Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: tomada de X@MinInteriorEl Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó este martes 13 de octubre el Decreto 1525 de 2026, el cual regula la protesta social en Colombia.Lleva por nombre Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, y llega horas antes de las primeras marchas en el Gobierno actual, con la participación de organizaciones sindicales, sectores políticos y agrupaciones de oposición.Estas contarán especialmente con la participación de Fecode, sectores vinculados al Pacto Histórico y el expresidente Gustavo Petro.Foto: PresidenciaEn ese orden, el decreto, firmado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, establece las condiciones bajo las cuales puede intervenir la Fuerza Pública durante las movilizaciones sociales. Aunque prioriza el diálogo y la mediación como mecanismos para atender estas situaciones, deja claro que estas medidas no impiden ni retrasan la actuación policial cuando se presenten hechos violentos.Entre las situaciones que permiten la intervención están los actos vandálicos, el porte de armas de fuego o cortopunzantes, la tenencia de artefactos incendiarios, la retención de personas contra su voluntad y las agresiones a misiones médicas y medios de comunicación. También contempla afectaciones a los servicios públicos y al abastecimiento de medicamentos.La norma precisa, además, que el bloqueo de vías no convierte automáticamente una manifestación en violenta. Por otra parte, establece que los Puestos de Mando Unificado (PMU) deberán contar con representantes de distintos sectores, entre ellos los gremios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Destacado: Marchas del 14 de octubre en Colombia: Lugar y hora en que se concentrarán los manifestantes¿Cómo será la intervención de la Fuerza Pública?El decreto define cinco etapas para la actuación de las autoridades durante las movilizaciones. La primera contempla la participación de los gestores de convivencia de las alcaldías, seguida del diálogo directo con los manifestantes y de una instancia de mediación.Si los hechos violentos continúan, se podrá avanzar hacia medidas de disuasión por orden del alcalde, impartida desde un Puesto de Mando Unificado. Como último recurso, intervendrá la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Esmad.La norma también establece que las autoridades territoriales y la Policía Nacional deberán garantizar la habilitación y el mantenimiento de los corredores solidarios.Finalmente, las alcaldías y gobernaciones tendrán un plazo de 72 horas para publicar un balance oficial de las afectaciones registradas y activar las respectivas rutas de atención humanitaria.Para descargar el Decreto 1525 de 2026 completo, haga clic en el enlace.