La decisión de la Comunidad de Madrid de exigir el empadronamiento para expedir el abono transporte desde este lunes ha terminado por convertirse en una nueva batalla política. Una batalla en la que tiene mucho que ver el momento en que se ha decidido adoptar la decisión, con un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros abierto y con el ruido de fondo de la "prioridad nacional" agitada por Vox. La oposición regional vincula directamente con ello una medida que se tacha de "racista" y anuncia una batería de iniciativas para tratar de frenarla entre las que no se descarta el recurrir a los tribunales, pero también desde el Gobierno central se llama a Isabel Díaz Ayuso a rectificar en una polémica en la que ha entrado Renfe en cuanto operador de Cercanías, cuyos servicios también están cubiertos por la Tarjeta de Transporte Público Personal. Seguir leyendo....