Una treintena de personas se sientan hoy en el banquillo acusados en Grecia por pertenecer a una organización criminal que se habría lucrado con tratamientos de reproducción asistida, donaciones ilegales de óvulos y procesos ficticios de transferencia embrionaria y crioconservación de embriones en la isla de Creta. Entre los cargos recogidos en el expediente judicial figuran la creación y pertenencia a una organización criminal, trata de personas, explotación de mujeres, robo y tráfico ilegal de material genético, falsificación documental, entre otros cargos. La detención de ocho personas en agosto de 2023 destapó un entramado que durante años habría operado con clientes de países como Italia, Alemania y Australia, y habría generado millones de euros de beneficio mediante procedimientos de reproducción asistida realizados al margen de los límites establecidos por la ley. Entre las principales irregularidades investigadas figuran más de 570 transferencias embrionarias y procedimientos de congelación que presuntamente no se realizaron y cobraron, además de 75 casos de robo y tráfico ilegal de material genético. Es decir, los óvulos habrían sido extraídos a mujeres que se sometían a tratamientos de fertilidad para ser madres y vendidos posteriormente, sin consentimiento, como donaciones a otras pacientes. El cierre de la clínica en 2023 dejó a cientos de madres gestantes desprotegidas y a decenas de recién nacidos sin una filiación reconocida. Varias parejas extranjeras se encontraron con dificultades para acreditar su vínculo biológico con los bebés nacidos por gestación subrogada, y tuvieron que viajar a Grecia y someterse a pruebas de ADN. Según el expediente judicial, la organización habría establecido una red de intermediarios en Creta, otras ciudades griegas y terceros países —principalmente Georgia y Rumanía— para captar en situación de vulnerabilidad y trasladarlas a Grecia donde, tras someterse a tratamientos de fertilidad, se convertían en donantes de óvulos o en madres subrogadas. En este último caso, las mujeres permanecían en el país durante el embarazo y el puerperio en viviendas controladas por la organización donde, según el testimonio de las víctimas, sus movimientos estaban vigilados. La gestación subrogada en Grecia es legal y está regulada desde 2002 mediante un modelo altruista sujeto a autorización judicial y a una serie de requisitos legales como que las dos mujeres implicadas en el proceso —la madre solicitante y la madre subrogada— residan permanentemente en Grecia. La normativa establece también límites en las compensaciones económicas que recibiría la madre gestante, destinadas exclusivamente a cubrir los gastos sanitarios, las cargas derivadas del embarazo y el tiempo que estuviera sin trabajar. Además, el acceso a estos procesos estaba reservado a parejas heterosexuales y mujeres solteras. El gran cambio en el modelo griego llegó en 2014, en plena crisis económica, cuando una reforma legislativa eliminó el requisito de residencia permanente y abrió la puerta a las solicitudes de parejas extranjeras. Grecia se convirtió así en un destino turístico reproductivo al que acudían parejas de todo el mundo atraídas por los precios competitivos, muy inferiores a los de países como EE.UU., Canadá o Reino Unido. El modelo continuó siendo altruista, aunque la gestante podría recibir una compensación económica. La autorización judicial seguía siendo también un requisito fundamental. En mayo de 2025, tras salir a la luz el caso de este centro de reproducción en La Canea, el Ejecutivo griego decidió reformar nuevamente la ley, restableciendo la residencia permanente en Grecia como requisito indispensable. A pesar de que el matrimonio homosexual es legal en Grecia desde febrero de 2024, la gestación subrogada sigue siendo exclusiva para parejas heterosexuales o mujeres solteras. Entre los principales acusados se encuentran la propietaria de la clínica, una ginecóloga de 78 años de edad, y un embriólogo de 47 años. Ambos permanecieron 27 meses en prisión preventiva y se encuentran en libertad desde hace aproximadamente un año. El resto de acusados incluye a trabajadores de laboratorio, abogados, notarios y otras personas presuntamente encargadas de falsificar la documentación necesaria para formalizar los procedimientos. La acusación sostiene que la red aprovechaba las diferencias entre las legislaciones nacionales y la demanda internacional para ofrecer servicios que no cumplían con los requisitos legales: por ejemplo, se han documentado procedimientos de gestación subrogada para personas que no pueden acceder a esta práctica en Grecia, como hombres solteros y parejas homosexuales. También se gestionaba, previo pago de grandes sumas económicas, acuerdos de parejas de hecho con mujeres que recibían una compensación económica que superaba los 5.000 euros. Una vez finalizado el proceso de gestación subrogada, el acuerdo se disolvía y la mujer renunciaba a la custodia del recién nacido en beneficio del padre solicitante. En países como en Italia, donde la gestación subrogada está prohibida por ley, los procesos de gestación subrogada se registraban como adopciones. El expediente recoge también que cada pareja solicitante había pagado entre 10.000 y 120.000 euros por cada procedimiento de gestación subrogada, siendo el beneficio neto de la clínica del 70%. Se cree que el beneficio total superaría los 8 millones de euros, si bien es difícil calcular la cifra total debido a que la mayoría de los afectados habrían pagado parte del tratamiento en mano, sin recibir ningún tipo de recibo o factura para pagar menor cantidad de dinero por los tratamientos.