El Ayuntamiento de Cádiz y la Defensoría del Pueblo Andaluz han escenificado este martes una llamativa sintonía en una materia tan compleja como el sinhogarismo. El alcalde de la ciudad, Bruno García, y el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, han mantenido una reunión de trabajo centrada en la atención a las personas sin hogar y en los problemas de acceso a la vivienda, dos de los principales desafíos sociales que afronta actualmente la capital gaditana.Tras el encuentro, ambos responsables destacaron los avances realizados en los últimos años en la atención a las personas más vulnerables, aunque coincidieron en que aún queda un largo camino por recorrer. La reunión también sirvió para abordar la situación de los edificios de Puntales y otros asuntos relacionados con la emergencia habitacional que vive la ciudad.Imagen de la reunión de trabajo en el Ayuntamiento gaditano.-José María ReynaUno de los datos más relevantes expuestos por el Ayuntamiento fue la evolución del censo de personas sin hogar. Según explicó García, la ciudad ha pasado de contabilizar 117 personas en 2023 a 192 en 2026. Sin embargo, mientras el número de personas que pernoctan en la calle apenas ha aumentado —de 72 a 77—, las que disponen de algún recurso de alojamiento han crecido de forma significativa, pasando de 45 a 114.El alcalde defendió que este incremento demuestra el esfuerzo realizado por el Consistorio para ampliar la red de atención. En este sentido, recordó la puesta en marcha de nuevos recursos, la ampliación de plazas, la rehabilitación del albergue municipal y la creación de programas de acompañamiento social orientados a la inclusión. Además, anunció que el nuevo contrato de atención a personas sin hogar, previsto para noviembre, incorporará más presupuesto y servicios."Esta es una ciudad de acogida y siempre lo va a seguir siendo", afirmó García, quien insistió en que la prioridad del Ayuntamiento es mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y avanzar hacia modelos que no se limiten a ofrecer un techo temporal, sino que faciliten procesos de integración social.Maeztu respaldó públicamente la labor desarrollada por el Consistorio gaditano y llegó a situarlo como una referencia en Andalucía en la atención al sinhogarismo. El defensor recordó que fue el propio alcalde quien, poco después de acceder al cargo, le trasladó su voluntad de convertir esta cuestión en una prioridad municipal.Rueda de prensa posterior a la reunión mantenida.-José María Reyna"Con el mejor Ayuntamiento que puedo hablar de sinhogarismo es Cádiz", aseguró. A su juicio, la ciudad ha avanzado desde un modelo centrado exclusivamente en la acogida de emergencia hacia otro más orientado a proporcionar vivienda estable y acompañamiento social, siguiendo la filosofía del denominado housing first.No obstante, Maeztu advirtió de que muchos de los problemas que afectan a las personas sin hogar exceden las competencias municipales. En este sentido, reclamó una mayor coordinación entre administraciones para abordar situaciones vinculadas a la salud mental, las adicciones o la exclusión social severa. "Cuando una persona no tiene vivienda, prácticamente pierde el acceso a todos los derechos", subrayó.El defensor anunció además que la institución elaborará una resolución específica sobre la situación del sinhogarismo en Cádiz, basada en la información recabada durante los últimos meses y en las aportaciones de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno. Su intención es que las conclusiones puedan servir de guía para otros municipios andaluces.Redoblar los esfuerzos para promover vivienda públicaLa vivienda ocupó también una parte importante de la reunión. Maeztu destacó que Cádiz se encuentra en una situación de "emergencia habitacional" y valoró los proyectos municipales destinados a incrementar el parque residencial y facilitar el acceso a viviendas asequibles. En su opinión, todas las administraciones deben redoblar los esfuerzos para promover vivienda pública a precios compatibles con los salarios actuales.Durante su comparecencia, el defensor aprovechó además para reclamar a los ayuntamientos que faciliten el empadronamiento de personas que residen en sus municipios, independientemente de que dispongan o no de un título legal sobre la vivienda que ocupan. Según recordó, la normativa obliga a empadronar a quien pueda acreditar su residencia habitual, un requisito que considera fundamental para acceder a derechos y procesos de regularización administrativa.Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo, en el encuentro.-José María ReynaLa visita de Maeztu incluyó también un análisis de la situación de Puntales y del Cerro del Moro, dos zonas en las que la Defensoría ha intervenido durante años. Sobre este último barrio, mostró su confianza en que los últimos vecinos pendientes de aceptar las condiciones de realojo alcancen finalmente un acuerdo con la Junta de Andalucía.La reunión concluyó con el compromiso de ambas instituciones de seguir colaborando en la búsqueda de soluciones para los problemas de vivienda y exclusión social que afectan a la ciudad. Un trabajo que, según coincidieron García y Maeztu, exige recursos, coordinación y una actuación sostenida en el tiempo.