Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia. El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carlos Betancourt, desmintió que existiera un texto para radicar una nueva reforma tributaria. Sin embargo, señaló que el Ministerio de Hacienda viene trabajando en la iniciativa con la finalidad de obtener un mayor recaudo. En la agenda mediática se ha señalado que una de las pretensiones del Gobierno sería aplicar impuestos sobre los combustibles, lo que se sumaría a otros tributos que ya se aplicaron sobre el sector energético, en particular desde 2022, cuando el gobierno Petro sacó adelante su reforma tributaria para incrementar los recursos del erario.Entre las medidas aplicadas durante el mandato del presidente y que están en vigencia está una tarifa de 35 % para el impuesto sobre la renta a sociedades, en la cual se establecieron puntos adicionales para contribuyentes dedicados a la extracción de petróleo y carbón. En este segmento, la tarifa podría incrementar hasta 50 %. También hay una sobretasa de tres puntos porcentuales para compañías dedicadas a la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos.Pero el anterior impuesto no se limita ahí, sino que estas empresas quedaron con un impuesto sobre la renta de 38 % entre 2023 y 2026, siempre y cuando su renta líquida gravable sea igual o superior a 30.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), lo que equivale a más de $1.571 millones, según confirmó el abogado tributarista, Carlos Rodríguez, socio fundador de Esquerra JHR. Debe aclararse que los puntos de una eventual reforma tributaria no se conocen con exactitud hasta la fecha de esta publicación.El jurista agregó que la retención en la fuente incrementó para todo el sector, llegando a una tarifa única de 4,50 %. Mientras que antes hubo una tarifa a la extracción de gas de 1,80 %, oro y metales preciosos (2,40 %), extracción de hulla o carbón de piedra (2,20 %), generación de energía eléctrica (2,20 %) y la captación, tratamiento y distribución de agua (2,20 %). Por otro lado, existe un impuesto al patrimonio, aunque este solo aplica para 2026. La tarifa general para las empresas se fijó en 0,5 %, pero existe una diferencial para las compañías dedicadas a la extracción de hulla, carbón y petróleo, que fue fijada en 1,6 %.“Entre 2022 y 2026, la política tributaria adoptada durante el gobierno del presidente Petro introdujo varias medidas que incrementaron de manera significativa la carga fiscal de las actividades minero-energéticas. Las reformas comprendieron sobretasas en el impuesto sobre la renta, limitaciones al tratamiento fiscal de las regalías, aumentos en las tarifas de autorretención, la creación de tributos temporales sobre la extracción y comercialización de hidrocarburos (petróleo – gas) y carbón, así como la ampliación del impuesto al patrimonio a determinadas personas jurídicas”, expresó Rodríguez.Durante la administración Petro hubo otro tipo de impuestos que se aplicaron, pero ya no están vigentes. Un ejemplo de ello fue el impuesto temporal al carbón y al petróleo exportado, el cual contemplaba una tarifa aplicable de 1 %. En cuanto a lo que significaría un alza de impuestos para los combustibles en una eventual reforma tributaria, Rodríguez señaló que este tributo representaría una carga adicional para un sector que ya enfrenta sobretasas en renta, mayores autorretenciones, tarifas diferenciales por el impuesto al patrimonio e impuestos temporales.“Para las compañías productoras y comercializadoras, la medida podría reducir sus márgenes, aumentar las necesidades de liquidez y afectar la rentabilidad de inversiones intensivas en capital y expuestas a la volatilidad internacional. Aunque el gravamen recaiga jurídicamente sobre determinados agentes de la cadena, existe el riesgo de que parte de su costo económico se traslade al precio de los combustibles, con efectos sobre el transporte, la producción, la inflación y la competitividad del país”, agregó el abogado.Con base en lo anterior, mencionó que la adopción de una eventual reforma debe valorar no solamente el recaudo que espera obtener, sino también la acumulación de cargas para el sector energético, así como la capacidad real de contribución que este tiene y los efectos que una mayor carga tendría sobre las decisiones de inversión y la seguridad energética.Sector de y gasífero. Imagen: Atlascompany generada con AI en FreepikPor su parte, Juan Sebastián Torres, Tax Lead Partner de BDO en Colombia, manifestó que entre las principales medidas aplicadas al sector se encuentran impuestos para actividades extractivas, gravámenes a las exportaciones de petróleo, gas y carbón, y también el fortalecimiento de instrumentos ambientales como el impuesto al carbono. Según comentó, la tendencia apunta a un aumento en la contribución fiscal de sectores asociados a combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón.“En combustibles, la carga no se expresa principalmente como porcentajes, sino como tarifas fijas, las cuales pueden ser diferentes en el caso del impuesto a la gasolina y al aceite combustible para motores, o del impuesto nacional al carbono. Las tarifas pueden ir desde $210 por galón hasta aproximadamente $1.500 por galón, según el tipo de combustible y el impuesto aplicable. También existen tarifas que se calculan por metro cúbico o por tonelada”, explicó.También dijo que, cuando aumenta la carga sobre los principales proveedores de combustibles y energía, se ven impactados sectores como logística, manufactura, agroindustria y transporte, ya que las operaciones de estos segmentos dependen de los costos de la energía y los combustibles.“Un nuevo impuesto a los combustibles sería catastrófico para el sector, pero las implicaciones irían más allá. En el corto plazo podría generar ingresos para el Estado y reforzar señales orientadas a la transición hacia fuentes de energía más limpias. Sin embargo, también podría traducirse en mayores costos para todos los sectores de la economía, incrementando presiones sobre los costos de producción y eventualmente sobre los precios al consumidor”, aseguró.Es por ello que mencionó que, el principal reto está en encontrar un equilibrio entre las necesidades fiscales, la competitividad económica y los objetivos ambientales. Torres añadió que, desde la perspectiva de la inversión extranjera, es tan importante el nivel de los impuestos como la estabilidad de las reglas de juego.Carbón en Colombia. Imagen: elintransigente.comLa postura de los gremiosFrank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), expresó que el aumento de la carga fiscal ha incidido en decisiones de inversión, particularmente en planes de largo plazo que requieren estabilidad regulatoria, competitividad y altos niveles de capital. Según dijo, esto se evidencia en una menor actividad de exploración y, con ello, en menos oportunidades para incorporar nuevas reservas de petróleo y gas. Para él, todo esto genera consecuencias como menores ingresos fiscales, menos regalías, menor empleo y dinamismo económico a nivel regional.“Colombia compite por atraer inversión con otros países productores de petróleo y gas. Cuando las condiciones tributarias, regulatorias o institucionales resultan menos competitivas, el capital tiende a dirigirse a destinos que ofrecen mayor estabilidad y previsibilidad, como Brasil, Guyana, Argentina, México y ahora Venezuela”, expresó.Según mencionó el dirigente gremial, la solución no está en gravar más, sino en atraer inversión y mejorar los mecanismos que redistribuyen los beneficios del sector, como el Sistema General de Regalías. Añadió que los combustibles líquidos ya tienen impuestos como la sobretasa, el IVA sobre algunos componentes de la cadena y el impuesto al carbono, lo que se traduce en mayores precios para los consumidores. Concluyó que, en caso de que una nueva tributaria impacte al sector de los combustibles, habría mayores costos para los usuarios de gasolina y diésel.Destacado: Tras la compra de Primax, más de 60 % del mercado de gasolineras en Colombia quedó concentrado en estas dos empresas: Terpel y BiomaxLa posición del gobierno Petro y los candidatos a la PresidenciaEl presidente de Colombia ha señalado en múltiples ocasiones que el país debe dar un viraje en su política energética, transitando hacia energías renovables. Lo anterior tiene relación con el debate sobre un eventual impuesto a los combustibles, ya que estos son derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel. El mandatario ha señalado en múltiples ocasiones que desea desincentivar este sector económico (petróleo y gas) y promover las energías renovables, así como impulsar otros sectores de la economía, como la agroindustria o el turismo.Por su parte, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, propone una política bastante similar a la del gobierno Petro, en la cual la política energética siga dando un viraje importante hacia las energías renovables. En la agenda mediática, ha manifestado que tendrá una postura razonable en materia de transición energética, pero no ha señalado de manera contundente si incentivará la producción de petróleo y gas mediante mecanismos como, por ejemplo, la reactivación de la exploración en Colombia, que permitiría dar paso a la explotación de estos energéticos.Por otro lado, Abelardo De la Espriella, candidato de la oposición, ha señalado con contundencia que reactivará la explotación de petróleo y gas, avanzará en materia de fracking. También ha manifestado que, en términos generales, la economía necesita una menor regulación y carga tributaria con la finalidad de incentivar la inversión y el dinamismo en el mercado.