El magistrado investigará un contrato en el que participó una empresa del empresario Barrabés y en el que la Fiscalía Europea considera que pudo incurrirse en delitos de prevaricación y fraude El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir una nueva pieza separada en el caso en el que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para investigar posibles irregularidades en la licitación de un contrato público que fue adjudicado a una UTE en la que participaba una empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en la causa. Lo hace después de que la Fiscalía Europea, por orden del juez de garantías, no se pueda hacer cargo de esta investigación que nace de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO). Así consta en una providencia, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, que bebe de un decreto de la Fiscalía Europea en el que se detalla que la adjudicación objeto de investigación “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión”. En concreto, el Ministerio Fiscal europeo indicaba que la posible irregularidad aparecía en un expediente de Red.es que ganó la UTE en la que estaba la empresa de Barrabés y la consultora KPMG -el 044/20-ED relativo al Servicio de la Oficina Acelera Pyme Servicio de Apoyo y Asesoramiento-. La financiación de ese proyecto corría a cargo de fondos FEDER, fondos europeos, y los fiscales indican que del informe de la UCO se desprende que en la adjudicación “se habría obviado la inexistencia de un libro blanco” que era requisito necesario para concursar, según recogían los pliegos. Esa rama de la investigación europea fue recurrida por la defensa de Barrabés. Ante el juez de garantías -el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña- su defensa indicó que la Fiscalía pretendía “reiniciar a capricho la investigación de unos hechos” que ya habían sido instruidos durante casi dos años en el procedimiento abierto por el juez Juan Carlos Peinado “con el pretexto de una sospecha policial irrelevante que no ha sido apreciada ni por el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”.