La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea convocada tras la crisis de Ceuta sitúa al Gobierno español ante una cita de especial relevancia política. La reacción inicial del Ejecutivo, más inclinada a desacreditar la iniciativa impulsada por la inmensa mayoría de los Estados miembros que a comprender su alcance, ha sido un error. Convertir una preocupación compartida por los socios europeos en una supuesta maniobra ideológica solo ha debilitado la posición de España. A estas alturas, la única actitud razonable es comparecer con humildad y voluntad de ofrecer respuestas convincentes, aunque el ministro Fernando Grande-Marlaska ya haya anticipado una defensa cerrada de la actuación del Gobierno y de Marruecos. Pero la rendición de cuentas no termina en Bruselas. Si el Gobierno tiene la obligación de explicar a sus socios europeos cómo afrontó una crisis que afecta a la frontera exterior de la Unión, también debe hacerlo ante las instituciones españolas. Y eso, sencillamente, no ha ocurrido. No existe ningún indicio de que el Ejecutivo esté dispuesto a comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de unos hechos que el propio presidente del Gobierno calificó como una violación de la integridad territorial de España y un ataque a su soberanía. Precisamente porque esa fue el dictamen oficial de lo sucedido, resulta difícil comprender la ausencia de las medidas institucionales que una situación de semejante gravedad exigía. El Gobierno no convocó el Consejo de Seguridad Nacional , pese a que los acontecimientos encajaban en el supuesto de una crisis que afectaba directamente a la seguridad del Estado. Tampoco constituyó un gabinete de crisis interministerial que coordinara la respuesta política y administrativa. Y, sobre todo, volvió a relegar al Parlamento a un papel irrelevante al no solicitar a la Diputación Permanente del Congreso una convocatoria extraordinaria para informar a los representantes de los ciudadanos. Tampoco en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y que cuenta con su propia Diputación Permanente, se ha adoptado ningún tipo de iniciativa. La fortaleza de un Estado democrático no reside únicamente en su capacidad de reacción, sino también en la normalidad con la que funcionan sus mecanismos de control y rendición de cuentas. Nada de ello resta importancia a la dimensión europea de la crisis. El presidente no sólo estaba distraído en otras cosas cuando se engendró la crisis de Ceuta, sino que le ha echado más gasolina al fuego extendiendo la crisis el resto de Europa. Los socios comunitarios han entendido que la presión sufrida por Ceuta trasciende el interés nacional porque afecta a la frontera exterior de la Unión y porque responde a una forma de instrumentalización de los flujos migratorios que preocupa crecientemente a Europa. Las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los pronunciamientos adoptados en los últimos meses por distintas instituciones europeas, evidencian que el problema excede con mucho el marco bilateral entre España y Marruecos. Precisamente por eso, el Gobierno debería acudir a esta reunión con un discurso más prudente y menos defensivo. Von der Leyen intentó ayer aplacar elogiando a Madrid y Rabat, pero resulta difícil reclamar solidaridad europea cuando España rechazó en su momento el apoyo operativo de Frontex y mantiene posiciones que la han distanciado de varios socios en materia migratoria. Pero tampoco es compatible exigir comprensión en Bruselas mientras se elude el debate político en Madrid. España necesita el respaldo de sus socios europeos, y Europa tiene razones para interesarse por lo ocurrido en Ceuta. Sin embargo, la credibilidad internacional de un país comienza por la calidad de su propia respuesta institucional. El Gobierno debe atender esa doble obligación: explicar con transparencia su actuación ante Europa y rendir cuentas, sin demora, ante el Parlamento. Una exigencia no sustituye a la otra; ambas son inseparables en una democracia sólida.