El 12 de febrero de 2009, a pocos días del inicio de la campaña electoral autonómica que le llevó a su primera mayoría absoluta, Alberto Núñez Feijóo convocó a la prensa para firmar un documento con 14 compromisos que él mismo presentó como su “contrato con Galicia”. El líder del PP prometía en 2009, frente al Gobierno del socilista Pérez Touriño, llevar a cabo una “regeneración democrática” en Galicia y acabar con las “prácticas clientelares”. Anunciaba “austeridad” y reducción de “gastos superfluos” en publicidad, altos cargos, gabinete, asesores, automóviles, obras y dependencias del Gobierno. Exactamente igual que en 2023 y que ahora. En este caso, ante las elecciones generales del 29 de noviembre, presenta un “Contrato con España” de compromisos que dice situar por encima de un programa electoral.Para dar más empaque a sus propuestas, el líder del PP las ha reunido todas en un manifiesto con 12 puntos que se impone cumplir si llega a La Moncloa. En los más de 15 años que han pasado desde su primer “contrato”, Fejóo ya trataba de agitar la misma ola apoyándose en un supuesto gasto excesivo en el Gobierno, en el presunto uso de medios públicos para asuntos de partido y, por supuesto, en lo que el PP llama “el asalto de las instituciones”. Y ahora vuelve con ello. “Se auditará cada euro y se reducirá un Estado sobredimensionado: menos ministerios, menos altos cargos y menos asesores. Se vigilarán especialmente las áreas afectadas por causas judiciales, los nombramientos indebidos y las estructuras y gastos superfluos”, reza el texto presentado este lunes.De todas ellas hay un buen puñado que podría haber implementado y aplicado en Galicia durante los años que gobernó su comunidad natal, pero no lo hizo. Ni limitó por ley el tamaño de los gobiernos, ni la capacidad del Parlamento de enmendar leyes, ni reforzó los informes de organismos consultivos para las propuestas de los partidos, ni fijó la periodicidad de los debates sobre el Estado de la autonomía, ni reguló las relaciones con el jefe de la oposición. Tampoco, por supuesto, liberó del control político a la radio y la televisión públicas. El documento actual no incluye algunas de las prerrogativas del de 2023, como por ejemplo, limitar el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley o comparecer anualmente en un debate sobre el estado de la nación. El documento está firmado por Feijóo, pero su eventual cumplimiento dependerá de Santiago Abascal si acaba necesitando a Vox para gobernar. Y aunque el líder de la oposición califica algunos compromisos comoinnegociables, la experiencia de los gobiernos autonómicos y las diferencias entre PP y Vox demuestran que esos compromisos se acaban diluyendo ante la presión de la extrema derecha, como sucedió con la “prioridad nacional” en los últimos pactos autonómicos. Uno de los compromisos más llamativos es el relativo a la estabilidad presupuestaria. Feijóo promete que el Ejecutivo presentará las cuentas cada año y convocará obligatoriamente elecciones si acumula más de una prórroga. Sin embargo, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco aprobó en dos ocasiones prórrogas de los presupuestos de 2024. Algo similar le ocurrió a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Al negociar las cuentas de 2023, las relaciones se rompieron por completo y Vox se unió a la izquierda para tumbar el proyecto, obligando a Ayuso a prorrogar el presupuesto anterior.La promesa de Feijóo también presenta dificultades de aplicación. La Constitución contempla la prórroga automática de los presupuestos cuando no se aprueban otros nuevos, pero el contrato no explica cómo se convertiría la acumulación de prórrogas en una obligación efectiva de convocar elecciones, más allá de un compromiso sin validez legal. De hecho, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha gobernado toda la legislatura sin sacar adelante las cuentas públicas y se le ha achacado en muchas ocasiones que él mismo prometió, antes de ser presidente, que si no presentaba presupuestos, convocaría elecciones.La palabra “verdad” ocupa un lugar central en el discurso pronunciado este lunes. Feijóo la presenta como el primero de sus principios y asegura que los españoles merecen un presidente que no les mienta. Ese compromiso llega después de la gestión política que el PP hizo de la dana del 29 de octubre de 2024 y de la prolongada defensa de su entonces president, Carlos Mazón, que dimitió un año después por la presión de los familiares de las más de 200 víctimas de la riada.Las conversaciones que el propio Feijóo aportó a la investigación judicial permiten reconstruir parte de la información que recibió aquella noche. Mazón le trasladó la gravedad de la situación, la existencia de numerosos desaparecidos y, posteriormente, la confirmación de víctimas mortales. Uno de esos mensajes puso de manifiesto una contradicción concreta: Mazón informó a Feijóo a las 23:25 de que había muertos en Utiel, pese a haber afirmado después en el Congreso que no lo supo hasta bien entrada la madrugada.El punto segundo del contrato promete respetar la libertad de prensa y evitar que el Gobierno cuestione a los jueces. Dos principios de los que el PP hace bandera cuando está en la oposición y cuya aplicación en sus propias filas admite una lectura bastante menos complaciente. El caso de Miguel Ángel Rodríguez es uno de los precedentes más claros. En marzo de 2024, el jefe de gabinete de Ayuso envió mensajes intimidatorios a elDiario.es, después de que el periódico publicara las informaciones sobre el fraude fiscal atribuido a la pareja de la presidenta madrileña. Ayuso justificó posteriormente sus palabras.El compromiso de no cuestionar a los jueces también contrasta con la hemeroteca del propio Feijóo. En junio de 2025, después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley de amnistía, el líder del PP calificó la decisión de vergüenza para cualquier demócrata. Y, desde entonces, varios de sus portavoces han cargado contra las resoluciones del tribunal de garantías y contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido.El contrato también compromete al candidato a fortalecer la sanidad pública mediante un aumento de médicos y una mejora de sus condiciones laborales y salariales. El documento no contiene cifras, calendario, financiación ni compromisos sobre la gestión pública de los servicios. Pero la comparación con las comunidades gobernadas por el PP resulta inevitable. La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Ayuso, destinó en 2024 el 12,3% de su gasto sanitario público a conciertos, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por el Observatorio del Sector Sanitario Privado. La gestión gallega del propio Feijóo también ofrece antecedentes. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo fue desarrollado mediante una fórmula de colaboración público-privada cuya financiación y funcionamiento provocaron controversias, dificultades e intervención pública.Feijóo asegura que las pensiones actuales subirán conforme al IPC y presenta su garantía para las generaciones futuras como un objetivo innegociable. La primera promesa reproduce esencialmente una obligación que ya establece la legislación vigente. La segunda es bastante más ambigua: el contrato no precisa cómo pretende garantizar la sostenibilidad del sistema ni qué reformas estaría dispuesto a aceptar.Ahí aparece Vox. José María Figaredo, portavoz económico de la formación ultra, aseguró, en vísperas de la convocatoria electoral, que “el sistema es un zombi. Lo han quebrado”. Su partido defiende combinar el actual modelo de reparto con cuentas de capitalización individual. Es decir, que el que quiera una pensión, que se la pague a través de un banco o una mutua privada. Feijóo ha intentado desmarcarse prometiendo mantener el sistema actual, pero no ha aclarado si planea alargar la edad de jubilación o recortar las prestaciones, dos mecanismos que sus aliados de la derecha europea están promoviendo en varios países.En otros apartados, la negociación con Abascal podría resultar menos conflictiva. Feijóo propone endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad, impedir las regularizaciones colectivas, reforzar las fronteras y expulsar a los extranjeros que delincan, en los términos que permita la legislación. Más que una línea roja frente a los ultras, este apartado parece ofrecer un terreno de entendimiento. La cuestión es qué distancia estaría dispuesto a recorrer Feijóo desde sus propuestas actuales hasta las exigencias más restrictivas de Vox.Son posiciones que presentan coincidencias significativas con el discurso de Vox, aunque este partido defiende medidas de mayor alcance y cuestiona de manera más xenófoba el actual modelo migratorio. El contrato también promete proteger las fronteras mediante recursos europeos y endurecer la lucha contra la inmigración irregular. El texto deja sin precisar procedimientos, cifras, financiación y medidas concretas de aplicación.El contrato de Feijóo menciona expresamente la violencia contra las mujeres, pero no desarrolla compromisos concretos sobre igualdad, financiación de las políticas contra la violencia machista o mantenimiento de su actual marco legal. Tampoco contiene referencias expresas al cambio climático, el aborto, los derechos LGTBI o la memoria democrática. En el discurso de presentación, el candidato del PP defendió el respeto a los homosexuales como uno de los valores que deben asumir quienes llegan a España. Esa referencia, sin embargo, no se traduce en un compromiso específico sobre políticas LGTBI en el documentoSon ausencias políticas significativas porque afectan a materias en las que las posiciones de PP y Vox no siempre coinciden. La educación ofrece otro ejemplo. Feijóo promete garantizar el castellano en toda España y las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, mientras Vox plantea una reorganización más profunda del sistema territorial y de las competencias autonómicas. Una indefinición que podría utilizar en su favor en el futuro.