La sostenibilidad ha dejado de ocupar un lugar secundario en la agenda empresarial española para convertirse en una cuestión directamente relacionada con la competitividad, la financiación y la capacidad de adaptación ante un escenario de incertidumbre. Las compañías ya no la contemplan solo como una respuesta a las exigencias ambientales y sociales, sino también como una vía para generar valor, reforzar su posición en el mercado y mejorar su resistencia frente a los cambios económicos. El desafío ahora consiste en demostrar que esa convicción se traduce en resultados concretos. Esta es una de las principales conclusiones de «ODS, Año 11. Una década de sostenibilidad empresarial y la recta final hacia 2030, el nuevo informe del Pacto Mundial de la ONU España», elaborado a partir de su quinta Consulta empresarial sobre desarrollo sostenible, en la que han participado 1.955 empresas de todos los tamaños y sectores. Sus resultados dibujan un panorama de avances significativos, pero también de contradicciones: mientras la sostenibilidad gana peso en las decisiones corporativas, todavía son pocas las organizaciones que la someten a compromisos públicos, cuantificables y sujetos a un calendario de cumplimiento. El dato más revelador es que el 86% de las empresas consultadas vincula la sostenibilidad con ventajas competitivas para su negocio. Además, el 53% afirma que tiene un impacto positivo en sus resultados económicos. La percepción se extiende a otros ámbitos estratégicos: el 56% considera que las prácticas sostenibles son relevantes para acceder a financiación o conseguir mejores condiciones, mientras que otro 53% asegura que han contribuido a reforzar su resiliencia ante el actual contexto de incertidumbre. La relación entre sostenibilidad y negocio parece, por tanto, cada vez más asentada. La cuestión ya no es solo qué medidas ambientales o sociales adoptan las compañías, sino cómo incorporan estos criterios a sus decisiones, qué recursos destinan a ellos y de qué manera evalúan sus efectos. La transición hacia modelos de gestión más responsables empieza a formar parte de la lógica empresarial, aunque su integración todavía presenta distintos grados de madurez. Uno de los signos más claros de esta transformación es la consolidación de perfiles profesionales especializados. El 79% de las empresas dispone ya de una persona o departamento dedicado a la sostenibilidad, frente al 57% registrado en 2022. La evolución apunta a una progresiva profesionalización de una función que ha ganado presencia dentro de las organizaciones y que requiere conocimientos específicos para coordinar políticas, evaluar impactos y trasladar los compromisos a la actividad cotidiana. También el 71% de las compañías cuenta con una estrategia o con planes específicos en este ámbito. La cifra se mantiene relativamente estable respecto a las consultas anteriores: era del 68% en 2022 y del 69% en 2024. Sin embargo, el informe advierte de que siguen predominando los planes específicos frente a las estrategias plenamente integradas en el conjunto del negocio. Esta diferencia resulta determinante. Disponer de un departamento o aprobar un plan constituye un avance, pero no garantiza por sí mismo que la sostenibilidad influya en todas las decisiones relevantes. Para que se convierta en un elemento estructural debe alcanzar ámbitos como la asignación de recursos, la gestión de riesgos, los incentivos internos y las relaciones con proveedores. «Estamos entrando en una etapa distinta de madurez», señala Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España. A su juicio, el reto ya no consiste en acumular compromisos, sino en conseguir que la sostenibilidad impregne los mecanismos que determinan cómo se crea valor en una compañía. El siguiente paso, subraya, pasa por establecer objetivos y métricas capaces de orientar las decisiones y reforzar la rendición de cuentas. La evolución de las prioridades empresariales durante la última década también refleja cambios en la manera de abordar el desarrollo sostenible. La igualdad de género continúa siendo el ámbito de actuación más extendido entre las empresas españolas. Su presencia ha aumentado del 57% en 2018 al 66% en 2026, consolidándose como la principal prioridad dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trabajados por las compañías. La energía ocupa ahora la segunda posición, con un 57% de las empresas que actúan en este campo, mientras que la producción y el consumo responsables se sitúan en tercer lugar, con un 51%. Ambos ámbitos reflejan una aproximación cada vez más operativa a la sostenibilidad, estrechamente relacionada con la gestión de los recursos y la actividad productiva. En cambio, la salud y el bienestar han perdido peso relativo. Si en 2018 constituían la segunda área de actuación, con un 51% de las empresas, en 2026 su presencia se ha reducido al 41%. Estos cambios muestran que las prioridades no permanecen estáticas. La sostenibilidad empresarial evoluciona a medida que las organizaciones incorporan nuevas cuestiones a su gestión y buscan formas de vincular sus compromisos con el funcionamiento del negocio. La transición energética y la responsabilidad en la producción y el consumo ganan protagonismo, mientras otras áreas experimentan una menor presencia en las agendas corporativas. Pese a los avances, el informe identifica una distancia considerable entre la integración de la sostenibilidad en el discurso empresarial y su traducción en compromisos verificables. El 59% de las compañías mide y evalúa su contribución a la sostenibilidad y los ODS, pero únicamente el 18% establece compromisos públicos, medibles y con un plazo definido. Este último porcentaje apenas ha variado durante los cuatro años anteriores. La diferencia es relevante porque medir una actividad no equivale necesariamente a comprometerse con un resultado. Las empresas pueden evaluar sus actuaciones y disponer de planes internos sin establecer objetivos públicos que permitan comprobar su cumplimiento a lo largo del tiempo. La falta de metas concretas dificulta, además, conocer hasta qué punto las medidas adoptadas están produciendo los cambios esperados. Las estructuras de gobierno corporativo reflejan una situación similar. Así, solo el 21% de las compañías que cuentan con consejo de administración dispone de una comisión específica de sostenibilidad, mientras que apenas el 9% vincula la retribución variable al desempeño en esta materia. La escasa conexión entre los objetivos sostenibles y los incentivos económicos constituye uno de los indicadores del recorrido que aún queda por delante. Si estos criterios no se incorporan a los mecanismos de supervisión y a las decisiones que condicionan la actividad empresarial, existe el riesgo de que permanezcan separados de las prioridades que realmente determinan la gestión. La cadena de suministro constituye otro de los grandes espacios de mejora. Según el estudio, el 63% de las empresas aplica criterios ambientales, sociales y de gobernanza —conocidos como criterios ESG, por sus siglas en inglés— en este ámbito. Sin embargo, solo una décima parte del conjunto de las compañías forma a sus proveedores en estas cuestiones. El contraste apunta a una dificultad que va más allá de las propias instalaciones o políticas internas de una organización. La sostenibilidad también depende de cómo se producen los bienes, de las condiciones en las que se prestan los servicios y de las prácticas de las empresas que forman parte de la cadena de valor. Incorporar criterios ESG a la selección de proveedores representa un paso importante, pero acompañarlos mediante formación y capacitación puede resultar esencial para extender las mejoras. De cara a 2030, el Pacto Mundial de la ONU España identifica ocho prioridades para acelerar la contribución empresarial al desarrollo sostenible. Entre ellas figuran la gobernanza, la transición climática, las cadenas de suministro, los derechos humanos y el aprovechamiento de tecnologías como la inteligencia artificial. Los datos muestran que la sostenibilidad ha ganado espacio en la estrategia empresarial española y que una amplia mayoría de compañías reconoce su relación con la competitividad. Pero también evidencian que la consolidación de estructuras y planes no siempre viene acompañada de objetivos públicos, mecanismos de supervisión e incentivos alineados con los resultados. La transformación, por tanto, no se medirá únicamente por el número de empresas que incorporen la sostenibilidad a sus documentos estratégicos, sino por su capacidad para trasladarla a las decisiones cotidianas, extenderla a sus proveedores y demostrar sus efectos. El reto es convertir una convicción cada vez más compartida en compromisos verificables y cambios duraderos. Porque, si la sostenibilidad aspira a ser una verdadera ventaja competitiva, tendrá que demostrar también que forma parte de la manera en que las empresas producen, invierten y crean valor.