Los fiscales generales de un grupo de estados americanos, liderados por la fiscal de Nueva York, enviaron a OpenAI el 12 de junio de 2026 una subpoena de amplio alcance solicitando documentación sobre sus actividades, políticas y el impacto de sus productos en los usuarios. Lo cuenta Engadget citando el Wall Street Journal, que revisó directamente el documento.La citación llega en un momento en que OpenAI está valorada en 852.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación en marzo. Eso hace de esta investigación algo más que una presión regulatoria de fondo: es la primera vez que una coalición coordinada de fiscales estatales formula preguntas concretas y legalmente exigibles a la empresa más valiosa del sector de IA generativa, en un momento en que el proceso hacia su salida a bolsa está activo.Qué cubre la subpoena y por qué es significativaEl alcance de lo que los fiscales quieren saber es inusualmente amplio. Según el WSJ, la subpoena de la fiscal general de Nueva York pide documentación sobre:Publicidad: cómo OpenAI diseña y ejecuta su estrategia publicitaria en productos como ChatGPT.Comportamiento de usuarios: métricas de engagement y retención, incluyendo qué mecanismos diseñados específicamente para maximizar el tiempo de uso.Gestión de datos: cómo se tratan los datos de los usuarios, incluyendo información de salud, qué se conserva, cuánto tiempo y con quién se comparte.Usuarios especiales: interacciones con menores y con personas mayores, cómo detecta OpenAI estas poblaciones y qué protecciones aplica o no aplica.Sicopofancia: el comportamiento de los modelos de decir a los usuarios lo que quieren oír en lugar de lo que es correcto. Que los fiscales incluyan este punto es notable: es la primera vez que vemos a reguladores interesarse específicamente en el fenómeno técnico de la adulación de los LLMs como potencial daño al usuario.Modelos internos de deep learning: documentación técnica sobre los propios modelos.La investigación no nace de la nada. En 2025, 44 fiscales generales enviaron una carta colectiva a Meta, Google, Apple, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Perplexity AI y XAI sobre los riesgos de sus chatbots para menores. En diciembre del mismo año, la Asociación Nacional de Fiscales Generales advirtió a múltiples compañías de que sus servicios podrían estar violando ilegalmente regulaciones estatales. OpenAI ya sabía que esto llegaba.El contexto de las demandas previas que alimentan esta investigaciónLa coalición de fiscales tiene material abundante con el que trabajar. La fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió en abril una investigación criminal contra OpenAI tras el tiroteo de la Universidad Estatal de Florida: el sospechoso había usado ChatGPT antes del ataque. El 1 de junio, el mismo Uthmeier presentó una demanda civil de 83 páginas contra OpenAI y el CEO Sam Altman personalmente, argumentando que la empresa lanzó conscientemente un producto inseguro. La demanda cita casos en que ChatGPT habría «ayudado a planear tiroteos masivos» y «llevado a personas al suicidio», y atribuye el problema a la búsqueda insaciable de OpenAI por ganar la carrera de la IA.Hay además una demanda de un padre en Florida vinculada a la muerte de su hijo después de interacciones con la plataforma de IA Character.AI, que ha llevado a varios estados a revisar si los chatbots cumplen con sus propias regulaciones sobre protección de menores.Tras cubrir la presión regulatoria sobre OpenAI durante el último año, lo que distingue esta subpoena de la retórica anterior es su especificidad legal. No es una carta de preocupación: es un documento con consecuencias si no se responde. OpenAI ha dicho que cooperará, y Anthropic no está en la lista de investigados por ahora, pero cualquier precedente regulatorio que se establezca aquí va a afectar a toda la industria.Lo que esto implica para el IPO y para el sectorEl momento es delicado. OpenAI está en proceso de transformar su estructura para facilitar una eventual salida a bolsa. Una investigación coordinada de fiscales generales que puede derivar en medidas correctivas —cambios en diseño de producto, obligaciones de transparencia, restricciones sobre menores— añade incertidumbre a un proceso ya complicado por la demanda de Elon Musk y la supervisión de los fiscales de California y Delaware sobre la conversión corporativa.Para el sector en general, el punto de la sicopofancia merece atención especial. Si los reguladores establecen que los modelos tienen una obligación de precisión que supera la de satisfacer al usuario, eso cambia los criterios de diseño y evaluación de todos los LLMs, no solo de ChatGPT.OpenAI tiene una posición conocida: la IA es tecnología nueva y poderosa, y la empresa trabaja para usarla de forma responsable. Es una respuesta razonable para la prensa, pero ante una subpoena requiere documentos, no declaraciones de principios.Mi valoraciónLo que más me convence del movimiento de los fiscales es el foco en sicopofancia. Hasta ahora el debate regulatorio sobre chatbots se había centrado en contenido dañino, privacidad y menores. Que los fiscales pregunten específicamente si los modelos están diseñados para decirte lo que quieres oír —y no lo que es correcto— abre una línea regulatoria que toca directamente el diseño de los modelos de RLHF. Es una pregunta técnica disfrazada de pregunta legal, y es la correcta.Lo que más me preocupa es que la subpoena llegue sin un marco legal federal claro. En ausencia de regulación federal de IA en EE.UU., los fiscales estatales actúan cada uno con sus propias leyes de protección de consumidores, privacidad y comercio. Eso puede llevar a soluciones fragmentadas por estado, que son costosas para las empresas y confusas para los usuarios, en lugar de reglas uniformes.Lo más estructuralmente significativo es que esta investigación es la primera vez que vemos a un actor regulatorio americano con capacidad legal real —no recomendaciones, no cartas, sino subpoenas con consecuencias— preguntar a OpenAI cómo funciona su negocio por dentro. El resultado puede ser nada, puede ser acuerdos negociados con cambios de producto, o puede ser litigios que establezcan jurisprudencia sobre responsabilidad de los chatbots. Las tres opciones cambian el paisaje.Mi predicción: en 18 meses hay algún tipo de acuerdo entre la coalición de fiscales y OpenAI que incluye compromisos de transparencia sobre menores, límites de engagement y la creación de un mecanismo de reporte de daños. Es el modelo que YouTube siguió con la FTC en 2019, y probablemente sea el camino de menor resistencia.Preguntas frecuentes¿Afecta esta investigación a usuarios de ChatGPT fuera de EE.UU.?De forma directa, no. La subpoena es un instrumento legal americano que afecta a OpenAI como empresa y puede derivar en cambios de producto o política que sí impacten a todos los usuarios. Si los fiscales logran que OpenAI implemente salvaguardas adicionales para menores o cambie cómo gestiona datos de salud, esas modificaciones probablemente se aplicarán globalmente, aunque el proceso regulatorio sea americano.¿Qué diferencia hay entre esta subpoena y la demanda de Florida?La demanda de Florida presentada el 1 de junio es una acción civil de un fiscal general individual contra OpenAI y Sam Altman personalmente, buscando compensación por daños alegados. La subpoena de la coalición es una herramienta de investigación: no acusa a OpenAI de nada todavía, sino que le exige entregar documentación para que los fiscales decidan si hay base para acciones legales posteriores. Son dos frentes distintos que pueden avanzar en paralelo.¿Puede OpenAI negarse a responder la subpoena?Técnicamente puede impugnarla legalmente, pero hacerlo generaría un conflicto adicional con los fiscales en un momento en que la empresa necesita cooperación regulatoria para su IPO. OpenAI ya ha indicado que tiene intención de «cooperar constructivamente» con las oficinas de los fiscales. En la práctica, las empresas negocian el alcance de lo que entregan, pero rara vez se niegan en bloque.La noticia Una coalición de fiscales generales investiga OpenAI con una subpoena masiva: publicidad, datos de salud, sicopofancia de ChatGPT y uso por menores en el punto de mira fue publicada originalmente en Wwwhatsnew.com por Natalia Polo.