechos de los trabajadores y reconocimiento de las modalidades de contratación previstas en la legislación colombiana.“Cuando concertamos el Decreto 0581 con el Gobierno anterior, logramos, en buena medida, salvaguardar la actividad de un sector que genera empleo formal y flexible para miles de colombianos. Sin embargo, en el desarrollo de la norma quedaron aspectos que requerían mayor claridad y precisión, particularmente frente a la interpretación de la tercerización y la intermediación laboral, cuyas confusiones han generado incertidumbre e impactos en el mercado laboral”, señaló el gremio. Acoset también destaca la importancia de precisar los criterios de actuación de los inspectores del trabajo, de manera que los procesos de inspección, vigilancia y control se desarrollen con criterios objetivos, uniformes y ajustados al ordenamiento jurídico, con garantías para los trabajadores y seguridad jurídica para las empresas.Frente a la evolución de esta discusión normativa, el gremio considera oportuno avanzar en una revisión técnica y jurídica que permita contar con reglas claras, coherentes con la legislación laboral y orientadas a prevenir los abusos, fortalecer la formalización y preservar las modalidades legítimas de generación de empleo. “Colombia necesita combatir con decisión la intermediación laboral ilegal, pero también garantizar que las empresas que actúan dentro de la ley puedan continuar generando empleo formal. La protección de los trabajadores y la seguridad jurídica no son objetivos opuestos: deben avanzar de manera conjunta”, señaló Miguel Pérez García, presidente del gremio. ¿Qué decía el decreto de tercerización de Petro?El decreto establecía reglas para identificar, corregir y sancionar la tercerización e intermediación laboral ilegal en Colombia, dándole más herramientas de inspección del Ministerio del Trabajo. La idea principal era evitar que las empresas utilizaran contratistas o intermediarios para encubrir relaciones laborales directas y eludir obligaciones como el pago de prestaciones sociales y otros derechos de los trabajadores.La norma definía como indicios de tercerización ilegal la falta de una estructura productiva propia del contratista, la ausencia de autonomía técnica y administrativa y la subordinación de los trabajadores a la empresa que recibía los servicios. Para identificar estas prácticas, contemplaba factores como quién impartía las órdenes, fijaba los horarios, suministraba las herramientas de trabajo y tomaba decisiones sobre la continuidad de los empleados.También limitaba el uso de empresas de servicios temporales para impedir que fueran utilizadas para cubrir necesidades permanentes de personal o superar los plazos legales de contratación.Finalmente, el decreto contemplaba medidas correctivas y sanciones para las empresas involucradas en estas prácticas, entre ellas la formalización laboral, la modificación o terminación de contratos irregulares, la imposición de multas, la suspensión temporal de actividades y la revocatoria de licencias de funcionamiento de empresas de servicios temporales en determinados casos.—