El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero. Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios". Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente. "Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".