Las ocupaciones de viviendas son un delito a la baja según todas las estadísticas oficiales. Los datos del Ministerio del Interior (que recoge las denuncias ante las distintas policías) o los de la Fiscalía General del Estado (procedimientos judiciales) coinciden en que la entrada en vivienda ajena de los llamados okupas viene bajando de forma ininterrumpida desde 2022. Aun así, el dato que recoge la Memoria de la Fiscalía de 2025 no es nada despreciable: el año pasado se incoaron 7.110 procedimientos judiciales (casi 20 al día) por entradas ilegales en inmuebles, un 16,9% menos que en 2024.Seguir leyendo....