La reducción de la jornada lectiva del profesorado prometía convertirse en una de las medidas estrella de la actual legislatura educativa. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado mes de abril el proyecto de ley que establece una carga máxima de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 horas en Secundaria y el resto de enseñanzas. El objetivo declarado es mejorar las condiciones laborales de los docentes y favorecer una atención más personalizada al alumnado.Sin embargo, apenas unas semanas después de su presentación, la iniciativa ha abierto un nuevo frente en el sistema educativo español. Lo que inicialmente parecía una mejora ampliamente respaldada por la comunidad educativa ha terminado provocando un intenso rechazo entre los representantes de la enseñanza concertada, que denuncian haber quedado fuera de una medida que consideran fundamental para la calidad educativa y para la igualdad de condiciones laborales entre docentes.La polémica gira en torno a una cuestión aparentemente sencilla pero con profundas implicaciones. Mientras los profesores de la enseñanza pública verían reducida su carga lectiva, el profesorado de la enseñanza concertada continuaría sometido a las condiciones actuales (hasta 24 horas de docencia) pese a desarrollar su labor en centros sostenidos con fondos públicos. Para los sindicatos, esa diferencia resulta difícil de justificar en un sistema donde ambas redes participan en la prestación del servicio público educativo.La controversia llega además en un momento especialmente delicado para los docentes. Durante los últimos años, la profesión ha experimentado una transformación profunda. A la enseñanza en el aula se han sumado crecientes exigencias administrativas, nuevas obligaciones derivadas de los cambios normativos, mayores necesidades de coordinación entre departamentos, una atención cada vez más compleja a la diversidad y una relación más intensa con las familias. "Todo ello ha incrementado la carga de trabajo de unos profesionales que llevan años reclamando más tiempo para desarrollar tareas que consideran esenciales para garantizar una educación de calidad", afirma Maripaz Agujetas, secretaria general de la Federación de Enseñanza de USO en Andalucía (Feuso).Aunque el debate público se ha centrado en las cifras de 18 y 23 horas, sindicatos y expertos recuerdan que reducir las horas lectivas no significa trabajar menos. Lo que se persigue es liberar parte del tiempo que actualmente se dedica a impartir clase para poder preparar materiales, coordinar proyectos educativos, realizar tutorías, atender a las familias y adaptar los contenidos a las necesidades específicas de cada alumno. La medida, sostienen sus defensores, busca reforzar la calidad de la enseñanza y no reducir el compromiso profesional del profesorado.Precisamente por ello, la exclusión de la concertada ha generado un profundo malestar en un sector que considera que se está creando una nueva diferencia entre profesionales que desempeñan funciones similares dentro de un mismo sistema educativo. Lo que para el Gobierno representa una mejora de las condiciones docentes se ha convertido para miles de trabajadores en un nuevo motivo de reivindicación.Protesta de FSIE por la diferencia de trato a la educación concertada.- "Por el mismo servicio público, las mismas condiciones"Los sindicatos de la enseñanza concertada han reaccionado con contundencia ante el contenido del proyecto de ley. Tanto FSIE Andalucía como USO Enseñanza coinciden en denunciar que el texto establece una diferencia injustificada entre docentes que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos y consideran que la reducción de jornada debería aplicarse también a la red concertada.Desde FSIE Andalucía, su secretario general, Rafael Martínez, sostiene que la reivindicación responde a una cuestión básica de igualdad de condiciones laborales. El dirigente sindical defiende que la concertada forma parte esencial del sistema educativo español y que sus profesionales merecen el mismo reconocimiento institucional y las mismas condiciones que el resto de trabajadores financiados con recursos públicos.La organización ha trasladado esta reclamación a las calles mediante concentraciones celebradas ante las subdelegaciones del Gobierno en Sevilla y Granada. Según explican, estas movilizaciones son la continuación de una campaña iniciada semanas atrás y que se mantendrá durante toda la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. El objetivo es lograr que los distintos grupos políticos impulsen modificaciones que permitan incluir a la enseñanza concertada dentro de la futura regulación.FSIE recuerda además que esta reivindicación no surge únicamente desde el ámbito sindical. El Consejo Escolar del Estado ha defendido en diversas ocasiones que la reducción de la carga lectiva debería extenderse también a la enseñanza concertada, una circunstancia que la organización considera especialmente significativa dada la relevancia de este órgano consultivo en materia educativa.Un nuevo proyecto de ley establece una carga máxima de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 horas en SecundariaUna posición similar mantiene USO Enseñanza, aunque el sindicato amplía el foco del debate. Maripaz Agujetas, considera que la polémica actual refleja un problema más amplio relacionado con la situación que atraviesa el profesorado. Desde la organización muestran su escepticismo ante las recientes declaraciones del Ministerio de Educación, que ha definido la actual etapa política como "la legislatura del profesorado". Para USO, la realidad cotidiana de los centros educativos ofrece una imagen muy diferente. Los docentes, aseguran, "afrontan una creciente presión burocrática derivada de la implantación de la Lomloe, con programaciones más complejas, sistemas de evaluación más exigentes y una documentación administrativa que consume cada vez más tiempo", añade Agujetas..Según el sindicato, esta carga burocrática está restando espacio a la actividad pedagógica y dificultando que los profesionales puedan dedicar todos sus esfuerzos a la atención directa del alumnado. Por ello consideran que cualquier mejora real de las condiciones laborales debería contemplar también una simplificación de estas obligaciones administrativas. La organización entiende además que la exclusión de la concertada no constituye un episodio aislado. A su juicio, existe una tendencia continuada a dejar fuera de determinadas mejoras a los profesionales de esta red educativa. La ausencia de medidas de equiparación salarial, la falta de inclusión en algunas iniciativas relacionadas con la reducción de ratios o la actual exclusión de la rebaja de jornada son interpretadas como ejemplos de una misma problemática.USO ha convertido esta reivindicación en una campaña estatal bajo el lema Concertada en lucha 18/23, una referencia directa a las horas lectivas máximas previstas para la enseñanza pública. El sindicato sostiene que existe una contradicción difícil de explicar: mientras la legislación educativa reconoce que el servicio público de educación se presta tanto a través de centros públicos como concertados, las mejoras impulsadas por el Gobierno no alcanzan por igual a ambos modelos.Para la organización, el conflicto actual también pone de manifiesto las limitaciones de un sistema de financiación que consideran desfasado. Recuerdan que buena parte de la normativa básica que regula los conciertos educativos procede de los años 80 y que los módulos económicos continúan calculándose sobre una estructura que no responde a las necesidades actuales de los centros. A su juicio, la reducción de jornada ha servido para sacar a la luz un problema que lleva años latente y que afecta tanto a las condiciones laborales del profesorado como a la propia organización de los centros concertados.La financiación, el gran obstáculoAunque comparte buena parte del diagnóstico sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado, Escuelas Católicas de Andalucía introduce un elemento que considera imprescindible para comprender el debate: la financiación educativa. La patronal mayoritaria de la enseñanza concertada no se opone a la reducción de la carga lectiva. Al contrario, reconoce que avanzar hacia mejores condiciones laborales puede contribuir a reforzar la calidad educativa y facilitar el trabajo de los docentes. Sin embargo, advierte de que cualquier medida de este tipo tiene consecuencias económicas que no pueden ignorarse.La cuestión es sencilla. Si un profesor imparte menos horas de clase, alguien debe asumir esas horas restantes. En la práctica, esto implica aumentar las plantillas docentes para mantener la misma oferta educativa. Y aumentar las plantillas supone incrementar los costes de funcionamiento de los centros.Según explica Escuelas Católicas Andalucía, en las etapas concertadas esta medida podría aplicarse siempre que viniera acompañada de la financiación correspondiente. El problema surge especialmente en enseñanzas como el Bachillerato o parte de la Formación Profesional, donde los centros no cuentan con el respaldo económico que proporciona el régimen de conciertos educativos.La organización señala que, en el caso del Bachillerato, existen aproximadamente 1,5 docentes por unidad educativa. Una reducción generalizada de la jornada lectiva obligaría a contratar nuevos profesores para cubrir todas las materias y mantener la misma calidad educativa. Si esos recursos adicionales no fueran asumidos por las administraciones, el incremento de costes terminaría repercutiendo inevitablemente en las familias o comprometiendo la viabilidad económica de numerosos proyectos educativos.Por ello, la patronal considera que el debate no debería limitarse exclusivamente a las horas lectivas. Desde hace años defiende la necesidad de abordar la financiación de etapas como el Bachillerato mediante su incorporación al régimen de conciertos educativos. A su juicio, esa medida permitiría aplicar mejoras laborales sin trasladar el coste a las familias ni poner en riesgo la sostenibilidad de los centros.Las diferencias entre sindicatos y patronal son evidentes, pero también existe un importante punto de encuentro: todos coinciden en que mejorar las condiciones laborales del profesorado requiere una financiación adecuada. Mientras los representantes de los trabajadores hablan de igualdad y reconocimiento profesional, los responsables de los centros ponen el acento en la sostenibilidad económica. Sin embargo, ambos coinciden en que cualquier solución pasa necesariamente por una mayor implicación de las administraciones.La Junta de Andalucía evita pronunciarseCon sindicatos movilizados, patronales reclamando financiación y el proyecto de ley avanzando en su tramitación parlamentaria, una de las incógnitas del debate era conocer la posición de la Junta de Andalucía, comunidad donde la enseñanza concertada tiene un peso especialmente relevante dentro del sistema educativo de casi el 20%, con ciudades como Granada donde supone un 58% del total de matrículas, seguida muy cerca de Cádiz. O el 40% en Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga.Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que actualmente dirige en funciones la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, ha optado por no pronunciarse sobre esta controversia. Tras ser consultada por este medio acerca de las reivindicaciones planteadas por sindicatos y patronales, la Administración andaluza indicó que no realizará valoraciones sobre este asunto.La ausencia de una posición oficial mantiene abiertas las incógnitas sobre el papel que podría desempeñar Andalucía en una reivindicación que afecta a miles de profesionales de la enseñanza concertada. Tanto FSIE como USO consideran que las comunidades autónomas tienen capacidad para influir en el debate y trasladar al Gobierno central la necesidad de extender la reducción de jornada a todos los docentes sostenidos con fondos públicos. Por su parte, las organizaciones empresariales insisten en que cualquier mejora laboral requerirá inevitablemente un esfuerzo adicional de financiación por parte de las administraciones educativas.Mientras el proyecto de ley continúa su recorrido parlamentario, el debate trasciende ya la mera discusión sobre horarios lectivos. Lo que está sobre la mesa es el encaje de la enseñanza concertada dentro del sistema educativo y el grado de equiparación que deben tener sus profesionales respecto a los docentes de la red pública. Una cuestión que, lejos de cerrarse, promete seguir generando controversia durante los próximos meses y que mantiene a miles de profesores pendientes de una decisión que puede afectar directamente a sus condiciones laborales.