Ministro del Interior, Rodrigo Lara. Foto: MinInterior. El Ministerio del Interior radicó un proyecto que busca modificar cuatro artículos de la Constitución Política para establecer nuevas reglas sobre los conflictos de intereses de los congresistas y permitirles postular proyectos de inversión pública en beneficio de entidades territoriales y sus habitantes.La iniciativa bautizada “antimermelada” precisa cuándo existe un conflicto de intereses que obligue a un congresista a declararse impedido y establecer mecanismos de publicidad para registrar sus intereses, financiadores de campaña y propuestas de inversión.Uno de los principales cambios consiste en permitir que los congresistas presenten proyectos de inversión ante el Gobierno Nacional para beneficiar a regiones o comunidades específicas, sin que esa actuación constituya, por sí misma, una violación del régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses.Para ello, las postulaciones deberán inscribirse en un registro público y cumplir las condiciones que establezca una ley orgánica.Además, los congresistas no podrán intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos derivados de esos proyectos, y ni ellos ni los financiadores de sus campañas podrán obtener un beneficio particular y determinado.¿Qué cambiaría con la reforma?La reforma también busca precisar cuándo un congresista debe declararse impedido para participar en un debate o una votación. Para ello, establece que debe existir un beneficio particular y determinado a favor del congresista, su cónyuge o compañero permanente, sus familiares dentro de los grados que establezca la ley o sus socios.De acuerdo con el texto, la financiación legal de una campaña política, siempre que esté debidamente registrada, no constituiría por sí sola un conflicto de intereses. Tampoco lo haría el interés que un congresista comparta con un sector económico, social o regional.La propuesta señala que, una vez realizada la declaración correspondiente, el congresista podría participar y votar en el asunto. La ley deberá establecer cómo funcionarán los registros públicos de intereses y financiadores de campañas, así como los procedimientos para tramitar impedimentos y recusaciones.En consecuencia, la iniciativa también modificaría las causales de pérdida de investidura de los congresistas. El texto contempla que esta sanción pueda aplicarse por participar en debates o votaciones cuando exista un conflicto de intereses bajo las nuevas condiciones o por ocultar información en la declaración pública de intereses.Finalmente, el proyecto establece que el Congreso tendrá un plazo de 12 meses, contados desde la entrada en vigor de la reforma, para expedir la ley orgánica que regule estos mecanismos.