El grupo Verdes de Europa-Tarifa ha presentado un recurso contra el proyecto de instalación de baterías de 200 MW de potencia previsto en el Valle de la Luz, en Tarifa. La formación defiende que la transición energética no puede acometerse a costa de la biodiversidad y ya en mayo de 2026 había pedido al Ministerio la paralización de la planta, al considerar que contradice la última sentencia del Tribunal Europeo de 2023. El proyecto inició su tramitación en 2022. Dos años después, el Ministerio para la Transición Ecológica emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable —uno de los primeros permisos de este tipo para grandes baterías en España— y en junio de 2026 se autorizó su construcción.Los argumentos del grupo giran en torno al valor natural del enclave. Recuerdan que la instalación se ubica en una de las zonas de mayor valor ecológico del sur de Europa, un punto estratégico para la migración de aves entre Europa y África. Según el propio expediente, en el entorno habitan especies protegidas como el alimoche, catalogado en peligro de extinción, el águila perdicera, el aguilucho cenizo y diversas colonias de murciélagos.Critican que la Administración haya dado luz verde pese a reconocer la necesidad de futuras medidas correctoras, estudios complementarios y actuaciones compensatorias aún sin desarrollar, lo que a su juicio vulnera el Principio de Precaución. También cuestionan que no se haya evaluado con rigor el efecto acumulativo de la creciente concentración de infraestructuras energéticas en una comarca sometida a fuerte presión territorial.La portavoz, Rosmarie Hennecke, lo resume así: "El proyecto, como tantos otros, parte de la premisa de que la actividad humana ya ha alterado el entorno. Se sostiene, por un lado, que el paisaje está antropizado por la presencia de infraestructuras de transporte y edificaciones y, por otro, que la zona ya se encuentra tan transformada que la planta de almacenamiento no tendría un impacto significativo. Cuestiono este razonamiento porque responde a una lógica preocupante: si un área se considera alterada, se asume que puede seguir recibiendo nuevas infraestructuras. Esta visión ha favorecido durante años la expansión progresiva y acumulativa de instalaciones sobre el territorio. Por ello, la antropización previa no debe utilizarse como excusa para justificar actuaciones que incrementen la presión sobre el paisaje y el medio natural".El recurso añade que la resolución omite la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo 2030 y la directiva sobre vigilancia y resiliencia del suelo. En su detalle técnico, señalan que la planta ocupa unas 5,18 hectáreas, requiere unos 98.919 m³ de desmonte y 121.126 m³ de terraplén, modifica la orografía natural y obliga a rediseñar taludes. Concluyen que el proyecto presenta riesgos ambientales, de seguridad y de gestión de residuos, además de un elevado peligro de incendios o explosiones. El grupo anuncia que pedirá una investigación ante la Comisión Europea.La instalación recurrida, denominada ST Palmosilla, fue promovida inicialmente por Rolwind y adquirida después por Engie. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le ha concedido la autorización administrativa. Tendrá una potencia de 200 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 885 MWh, lo que la convierte en uno de los mayores proyectos independientes de almacenamiento eléctrico tramitados en el país. Funcionará como planta stand-alone, conectada a la red para guardar electricidad cuando hay disponibilidad y devolverla en momentos de mayor demanda, con una duración de descarga de cuatro horas. Empleará baterías de ion-litio y condensadores síncronos de 15 kV que, sin almacenar energía, aportan inercia, control de tensión y potencia reactiva para estabilizar la red.La operación de Engie incluye también un proyecto en Álora (Málaga); juntos suman 278 MW y más de 1.100 MWh. En Tarifa, la inversión supera los 100 millones de euros, con la construcción prevista para 2027 y la entrada en operación en 2028, a la espera de completar los trámites pendientes.