El debate de las pensiones vuelve con fuerza a apenas un mes y medio de las elecciones generales y lo hace de la mano de unas declaraciones realizadas por la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz. En ellas afirmaba que el modelo “va a colapsar” y anunciaba que se requerirían “medidas valientes” para poder garantizar su sostenibilidad. En una entrevista en el podcast Quórum explicó que quienes salen actualmente del mercado laboral cobran pensiones más altas, pero que los salarios que las deben soportar son bajos y aludía también a los datos demográficos de una pirámide poblacional que se ensancha en el centro. La pregunta que sobrevuela es qué se entiende aquí por medidas “valientes”, pero fuentes del partido remiten a lo que hasta ahora ha transmitido su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que este martes se comprometía a “garantizar la viabilidad del sistema público” para los jóvenes y mantener su revalorización conforme al IPC. Un lío de declaraciones que toca un tema sensible en plena carrera hacia la campaña electoral y con Vox defendiendo un modelo privatizado. El PP intenta esquivar un tema polémico que ya le supuso un resbalón en la campaña de 2023, cuando el presidente de los populares sostuvo en una entrevista que su grupo siempre había revalorizado las pensiones con respecto al IPC, pero el dato fue desmentido y generó un problema de credibilidad en un tema sensible para el electorado, como son las jubilaciones. En la mañana del miércoles, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pedía a los populares que aclarasen los mensajes contradictorios que se estaban cruzando al respecto. "El propio líder del PP ha dicho que este sistema se va a mantener y luego dicen que el modelo de pensiones está predestinado a la quiebra. Están lanzando mensajes contradictorios y catastrofistas", señaló Cuerpo en una entrevista para la radio pública.El envejecimiento de la población, la llegada a la edad de retiro de la conocida como generación del baby boom y la baja natalidad son un desafío para un sistema de pensiones que siempre tiene en el centro la financiación. La última polémica se vivió tras la iniciativa del Gobierno de elevar la cotización de los autónomos, vinculándola a sus ingresos reales. En ese momento, hace ahora un año, el PP se opuso y abría la puerta a reducir las cuotas de los autónomos que tengan un plan de pensiones privado.Un informe de Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1º de Mayo publicado en junio y titulado Observatorio Social de Personas Mayores 2026 alertaba del proceso de envejecimiento de la población activa en España y de que “la llegada de población extranjera compensa cada vez menos el envejecimiento demográfico”. En este contexto también señaló que se siguen produciendo “un número significativo de jubilaciones anticipadas voluntarias”, pese a que el Gobierno trata de promocionar las modalidades demoradas para intentar suavizar la llegada a la jubilación de una de las generaciones más numerosas en España, aquellos entre los 54 y los 64 años. Sin embargo, las reformas sucesivas con medidas como la jubilación flexible o el mecanismo de equidad han logrado darle cierta estabilidad y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) constató una mejora en su último informe, publicado en septiembre.Si se observa la pirámide de población española, se comprueba cómo se ensancha en el centro y se estrecha peligrosamente en la base por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Algo de lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avisaba el año pasado, señalando que en 2050 solo habrá un trabajador por cada pensionista, frente a los dos que hay actualmente. Las sucesivas reformas han ido enfocadas a estabilizar el gasto, pese a que este sigue caminando al alza: en 2025 superó los 189.000 millones, un 6,2% más que en el ejercicio previo. En nuestro país, el sistema de pensiones se financia por tres canales. El principal son las cotizaciones de los trabajadores, que van a las pensiones contributivas. Después están las partidas de los Presupuestos Generales con las que se abonan las pensiones de las clases pasivas; y finalmente, están las transferencias del Estado que se destinan a las pensiones no contributivas. Cuando esto no es suficiente, se hacen las denominadas “transferencias implícitas” que salen de los fondos del Estado y la Seguridad Social para compensar los déficits. En cuanto a la conocida como “hucha de las pensiones” o Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cabe destacar que no es el lugar del que se abonan las pensiones, sino un fondo de emergencia. El Gobierno actualizó en abril los datos con un importe que ascendía a 15.200 millones de euros, su máximo en diez años. Según el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), aprobado en la reforma de 2021, habría aportado 1.162 millones de euros. El difícil equilibrio presupuestario en pensiones siempre ha sido un tema central en el cuadro económico, aunque los últimos datos apuntan a una mejora con respecto a años anteriores. En septiembre, Fedea publicó su último estudio, en el que constataba una mejora en la sostenibilidad estructural derivada de las reformas de 2021 y 2023. Jubilaciones demoradas, la llegada de migrantes o un mercado laboral más dinámico están también detrás de esa mejora.Pero tampoco el problema se limita a España. Países como Alemania han hecho cambios significativos este año. El canciller democristiano Friedrich Merz ha lanzado una reforma que incluye la creación de una pensión privada y obligatoria complementaria a la pública, a la que los trabajadores y las empresas aportarán el 2% de su salario anual. Además, Berlín ha ido más allá y ha planteado un aumento en la edad de jubilación que a partir de 2027 será de 67 años y se vinculará a la esperanza de vida, pudiendo llegar hasta los 70 años en lo sucesivo.En datos, España tiene 9,5 millones de pensionistas, de los cuales 6,6 lo son por jubilación. La pensión media de retiro es de 1.576,1 euros al mes y la edad media ha subido más de un año desde 2019, hasta los 65,4 años.Más allá de las cifras y de la polémica que han suscitado las declaraciones del Partido Popular, otros partidos como Vox han abogado abiertamente por privatizar las pensiones o crear modelos mixtos. En términos técnicos, se suele hablar de un sistema de capitalización de las pensiones, que consiste en que los propios trabajadores ahorren su cotización en una cuenta, donde se podría invertir en bonos o acciones, de manera que se rentabilizaría y podrían rescatarla al final de su vida laboral. Un modelo muy criticado porque supone la privatización de un mecanismo público.José María Figaredo, responsable económico de Vox, defendió este modelo en declaraciones públicas señalando que “el sistema de pensiones es un zombi” y afirmando que estaba quebrado. “La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”, ha defendido Figaredo.Es la misma línea que defienden sus homólogos europeos. Este martes, por ejemplo, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional Francesa (Rassemblement National) y del Grupo de los Patriotas por Europa, argumentó que ese modelo era el que ellos buscarían para Francia en caso de llegar al Gobierno.En plena precampaña, las pensiones vuelven al centro de un debate económico y político que estaba copado por la vivienda, pero que comienza a moverse hacia otros ámbitos importantes para la ciudadanía de cara a las elecciones del 29 de noviembre.