Atiende a una población similar a la de Alicante. O a la de Bilbao. El Consulado General de España en Buenos Aires, el más importante de todos los desplegados en el exterior, da servicio a los 360.000 españoles residentes en la capital argentina. Expide DNI y pasaportes, pero también realiza trámites notariales –como poderes o testamentos–, registrales –inscripciones de nacionalidad, matrimonios, nacimientos y defunciones–, legalización de documentos, presta servicios sociales... Además de tramitar los visados a la población local. Ahora compatibiliza todas esas tareas con la búsqueda de nacionalizados por la ley de nietos cuyo derecho al voto podría quedar suspendido cautelarmente por la decisión del Supremo que ha dado alas a la patraña de Vox sobre un supuesto pucherazo para el 29N. Son, en total, 30.000 expedientes que, según aseguran fuentes diplomáticas, pesan 66 toneladas. Todo ello contrarreloj, porque, según el calendario electoral en vigor, el censo debe cerrarse como muy tarde el 2 de noviembre, tras la resolución de los recursos que presenten estos días electores y candidatos. En el mayor consulado español advierten de que no llegarán a tiempo. Ni para esa fecha ni para las elecciones. Por tanto, el Supremo, al menos en Buenos Aires, tendrá que decidir qué hace con una información muy parcial.El sobreesfuerzo de la legación diplomática en la capital argentina llega, además, en plena organización de las elecciones. De sus 360.000 españoles inscritos, 331.000 están en el censo electoral, que ya está expuesto en sus oficinas. Su personal debe asegurarse de que los electores reciban correctamente la documentación para ejercer el voto, recibir los sufragios emitidos por correspondencia, montar la mesa electoral y colocar la urna para los que quieran acercarse a depositar personalmente sus sobres. Se trata de un trabajo inmenso que, sin embargo, se traduce en una participación muy menor. En las generales de 2023, de los 401.133 españoles residentes en toda Argentina, solo votaron 21.000 electores, el 5,22% del censo español en todo el país. Todo ello mientras el consulado sigue atendiendo las citas concertadas con los 645.052 bonaerenses que solicitaron la ciudadanía española entre octubre de 2022 y el mismo mes de 2025 acogiéndose a la ley de nietos. La atención a los solicitantes, la entrega de solicitudes y documentación y la resolución de todos esos expedientes, según las fuentes consultadas, se extenderá con toda probabilidad hasta 2030 o 2031.Hasta el momento, el consulado ha resuelto 30.000 de esos expedientes. Pero solo 18.000 se habrían convertido en españoles por ser descendientes de padres o abuelos exiliados por motivos políticos durante la Guerra Civil y la dictadura, la posibilidad prevista por la Ley de Memoria Democrática que ahora el Supremo ha puesto –de la mano de Vox– en duda. El resto se han acogido a otros supuestos previstos en esa misma norma. De todos ellos, 10.500 han solicitado su inscripción en el Registro de Matrícula Consular, el que da derecho a obtener los servicios consulares y, eventualmente, a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y, por lo tanto, al voto. Si se restan los menores de edad y los que se inscribieron en el registro con posterioridad al 1 de agosto (fecha en la que el censo para el 29N quedó cerrado), los que realmente podrán votar en unas semanas serán entre 7.000 y 8.000 personas. Con los datos de participación de elecciones generales anteriores, en el consulado han hecho un cálculo de cuántos ejercerán realmente su derecho. Y el resultado son unas 600 personas. Son 600 votos a repartir en 52 provincias y para todos los partidos. Es decir, que la incidencia de los nacionalizados por la ley de nietos residentes en Buenos Aires, teniendo en cuenta los 24,6 millones de votos emitidos en las últimas generales (en España y fuera), no supondría más que el 0,002%, milésima más, milésima menos.La orden del Supremo es buscar entre toda esa maraña de papel para suspender cautelarmente el derecho al voto, no a todos los descendientes de exiliados republicanos que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria, sino solo a los que accedieron a ella gracias a una presunción que contiene la instrucción del Ministerio de Justicia que explica el procedimiento al que se tienen que acoger los aspirantes. Esa presunción considera exiliados a todos los que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para los que no se acogieron a ella y probaron con documentación la condición de exiliado político de su antepasado, los consulados deben emitir una certificación acreditativa de ello para que puedan ejercer el sufragio. Se trata, explican desde el consulado, de un trabajo muy minucioso y delicado por su trascendencia que obliga a revisar expediente a expediente. Exteriores ha creado una herramienta informática para acelerar el proceso, pero solo se ha puesto a disposición de las legaciones este jueves.En la misma situación que Buenos Aires se encuentran los otros dos consulados de Argentina (Rosario y Mendoza), el de La Habana (Cuba) y el de Caracas (Venezuela). Así se lo hizo saber al Supremo el Ministerio de Exteriores a través del abogado del Estado en un informe que advertía de que esas cinco oficinas y otras 11 más aglutinan el 84,5% de los nacionalizados por lo que los datos que obtengan antes de los comicios serán necesariamente parciales. Sin embargo, en la última resolución del Alto Tribunal, que confirmó la suspensión cautelar del voto adoptada sin información concreta de ningún expediente y sin dar audiencia a los afectados (que el Gobierno cifra en 163.020), los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo insistieron en culpar de todo al Ejecutivo. "La carga material de acreditar ese grado de cumplimiento", es decir, de identificar a los nacionalizados que no podrán votar, "corresponde única y exclusivamente a la Administración General del Estado y a la Oficina del Censo Electoral, que ha omitido en su integridad". En resumen, que la imposibilidad de hacer el recuento no se debe al muy controvertido proceso abierto por ellos –de la mano de Vox– sino a la inactividad del Estado. La incertidumbre y la inseguridad jurídica introducidas por el Supremo es total. Hasta el punto de que la Junta Electoral Central (JEC), que se ha reunido este jueves (y de la que forman parte ocho magistrados de distintas salas de ese tribunal), ha abordado varios escritos de formaciones políticas que pedían que el máximo organismo de la Administración electoral aclarara cómo se aplicará la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal. Sus vocales han acordado contestar a todos ellos que el asunto se encuentra sub judice y que es por tanto la Sala la que tiene que dar información y criterios claros sobre quién y quién no puede votar. La Junta, que ha constatado la imposibilidad conseguir a tiempo la información que reclama la Sala, ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que envíe a todos los inscritos en el CERA (2,7 millones de electores) la documentación necesaria para que ejerzan el derecho al sufragio (como en cualquier otro proceso electoral) con la advertencia de que el caso abierto en el Supremo podría afectar a sus votos. También ha decidido informar al Tribunal de que se ha adoptado esa decisión. La idea de la JEC es que sean los jueces que crearon este enorme embrollo los que lo resuelvan.