La Asamblea de Residentes del Complejo Universitario Flora Tristán ha denunciado una situación de incertidumbre que afecta a personas residentes, trabajadoras y asociaciones del edificio. El detonante: el anuncio de unas supuestas obras sobre las que, dicen, no se ha comunicado nada. Esas obras les obligan a abandonar la residencia el 31 de julio, dejando, según denuncian, a decenas de personas en situación de vulnerabilidad, migrantes y menores sin amparo.Los residentes critican la subida de precios, la falta de transparencia y la ausencia de garantías de cara al próximo curso. Pero su mayor temor va más allá. Les preocupa una posible privatización del edificio y la destrucción del proyecto social, algo que consideran un nuevo ataque al Polígono Sur y a la línea de aislamiento que, aseguran, sufren los barrios obreros. Sus exigencias son la paralización del desalojo, el mantenimiento de las plazas y de los puestos de trabajo, la mejora del edificio y la continuidad del proyecto social. También reclaman comunicaciones oficiales y la presencia de responsables que den explicaciones públicas, incorporando a la comunidad y al barrio en las decisiones.Para hacerse oír, han convocado un encierro, una manifestación el martes 16 de junio a las 20:00 horas en la puerta de la Flora Tristán y su participación en la Manifestación Nacional por la Vivienda del 19 de junio, a las 16:30, frente al Parlamento de Andalucía. Su lema lo resume todo: "La vivienda y la Flora Tristán no son un negocio".La respuesta de la Universidad llegó en un comunicado. La institución sale al paso de las informaciones difundidas en redes sobre el cierre, el despido masivo y el abandono de los proyectos sociales. La UPO recuerda que es titular del inmueble y que, en los últimos años, han aparecido numerosas deficiencias estructurales y de habitabilidad. Por eso encargó un informe técnico a una empresa especializada. El dictamen definitivo, de agosto de 2025, concluye que las incidencias "no son puntuales, sino consecuencia de problemas estructurales" derivados del diseño original del edificio y de un mantenimiento insuficiente. El informe detecta 39 incidencias, varias calificadas como graves o críticas. La Universidad insiste: realizar las intervenciones es "la única vía" para dar continuidad al proyecto durante los próximos años.Sobre los proyectos sociales, la UPO sostiene que no solo se mantienen, sino que se han duplicado. Cita el Espacio Internacional de Innovación Social, la colaboración con la Fundación Manolita Chen, la Clínica Jurídica o el trabajo en los centros educativos del barrio. Asegura que 152 personas se benefician hoy de estas iniciativas y promete buscar soluciones provisionales en espacios seguros si las obras obligan a un traslado. Sobre los trabajadores, la Universidad afirma mantener un firme compromiso con la protección del empleo, prometiendo soluciones que compatibilicen la mejora de las instalaciones con la estabilidad laboral