Paradojas de la vida y de la política: cuando estaba en la oposición, el PP de Almuñécar denunció numerosos convenios urbanísticos presentados por quien entonces era el alcalde, Juan Carlos Benavides, porque observó que eran claramente irregulares. Dos décadas después, el PP está al frente del gobierno municipal y tiene que pagar las consecuencias mientras quien fue regidor queda libre de culpa. Es lo que acaba de suceder. Una sentencia firme obliga al Ayuntamiento de Almuñécar a pagar casi 20 millones de euros por un convenio urbanístico firmado en 2005 y que permitía incrementar de manera significativa la edificabilidad en una zona de la ciudad, Velilla-Taramay, que estaba pendiente de desarrollar por el futuro Plan General de Ordenación Urbana. O... Ver Más