El PSOE tiene las horas contadas. Los casos aparentes de corrupción -no es la primera vez en este partido- y un acoso y derribo – judicial, policial y mediático- como nunca había existido en nuestra democracia, llevará sin remedio al PSOE hasta su futura desaparición. Cualquier persona ideológicamente imparcial ve que los asuntos jurídicos con fondo político no avanzan igual para unos partidos y para otros. No es sólo el PSOE, son muchos ciudadanos libres los que ven con claridad que hay dos varas de medir. Aceptar que existe Lawfare en España es decir que no existe democracia. Un problema, que de existir, sería el problema principal que tiene España. Y el problema no es que el PSOE pueda cuestionar la parcialidad de la justicia y de otras instituciones, sino que una gran parte de la población española también lo percibe así. Y hay motivos para ello. Uno de esos motivos es que algunos partidos -la derecha y ultraderecha- saben de las investigaciones judiciales mucho antes que los implicados lo sepan, lo que es inaudito en un estado de derecho. Las frasecitas como “otro que va palante”, “vienen curvas para Zapatero” o informaciones adelantando futuras y próximas imputaciones de los rivales políticos en los medios afines, denota filtraciones interesadas, falta del necesario secreto de sumario y cuestionamiento perverso de la presunción de inocencia.A través de los numerosos medios afines -muchos de ellos digitales que llegan al gran público por algoritmos- se levanta un ruido tan enorme que la condena social a una persona o a un partido ya es inapelable. Da igual el resultado final del proceso judicial, el daño político ya está hecho. Hay otros motivos para pensar que parte de la Justicia no está actuando con imparcialidad en casusas con trasfondo político. Y lamentablemente para la Democracia es uno de los mayores tribunales garantes- la sala II del Tribunal Supremo- el que se lleva el protagonismo. En referencia a la Ley de Amnistía, aprobada por la mayoría parlamentaria soberana, guste o no guste, este tribunal ha hecho todo lo posible para paralizar su aplicación. Y lo ha conseguido. Con un filibusterismo judicial propio de estudio jurídico, ha observado una supuesta malversación de los líderes del “Procés” que ha paralizado de hecho la Ley de Amnistía, convirtiéndola en un bluf, en una ley fallida. El problema independentista catalán volverá a resurgir cuando la derecha y ultraderecha vuelvan a gobernar, y según determine el Tribunal Europeo sobre la malversación, donde está ahora la causa, el independentismo podría tener mayor gasolina por la actuación judicial muy discutible contra sus líderes. ¿Y qué decir de Podemos? – Un partido que uno puede odiar si quiere, pero que no justifica los ríos de bulos absurdos que ha padecido en los tribunales y en el ejército de medios de comunicación contrarios. Más de 25 causas judiciales abiertas a sus líderes cuestionando su patrimonio ilegal, la financiación ilegal del partido, la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales, etc. Por suerte para Podemos las denuncias eran tan extravagantes y las pruebas tan inexistentes, a pesar de existir informes policiales parciales y contundentes contra la formación morada, que todas se han archivado. Pero el ruido mediático y el jaleo de los adversarios políticos ha conllevado que Podemos haya prácticamente desaparecido del panorama político. No es la única causa, pero el acoso y derribo judicial, policial y mediático que ha sufrido Podemos ha influido muchísimo en su cuasi desaparición. ¿Se puede hablar de Lawfare? Y para muchos, lo que ocurrió con Podemos y los independentistas le está pasando ahora al PSOE, de una manera aún más descarada. Denuncias continuas por las asociaciones ultras de siempre, ruido mediático incluyendo claros bulos, jueces que imputan, instrucciones claramente retrospectivas para ver qué delito se encuentra, Audiencias que no archivan, informes policiales contundentes sobre indicios hechos con ahínco pero muy discutibles y que son la base principal de las imputaciones. Y los rivales políticos frotándose las manos con el lodo desatado. Si alguien ha metido la mano en la caja que vaya a la cárcel, sea del partido que sea. Y parece que han existido corruptelas en el PSOE dignas de juicios y de cárcel. El problema es que para muchos juristas, jueces y ciudadanos formados hay otros muchos casos que no se sostienen. El juicio rapidísimo – a diferencia de otros de rivales políticos- y rápida condena al fiscal General por soplo de secretos no es compartida por gran parte de la ciudadanía que ha percibido una condena política por un tribunal ideologizado. Los juicios contra el hermano y la mujer de Sánchez -claramente retrospectivos para quien escribe este artículo- parecen también para muchos una persecución política para forzar la dimisión del presidente. El hermano ganó una plaza por concurso en la Diputación de Badajoz sin que nadie impugnase ni iniciase un contencioso. Se le denunció 8 años después porque supuestamente tenía un alto patrimonio y no iba a trabajar, lo que no ha resultado ser cierto. La cosa pasó a ser un enchufe descarado con imputación de numerosos funcionarios y cargos políticos. Un informe policial discutible, pero demoledor, asevera que todos los acusados formaban una mafia. Probablemente serán condenados, pero para muchos es un juicio retrospectivo y político. OpiniónEn la Feria de Jerez durante los años 20 se bailaba el charlestón Jesús Caballero Ragel Begoña Gómez fue denunciada por adherirse a un empresario que había presentado una licitación pública que le fue concedida. Lo hizo junto a 30 personas físicas y jurídicas más, que por supuesto no han sido imputadas. Después se pasó a ser juzgada por un software de una cátedra que había registrado, supuestamente para lucrase y sin autorización. Después se imputa a su asesora por hacer lo que han hecho hasta ahora todas las asesoras de señoras de presidentes y de reinas, ayudarla en sus cosas privadas. Se le ha querido imputar más cosas (Plus Ultra, etc.), a otros ministros (Bolaños) ¿Una investigación retrospectiva hasta ver qué se encuentra? Zapatero puede haberse convertido en un lobby empresarial que cobra por cualquier cosa, éticamente alejado de una actitud socialista- vaya que no es Julio Anguita que volvió a su escuela y se jubiló con su pensión de maestro- pero por eso no es un delincuente. Habrá que demostrarlo. Otro informe policial demoledor y también muy discutible sobre indicios lo pone como “capo” de una mafia de tráfico de influencias. Para muchos, otro juicio político más. El caso Leire Díaz o de las cloacas del PSOE solo interesa para imputar al presidente Sánchez como “number one” – es lo que se persigue- o al PSOE por financiación ilegal. Este caso prueba la falta de control del PSOE sobre hechos corruptos o malas prácticas en torno a su partido, permitiendo y pagando a esta señora para sus diabólicas mañas, que tendrán que demostrarse que también son delitos. En fin, el PSOE, entre la corrupción propia y el supuesto lawfare está muerto. En las próximas elecciones, que están próximas, desaparecerá del mapa político. Sumar y Podemos seguirán un camino parecido, no crecerán. Es el final que están teniendo todos los partidos socialdemócratas y de izquierdas de Europa ante la avalancha de los ultranacionalismos patrióticos fascistas y racistas. Vienen años de gobierno de derechas que irán perdiendo poder ante el auge de la ultraderecha. Por otra parte, se mantendrán o crecerán los partidos soberanistas territoriales, de izquierda y derecha, PNV, BILDU, Bloque Nacionalista Gallego, Junts, Ezquerra Republicana de Cataluña, Adelante Andalucía, Alianza Catalana, Coalición Canaria, etc., que aumentarán las tendencias políticas anti centralistas o separatistas en oposición a los gobiernos de derechas. Esta será la siguiente realidad política a la que va a conducir la corrupción socialista y la perceptible, para muchos, parcialidad de la Justicia. Un panorama inquietante, que solo podría contrarrestar un Frente Popular, que no se va a producir por las viscerales diferencias de la Izquierda en España. Pero el gran debate que debe abrirse en España es si Tribunales de Justicia y cuerpos policiales están ideologizados y están actuando con parcialidad en sus actuaciones o si seguimos en el confort de pensar que tenemos una perfecta democracia garantista, donde cualquier crítica a actuaciones policiales o judiciales significa ir contra las instituciones, la Democracia y el Estado de Derecho. La Democracia está en peligro cuando por una cosa o por la otra, los ciudadanos perciben que no hay plena democracia. Y si realmente no la hay sólo somos una vulgar República Bananera. Perdón, una vulgar Monarquía Bananera.