La medida fue oficializada mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial. La fuerza advirtió que la negativa a prestar servicios podrá ser considerada una falta grave y derivar en sanciones administrativas y penales. Los trabajadores que asisten a las embarcaciones en las principales vías navegables interrumpieron sus servicios tras la desregulación impulsada por el Gobierno.