Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.Foto: FasecoldaLa Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) presentó a las campañas presidenciales y al país su hoja de ruta para el periodo 2026-2030. Su propuesta, titulada «Protección financiera para una Colombia más resiliente e incluyente», busca ser la base para las políticas del próximo gobierno y le apunta a ser integrada en el Plan Nacional de Desarrollo.En Colombia, la penetración de los seguros es de apenas un 3,29 % del PIB, lejos del promedio de la OCDE (6,2 %). En respuesta, el gremio propone que los seguros dejen de ser vistos como un producto secundario y se conviertan en una herramienta central para proteger la estabilidad de los hogares más vulnerables.«Colombia necesita avanzar hacia una visión más integral de la gestión del riesgo. No basta con prevenir; también es necesario fortalecer la capacidad financiera para recuperarse», afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.Aquí la industria sugiere específicamente vincular seguros con el crédito rural y la vivienda de interés social, incluso, incorporar microseguros en los programas de transferencias monetarias del Estado.Fuente: Fasecolda.Además, el documento planteó la posibilidad de integrar preguntas sobre gestión de riesgos en las encuestas del DANE para conocer mejor las brechas de protección y modernizar el Reporte de Inclusión Financiera para incluir indicadores específicos de seguros.Estrategia nacional frente al riesgo catastróficoLas inundaciones en Córdoba a inicios de 2026, que afectaron al 80 % del departamento, y la amenaza de un Fenómeno de Niño particularmente intenso este año motivaron a Fasecolda a proponer que se priorice la protección ante estas eventualidades.La industria parte del diagnóstico de que, en América Latina, más del 80 % de las pérdidas económicas por desastres naturales no están aseguradas, lo que obliga al Estado y a las familias a asumir los costos de recuperación. El gremio sugiere al próximo gobierno invertir en modelación de pérdidas máximas probables y consolidar un inventario nacional de activos críticos e infraestructura pública para tener información sobre el tema.Con esa información, a mediano plazo sería posible cuantificar sistemáticamente las obligaciones contingentes del Estado por desastres y fortalecer la transferencia de riesgos hacia el mercado internacional de reaseguros para aliviar la presión fiscal.De forma paralela, las empresas del ramo coincidieron en la urgencia de crear una alianza permanente entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los gobiernos territoriales y el sector asegurador para acelerar los tiempos de indemnización y recuperación posdesastre.—