La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reaccionado este miércoles al último bloqueo sobre la anulación de la licencia de El Algarrobico y ha dado a conocer que la Junta de Andalucía solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule de forma supletoria la licencia de obras del hotel. Todo después de que el pleno de Carboneras aplazara la votación del acuerdo que debía encaminar ese objetivo, y lo hizo con el apoyo de cinco ediles del PSOE.España no ocultó su malestar. Cargó contra esos concejales socialistas y les afeó lo que calificó como una "traición". "Nosotros, como hemos dicho siempre, seguimos defendiendo que la solución en el ámbito del algarrobico es anular la licencia", insistió la consejera, que pidió que se haga "lo antes posible". Lo ocurrido en el pleno, reconoció, le sorprende "enormemente".Fue el propio Partido Socialista —señaló— el que bloqueó el acuerdo destinado a dar cumplimiento tanto a la sentencia del TSJA como al dictamen del Consejo Consultivo. "Es otro incumplimiento más por parte del Partido Socialista". La consejera tiró de hemeroteca reciente. Recordó que la ministra María Jesús Montero aseguró en febrero que en cinco meses se procedería a la demolición de El Algarrobico. Para España, sin embargo, a estas alturas "a nadie le extraña ya un nuevo incumplimiento" del PSOE ni de la propia Montero.El anuncio concreto fue claro. El Gabinete Jurídico de la Junta instará para que, "supletoriamente", sea el TSJA el que decrete la nulidad de la licencia "en lugar del ayuntamiento".A partir de ahí, la consejera elevó el tono. "No entendemos esta traición del Partido Socialista",. Recordó que los socialistas fueron "los máximos responsables de este atropello medioambiental" en su día y que ahora, a su juicio, tienen "que dar muchas explicaciones": no solo crearon el problema, sostuvo, sino que ahora evitan resolverlo.Las preguntas se acumularon. "¿Qué tienen que esconder en el Partido Socialista de Andalucía? ¿Por qué esta actitud?", lanzó, antes de acusar a los concejales de mostrarse "en rebeldía con la justicia" pese a que ya existe sentencia. España fue más allá y adelantó que la consejería convocará en los próximos días a la comisión mixta para exigir "explicaciones", "soluciones" y "responsabilidades".Qué pasó en el PlenoEsta reación llega después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, junto a otros cuatro ediles socialistas, respaldara la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela para dejar el expediente sobre la mesa. ¿El motivo? Recabar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias patrimoniales de anular la licencia concedida a Azata del Sol en 2003.La respuesta interna del partido no se hizo esperar. El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, anunció la apertura de expedientes a esos cinco concejales. "No se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se le habían facilitado", trasladó en rueda de prensa. Martín defendió que la posición socialista ante El Algarrobico es "inequívoca" y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular la licencia municipal. La anulación, subrayó, "es una exigencia judicial" y "la condición previa para la demolición". Tanto el TSJA como el Tribunal Supremo han dictaminado que el consistorio debe anularla "por ser contraria al ordenamiento jurídico" y por haberse otorgado sobre "suelo protegido".El voto del grupo socialista, según Martín, "debía de haber sido favorable a esa anulación", algo que —aseguró— se trasladó "expresamente" a la dirección del PSOE de Carboneras y a su grupo municipal. Y fue contundente con los plazos: el derribo "no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados". "Cuanto antes se proceda a la demolición, mejor, y si es posible, mañana mismo", añadió. ¿Pueden los expedientes acabar en expulsión? Martín fue cauto: "habrá que tramitar el expediente", dar traslado a los interesados y aplicar "lo que estatutariamente corresponda por los órganos competentes del partido"."La demolición tiene que llegar ya"También el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, insistió en la misma línea. "Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir", admitió en Sevilla sobre los motivos que llevaron a los concejales socialistas a sumarse a la petición de aplazamiento. Aun así, expresó la "absoluta contundencia" con la que el Gobierno y el PSOE apoyan la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 —bajo mandato socialista en el Ayuntamiento carbonero— para cumplir las sentencias que obligan a revisar de oficio el permiso que permitió construir en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar."La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico", reclamó Fernández, que habló de un "auténtico atentado al patrimonio ambiental" de un espacio "tan sumamente representativo" de las costas andaluzas como Cabo de Gata.