Congreso de Colombia.Foto: Valora Analitik.Las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes inician este lunes 19 de octubre la votación del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2027.El trámite debe surtirse con urgencia dado que mañana, martes 20 de octubre, vence el plazo constitucional y legal para que el Congreso de la República apruebe la ley de apropiaciones del próximo año.De no lograrse la votación completa del articulado en ambas corporaciones antes de que expire el término legal, el Gobierno nacional se vería obligado a expedir el Presupuesto del otro año mediante decreto sobre la base del proyecto presentado o enfrentar un complejo limbo jurídico y fiscal.El Presupuesto que se somete este lunes a consideración definitiva de los congresistas asciende a un monto global de $634,95 billones (equivalente al 29,9 % del PIB). Tras las modificaciones introducidas para la fase final del debate, se priorizó una destinación de $393,25 billones a gastos de funcionamiento (18,5 % del PIB), $147,13 billones al servicio de la deuda pública (23,2 % del PGN) y $94,63 billones a la inversión pública (4,5 % del PIB).Esta formulación incorporó un sinceramiento fiscal de cerca de $60 billones para cubrir pasivos reales omitidos en salud, pensiones, nómina y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), eliminando al mismo tiempo $30,2 billones de ingresos extraordinarios contingentes que carecían de certidumbre legal.Vale la pena recordar que el proceso para definir el Presupuesto de 2027 arrancó a finales de julio con la radicación de un proyecto inicial por $575,9 billones presentado por la administración de Gustavo Petro, el cual fue devuelto por las Comisiones Económicas Conjuntas el 11 de agosto a solicitud del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.La devolución se fundamentó en que el texto original violaba el Estatuto Orgánico del Presupuesto al sobreestimar el recaudo tributario, subestimar compromisos ineludibles de caja y depender de una ley de financiamiento incierta.Tras la reformulación radicada por el Ejecutivo el 27 de agosto, el monto de $634,95 billones fue ratificado por las comisiones conjuntas el 14 de septiembre al desestimar una proposición de la oposición que pedía recortarlo a $596,6 billones.Posteriormente, en el primer debate aprobado el 23 de septiembre, la ponencia incorporó medidas de austeridad, como restricciones a la contratación externa de personal y barreras a los traslados discrecionales del Ejecutivo, al tiempo que efectuó reasignaciones neutras que inyectaron $2,0 billones al sector Salud y $99,1 mil millones al Deporte.Para esta recta final en las plenarias, la ponencia de segundo debate acordó con el Ministerio de Hacienda una recomposición del gasto sin aumentar el techo fiscal: se aplicó un recorte de $8,4 billones al servicio de la deuda mediante operaciones de reperfilamiento de vencimientos, orientando dichos recursos a la inversión pública, que subió $7,74 billones para impulsar la reactivación regional y atender la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.Así mismo, el Gobierno solicitó formalmente archivar cuatro proposiciones de primer debate que violaban el artículo 351 de la Constitución por carecer de aval escrito del Ministerio de Hacienda.