La Seguridad Social pagó en septiembre 10.547.417 pensiones contributivas a 9.537.978 personas. Esa cifra equivale a uno de cada cuatro electores llamados a las urnas el 29 de noviembre, sobre un censo total que suma 38,73 millones de personas.El dato es tan relevante —y tan conocido— que sorprende la ligereza con la que PP y Vox han cuestionado en campaña el futuro de las pensiones públicas. José María Figaredo, portavoz económico de Vox, aseguró, en vísperas de la convocatoria electoral, que “el sistema es un zombi. Lo han quebrado”. Su partido defiende combinar el actual modelo de reparto con cuentas de capitalización individual. Es decir, que el que quiera una pensión, que se la pague a través de un banco o una mutua privada.En el sistema de reparto que funciona en España, las cotizaciones de quienes trabajan pagan las pensiones de quienes ya se han jubilado. En la capitalización, cada trabajador acumula sus aportaciones en una cuenta propia. Su pensión depende entonces de lo ahorrado y de lo que rinda ese ahorro. No de la solidaridad de todos, canalizada a través de un sistema público, como ocurre ahora.El programa electoral de Vox de 2019 concretaba la idea. Proponía desviar a esas cuentas personales al menos la mitad de la cotización que hoy se destina a la jubilación.Alberto Núñez Feijóo ha intentado desmarcarse prometiendo mantener el sistema actual: revalorizar las pensiones conforme al IPC si llega a la Moncloa. Pero no ha aclarado si planea alargar la edad de jubilación o recortar las prestaciones, dos mecanismos que sus aliados de la derecha europea están promoviendo en varios países.No lo consiguió. Ester Muñoz, nada menos que la portavoz del Partido Popular en el Congreso, se sumó a Vox diciendo que el sistema público de pensiones “va a petar”. La conservadora, una de las voces más autorizadas de la dirección del PP, defendió que había que ser “valientes” y cambiar el modelo. No detalló qué reforma concreta propone el PP, pero esas declaraciones no admiten otra interpretación que una apuesta por la privatización de las pensiones.El número de pensiones supera al de pensionistas porque 1.004.207 personas cobran más de una prestación. La combinación más frecuente es la de jubilación y viudedad.Casi 6,8 millones de pensiones son de jubilación. Más de 2,3 millones son de viudedad y 1,1 millones de incapacidad permanente. Completan el sistema 335.900 pensiones de orfandad y 46.985 en favor de familiares.A ese bloque se suman los 720.276 pensionistas de Clases Pasivas, el régimen de los funcionarios del Estado. Hay además 306.109 pensiones no contributivas de jubilación. Las cobran mayores de 65 años que no cotizaron lo suficiente. Otras 163.600 no contributivas corresponden a incapacidad.La nómina contributiva de septiembre alcanzó los 14.498,2 millones de euros. Tres cuartas partes corresponden a jubilación. La pensión media de jubilación es de 1.576,1 euros al mes. La del conjunto del sistema, de 1.374,6 euros.Lo relevante, desde el punto de vista electoral, es que los mayores de 65 años representan el 21,1% de la población, según el INE. Son unos 10,5 millones de personas. Si nos fijamos en las elecciones de 2023, los mayores de 65 años eran ya el 26% del censo. Si ampliamos el margen a los mayores de 55, entre quienes ya hay muchos pensando en la jubilación, el porcentaje superaba el 44%.El colectivo de pensionistas crece constantemente. Hasta agosto se registraron 247.161 nuevas jubilaciones, unas 31.000 al mes. Y eso que la edad media de acceso es de 65,4 años, un año más que en 2019. El 68,9% de los nuevos jubilados se retiró a la edad ordinaria y apenas un 11,6% retrasó el retiro por decisión propia.El grueso del baby boom español aún no ha completado su llegada a la jubilación: buena parte de sus cohortes más numerosas tiene hoy entre 61 y 64 años, aunque otra parte ya ha alcanzado o superado la edad ordinaria de retiro.El problema para PP y Vox es que estos grupos de edad, los que ya cobran pensiones o los que aspiran a hacerlo a corto y medio plazo, son también los que más acuden a las urnas. En la antesala de las generales de 2023, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) detectó que el 80% de los mayores aseguraba que iría a votar. Entre los jóvenes, la proporción era de apenas un 40%. La participación declarada en las encuestas suele superar a la real, pero la distancia entre ambos grupos se mantiene.El efecto se nota más en las provincias más envejecidas, que suelen ser también las que reparten menos escaños, pero donde quedar primero es más determinante para los partidos. En Ourense o Zamora, por ejemplo, cuatro de cada diez habitantes superan los 65 años.El sondeo de GESOP realizado entre el 6 y el 8 de octubre ofrece una radiografía más reciente. Mide la intención directa de voto, es decir, lo que declara el entrevistado antes de cualquier estimación. Se basa en 1.000 entrevistas, con un margen de error del 3,1%.En el conjunto del electorado, el PSOE obtiene un 22,1%, el PP un 17,9%, Vox un 14,9% y Frente Amplio un 6,3%. PP y Vox suman 32,8 puntos. PSOE y Frente Amplio, 28,4.Pero entre los jubilados el reparto se invierte. El PSOE alcanza el 31,8% y el PP el 20,9%. Vox se queda en el 8,3% y Frente Amplio en el 4%. La izquierda suma 35,8 puntos y la derecha, 29,2.El tramo de mayores de 60 años sigue la misma pauta, aunque más ajustada. El PSOE logra un 28,6%, el PP un 21,1% y Vox un 10,4%. Entre los 45 y los 59 años, en cambio, el PP era primera fuerza, con un 21,9%.El contraste se ve bien cuando se observan los tramos jóvenes. Entre los 18 y los 29 años, Vox obtiene un 20,1% y el PP cae al 8,2%. Entre los 30 y los 44, Vox es primera fuerza con un 19,6%.