La Guardia Civil entregó al juez un informe en diciembre en el que destacaba que la empresa del supuesto soborno a un directivo de Quirón tenía "medios relacionados con tratamientos de belleza" y que, sin embargo, facturó a la empresa sanitaria por trabajos de consultoríaHacienda investiga a un directivo de Quirón por el supuesto reparto de una comisión por mascarillas con la pareja de Ayuso La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó durante un mes y medio la información de la causa contra el empresario y comisionista Alberto González Amador y concluyó, de forma provisional, que una de sus empresas “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que facturaba a Quirón Prevención, división de la empresa de la sanidad privada que recibe fondos de la Comunidad de Madrid que alcanzan los mil millones de euros anuales. La Guardia Civil alude a Masterman & Whitaker, la empresa que rebautizó González Amador tras comprársela a la mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención del que depende la práctica totalidad de la facturación de la principal sociedad de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona. “Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, dice el informe. Además, coincidiendo con lo que ya analizó Hacienda, los medios de Círculo de Belleza –luego Masterman– “estarían totalmente amortizados”. Los medios de Círculo de Belleza consistían en tres instrumentos de depilación y un ordenador portátil. No tenía empleados y el último ejercicio facturó menos de 30.000 euros. Aun así, González Amador pagó a la mujer de su amigo medio millón de euros. El informe de la UCO está fechado el 19 de diciembre, momento en el que, como adelantó elDiario.es, solicitó al juez Antonio Viejo una serie de diligencias a practicar dentro de la pieza separada que se investiga por corrupción en los negocios y administración desleal. Tal y como apunto la anterior jueza, que implicó a la UCO en la investigación, la Guardia Civil ya plantea en su informe inicial que la pareja de la presidenta madrileña también haya cometido blanqueo de capitales. La investigación, según revela la UCO, acumula ya cuatro tomos. Solo han declarado como investigados hasta ahora González Amador y Gloria Carrasco. Los tiempos del actual juez prometen que uno de los principales implicados en la trama, Fernando Camino, no declare hasta dentro de meses. Esa pieza indaga en la compra por González Amador de una empresa sin apenas valor por la que pagó medio millón de euros. La dueña era Gloria Carrasco, esposa del directivo de Qurión Fernando Camino, que es el principal contratista de la pareja de Ayuso desde al menos 2017. Los investigadores creen que el medio millón encubría el pago de una parte de la comisión por una compraventa de mascarillas en la que Fernando Camino habría ocultado su participación. Esa operación es, según la Fiscalía, un presunto “soborno” a Camino que habría intervenido para que otra empresa en la que era consejero comprara 42 millones de material sanitario en pandemia a una empresa que había pactado previamente una importante comisión con González Amador. Ambos se habrían concertado y después repartido la comisión, que rozó en total los 2 millones de euros. Antes de que González Amador comprara esa empresa sin apenas valor, Círculo de Belleza, tanto Fernando Camino como el hermano de Gloria Carrasco vendieron sus acciones en fechas previas a la farmacéutica. La UCO considera en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, que es “significativo las importantes diferencias entre los precios abonados por las participaciones de la mercantil Círculo de Belleza en un corto periodo de tiempo” antes de la venta por medio millón de euros. Esto es, las acciones se vendieron por un precio muy pequeño en comparación con la venta posterior de la empresa. Además, la Unidad Central Operativa dice que “parece lógico” que, al menos, parte de los fondos utilizados para comprar Círculo de Belleza SL, “tendrían su origen precisamente” en la comisión de dos millones de euros que consiguió la pareja de Ayuso gracias a la actuación encubierta de Fernando Camino. En diciembre pasado, la UCO ya se quejaba al juez de que no había tenido acceso a toda la documentación del caso. El pasado 11 de junio, hace una semana, elDiario.es publicó que por fin el juez autorizaba a la Guardia Civil a acceder a las cuentas de González Amador y Gloria Carrasco, pero que le denegaba, por el momento, acceder a la información sobre sus sociedades y datos tributarios, cuya petición argumentan los investigadores en el informe que hoy revela este medio. La Guardia Civil entró en el caso de la pareja de Ayuso por orden de la anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, que se jubiló en verano. El actual titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, se incorporó en octubre, envió la documenación a la UCO en noviembre y ha accedido a las peticiones que recibió de la Guardia Ciivl en diciembre hace una semana. En el auto tumba dos de las tres solicitades de los agentes.