Una mujer ha sido condenada a un año de prisión por ejercer la violencia contra dos profesionales sanitarias del consultorio de Prado del Rey, en la Sierra de Cádiz. Los hechos, según recoge la sentencia, incluyeron agresiones, insultos y amenazas contra una médica y una celadora en tres ocasiones distintas.La resolución ha sido dictada por el Tribunal de Instancia de Jerez, Sección de lo Penal número 3, que considera a la acusada autora de un delito de atentado contra personal sanitario, un delito leve de maltrato de obra, un delito menos grave de amenazas y un delito leve de amenazas. Los hechos ocurrieron entre los meses de enero y mayo de 2019 en el consultorio de Prado del Rey y también en la sala de vistas del juzgado de Ubrique, donde la ahora condenada volvió a amenazar a las dos perjudicadas, según se recoge en la sentencia.El primer episodio: gritos, zarandeos y amenazas en la sala de esperaLa sentencia declara que el 23 de enero de 2019 una médica del consultorio salió a la sala de espera después de escuchar un gran vocerío. Su intención era pedir silencio a los usuarios presentes, pero en ese momento la condenada y otra persona la agarraron por el brazo y la zarandearon. Durante ese incidente, la facultativa recibió insultos y amenazas. La situación también afectó a una celadora del centro, que intentó intervenir para separar a los agresores y que igualmente fue objeto de insultos y amenazas.El caso no quedó ahí. La resolución judicial señala que el 2 de mayo de ese mismo año se produjo un nuevo episodio en el que volvieron a amenazar a la médica, llegando incluso a perseguirla e intimidarla. Días después, el 9 de mayo, la ahora condenada volvió a amenazar tanto a la médica como a la celadora. En esta ocasión, los hechos tuvieron lugar en la propia sala de vistas del juzgado de Ubrique.Prisión, multas, alejamiento e indemnizacionesPor estos hechos, la acusada ha sido condenada a seis meses de prisión por el delito de atentado contra personal sanitario y a otros seis meses de prisión por el delito menos grave de amenazas. La sentencia incluye además la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.La resolución impone también la prohibición de aproximarse a las perjudicadas a menos de 200 metros de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier lugar en el que se encuentren. Del mismo modo, le prohíbe comunicarse con ellas por cualquier medio durante un año.Además, la condenada deberá afrontar penas de multa por los delitos leves de maltrato de obra y amenazas, así como indemnizaciones de 200 euros para cada una de las perjudicadas, el pago de los intereses legales y las costas procesales. La sentencia acuerda igualmente la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad durante dos años, condicionada al cumplimiento de los requisitos legales establecidos.La Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han mostrado su satisfacción por esta sentencia condenatoria. Ambas instituciones han subrayado que las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios tienen consecuencias penales y han reiterado su firme compromiso de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario.