«Alcalde, ¿cómo quiere que firmen los muertos?». Antoni Casas ha tenido que plantear esta pregunta al Ayuntamiento de Barcelona después de recibir un requerimiento administrativo que le exige la autorización expresa y firmada de sus dos padres para acceder a los expedientes relacionados con el traslado residencial que reclamó durante más de dos años. Ambos fallecieron mientras esperaban una resolución. Ahora, cuando su hijo intenta esclarecer qué ocurrió, la Administración le pide las firmas de las dos personas cuya muerte acredita con los certificados que ha presentado. El caso añade un nuevo capítulo a la historia que ABC publicó el pasado mes de junio, cuando Casas denunció que sus padres habían muerto lejos de su familia sin que llegara a autorizarse su traslado desde una residencia de Vic (Barcelona) a un centro público de la capital catalana. Tras más de 700 días de gestiones, contactos y reclamaciones, el expediente seguía sin una respuesta definitiva. La petición que ahora ha registrado ante el Consistorio que dirige Jaume Collboni ( PSC) busca acceder a la documentación completa y conocer quién tomó las decisiones, con qué criterios y quién asume la responsabilidad. El requerimiento municipal, fechado el 2 de octubre y referido a una solicitud presentada por Casas el 20 de septiembre, le informa de que, para tramitar el acceso a documentación con datos personales de terceros, debe acreditar su legitimación conforme a la normativa de protección de datos. Entre las opciones que le ofrece figura la «autorización expresa y firmada de sus dos progenitores». También contempla la posibilidad de aportar un documento que acredite una representación legal o «cualquier otro documento o medio de prueba admitido en derecho» que justifique su legitimación. Es precisamente esa primera opción la que ha provocado la indignación de Casas. Sus padres, Ramon Casas Noguera y M. Rosa Riera Castell , están muertos. Él asegura que ha aportado el libro de familia y los certificados de defunción, y considera incomprensible que se le reclame una autorización que sus progenitores ya no pueden otorgar. En su escrito, registrado el 6 de octubre, reproduce literalmente la exigencia municipal y responde: «Mis padres están muertos. Los dos. Alcalde, ¿cómo quiere que firmen los muertos?». La documentación aportada permite acreditar el parentesco y los fallecimientos. Casas reclama que se tenga por demostrada su legitimación y que se le facilite el acceso íntegro a los expedientes DP/2016/038311 y DP/2023/039089, correspondientes a sus padres, así como a todos los antecedentes vinculados al traslado residencial que solicitó. Si el Ayuntamiento considera que no puede facilitarle la información, exige una resolución formal, jurídicamente motivada y que identifique a la persona responsable de la decisión. «Antes de recibir el requerimiento de las firmas de mis padres, alguien me llamó para avisarme de que llegaría uno que no me gustaría y que 'las órdenes son órdenes'. De todas las peticiones que he hecho al Ayuntamiento, ésta es la única respuesta que he recibido: que firmen los muertos», denuncia Casas, quien sigue esperando respuesta del Parlamento y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa . La denuncia no se limita a la petición de las firmas. Casas llama también la atención sobre otro detalle de la notificación: no aparece en ella ningún nombre y apellido, sino únicamente cargos administrativos. «Después de todo lo que ha pasado, incluso para enviarme este requerimiento nadie aparece con nombre y apellidos ante mí. ¿Es que nadie quiere firmar con su nombre?», plantea. El ciudadano sospecha que la Administración puede acabar atribuyendo lo sucedido a un error técnico o procedimental, pero reclama que, en ese caso, se corrija. «Ahora seguramente será fácil decir que todo es un error administrativo o procedimental de los técnicos. Pues soluciónenlo», escribe. A su juicio, resulta significativo que las preguntas sobre la responsabilidad por la gestión del expediente sigan sin respuesta, mientras que el requerimiento que vuelve a retrasar el acceso a la documentación sí ha llegado. «Las cuestiones que obligan a explicar qué pasó, quién decidió, con qué criterio y quién asume la responsabilidad continúan sin respuesta», denuncia. Casas sostiene que ha presentado numerosos escritos y reclamaciones sin obtener las explicaciones que busca. Su objetivo, insiste, no es mantener una disputa burocrática, sino reconstruir lo sucedido en el caso de sus padres. El requerimiento, no obstante, no cierra formalmente todas las vías de acceso: el propio Ayuntamiento contempla otras formas de acreditar la legitimación del solicitante. La controversia se centra en la exigencia de una autorización de los progenitores fallecidos y en la necesidad de que la Administración determine si la documentación ya aportada por Casas resulta suficiente o qué otro medio de prueba necesita. El hijo reclama que esa cuestión se resuelva expresamente y no se convierta en otro obstáculo indefinido. La historia comenzó cuando Casas pidió que sus padres fueran trasladados desde una residencia de Vic a un centro público de Barcelona. Su padre sufría alzhéimer avanzado; su madre, un cáncer metastásico. Ambos se encontraban en una situación de extrema dependencia. Casas, su único hijo, que vivía en Barcelona con su mujer, había atendido siempre a sus padres. Pero tras ser padre, después de años intentándolo, los problemas postparto de su mujer y de su hija recién nacida le impidieron seguir cuidándolos como hasta entonces. El traslado a Barcelona era la única forma de que pudiera seguir atendiendo personalmente a sus padres y de que éstos pudieran compartir con su nieta el tiempo que les quedaba, pero la solicitud se prolongó durante casi dos años. Durante ese tiempo, Casas recibió múltiples respuestas de la Administración, algunas contradictorias entre sí, pero ninguna resolución formal y motivada que resolviera definitivamente la petición de traslado. El caso pasó por distintas administraciones y responsables técnicos y políticos sin que se desbloqueara la situación. Sus padres fallecieron sin haber sido trasladados. «El expediente ni se negó ni se aprobó. Simplemente no se resolvió», resumió a ABC en junio. Sus padres fallecieron sin haber sido trasladados y sin que se cumpliera la petición que su hijo había defendido durante más de dos años. Consultadas entonces por este diario, fuentes d el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat explicaron que las plazas públicas de residencia están sujetas a listas de espera y a un orden de acceso determinado por la fecha de inscripción. Añadieron que la priorización por vulnerabilidad constituye una excepción prevista para determinadas situaciones. Sin embargo, no concretaron qué norma amparaba las instrucciones aplicadas al caso, según la información publicada por ABC. La nueva reclamación desplaza el centro de la lucha de Casas. Ya no puede conseguir para sus padres el traslado que reclamó, pero quiere conocer qué ocurrió con su solicitud y por qué no llegó a resolverse a tiempo. Para ello, considera imprescindible acceder a los expedientes completos y obtener una respuesta identificada y fundamentada. En su escrito también se dirige a quienes, según afirma, le han pedido que continúe presionando a responsables municipales mientras expresaban en privado sus críticas hacia dirigentes del PSC . Les insta a trasladar también esas discrepancias por los cauces internos del partido. «Yo no estoy aquí para resolver los problemas internos del PSC», señala. «Estoy aquí porque mis padres murieron esperando y continúo intentando saber qué pasó, quién decidió y quién asume la responsabilidad». Su reclamación concluye con una petición directa al Ayuntamiento: «No necesito más explicaciones informales. Necesito el expediente. Necesito los nombres. Y necesito que alguien resuelva y firme». Después de más de dos años esperando una autorización para trasladar a sus padres y de meses intentando esclarecer la gestión de aquella solicitud, Casas se encuentra ahora con otro requerimiento administrativo. Esta vez, la firma que le reclaman es la de dos personas que ya no pueden estamparla. «Mis padres ya no pueden firmar. Esta vez, firmen ustedes».