Mensajes claveCada vez más, la evolución del conflicto entre Cuba y Estados Unidos (EEUU) apunta a la búsqueda de una solución bilateral, cualquiera sea su naturaleza.Más allá de la fuerte presión de la Administración Trump, los problemas estructurales de la economía cubana eran previos a su llegada a la Casa Blanca, no sólo en 2025 sino incluso en 2017.En las condiciones actuales es difícil que se produzca en Cuba una intervención militar de gran magnitud, que implique poner tropas sobre el terreno. Sin embargo, no habría que descartar acciones más puntuales.Cuba no es Venezuela y replicar en la isla el modelo de “transición” venezolana es complicado, si bien la Administración estadounidense, en aras de buscar la estabilidad y evitar el caos, no apuesta por un cambio de régimen en las actuales circunstancias.AnálisisLas relaciones entre EEUU y Cuba constituyen uno de los casos más singulares y duraderos de confrontación bilateral en la política internacional contemporánea. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 ambos países mantienen una relación marcada por la desconfianza mutua y la rivalidad ideológica. Aunque en las últimas seis décadas se han producido episodios puntuales de acercamiento, ninguno ha logrado alterar de manera permanente los elementos estructurales que condicionan la relación.El resultado ha sido una política caracterizada por ciclos recurrentes de distensión y endurecimiento, donde las decisiones adoptadas por una Administración estadounidense solían ser parcial o totalmente revertidas por la siguiente. La desesperación de Washington aumentaba tras comprobarse que ni la política del puño cerrado ni la de la mano abierta servían para cambiar el statu quo cubano ni para alterar la naturaleza del régimen castrista, una situación agravada por los distintos fracasos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en sus intentos de liquidar a Fidel Castro.La persistencia de esta situación responde tanto a factores históricos como políticos e institucionales. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 1961 y la imposición del embargo económico en 1962, Cuba pasó a ocupar un lugar excepcional en la política exterior estadounidense. Más allá de las consideraciones estratégicas derivadas de la Guerra Fría, la isla se convirtió en un tema muy vinculado a la política interna de EEUU, dada la influencia del exilio cubano en Miami y su peso electoral en Florida y otros estados con importante presencia cubanoamericana. La dimensión interna adquirió mayor relevancia tras aprobarse la Ley Helms-Burton o Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (LIBERTAD) de 1996, que incorporó el embargo al ordenamiento jurídico estadounidense, limitó significativamente la capacidad presidencial para modificarlo unilateralmente y otorgó al Congreso un mayor margen de acción. Desde entonces, cualquier avance hacia una normalización plena ha quedado condicionado tanto por las dinámicas políticas internas de EEUU como por la evolución del sistema político cubano.Ni siquiera el acercamiento impulsado por la Administración Obama entre 2014 y 2016 logró alterar estos fundamentos. Aunque el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas y la ampliación de los intercambios económicos y humanos supusieron el mayor avance bilateral en décadas, el empecinamiento de la dirigencia cubana en no impulsar ningún tipo de reformas mantuvo intacto el embargo, a la vez que el Congreso mantenía su capacidad de veto sobre cualquier transformación estructural de la política hacia Cuba.La posterior reversión de buena parte de estas medidas bajo la primera Administración Trump y la limitada prioridad otorgada al tema por Joe Biden reforzaron la percepción de que la relación bilateral seguía condicionada por inercias políticas y legales difíciles de superar. En vísperas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, las relaciones entre ambos países continuaban definidas por una combinación de sanciones económicas, contactos diplomáticos limitados y una profunda falta de confianza mutua.Sin embargo, los acontecimientos ocurridos a partir de enero de 2026 alteraron este marco tradicional de análisis. Hoy estamos ante una situación totalmente diferente. Por un lado, el desplome absoluto del sistema cubano, acelerado por la caída de Nicolás Maduro, aunque anclado en cuestiones estructurales, consecuencia directa de décadas de mala administración. Por el otro, un aumento de la presión estadounidense a niveles no conocidos en el pasado. La suma de ambos factores ha llevado a muchos analistas a especular con un inminente cambio de régimen, a lo sumo antes del fin de 2026. La cuestión clave, como se verá más adelante, es precisar cuál será el factor desencadenante, si la desintegración interna ante la asfixia económica, una intervención militar extranjera o una negociación. Tampoco sería descartable una combinación de al menos dos de esos factores.De ahí que dos de los principales objetivos de este Análisis sean: (a) determinar si es replicable en Cuba el modelo venezolano de transición impuesto por Washington en Caracas tras la operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026 y (b) analizar hasta qué punto es posible que EEUU lance algún tipo de intervención militar para acabar con el régimen castrista, como exige una parte del exilio cubano de Miami. Sin saber la profundidad del cambio, muchos analistas ven posible un desenlace más o menos rápido, incluso antes de finales de año.Regreso de la máxima presiónLa política cubana de Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, se centró inicialmente en restaurar y reforzar la estrategia de máxima presión aplicada durante su primer mandato. Entre 2017 y 2021, esa estrategia, cuyo principal objetivo era retrotraer la situación alcanzada por Barack Obama, se basó en cerrar la Embajada en La Habana, imponer restricciones a los viajes de los estadounidenses a la isla, limitar las remesas, ampliar las sanciones financieras, activar el Título III de la Ley Helms-Burton y reincorporar Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (fue incluida por primera vez en 1982 por Ronald Reagan y retirada por Obama en 2015). Tras el regreso de Trump, se revirtieron rápidamente varias de las medidas de Joe Biden, devolviendo a Cuba a la condición de Estado terrorista, restableciendo restricciones sobre empresas vinculadas al aparato militar y al Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el gran holding económico vinculado a la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que controla una parte importante de los sectores estratégicos de la economía cubana, y endureciendo las sanciones contra funcionarios del régimen. En junio de 2025 se aprobó un nuevo Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional que reforzó la aplicación del embargo, limitó las transacciones con entidades controladas por el Estado y endureció las restricciones a los viajes y actividades económicas relacionadas con la isla, aunque con ciertas y notables excepciones en beneficio de intereses estadounidenses.Durante 2025 la política hacia La Habana siguió moviéndose, por tanto, dentro de los parámetros tradicionales de presión económica y diplomática. El primer cambio surge cuando Cuba comienza a ser percibida en Washington no sólo como una cuestión de democracia y derechos humanos, sino también como un elemento de la competencia estratégica de EEUU con Rusia y China en el hemisferio occidental. El desarrollo del Corolario Trump-Monroe en la Estrategia de Defensa Nacional de diciembre de 2025 reforzó las líneas maestras de la política trazada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. A partir de ahí, la Administración Trump empezó a ejercer una presión sin precedentes sobre el histórico aliado de Venezuela, incorporando a su política consideraciones energéticas, militares y de seguridad nacional.Ya en 2026 y tras la captura de Maduro, el primer paso en la nueva política de presión fue la pérdida del petróleo venezolano suministrado durante años en condiciones muy favorables, acelerando drásticamente el deterioro energético. La economía cubana ya atravesaba una profunda crisis y la obsolescencia del sistema de generación eléctrico antes de la operación Resolución Absoluta era un hecho palpable. Durante 2024 y 2025 se produjeron siete apagones nacionales y en las provincias se programaban cortes de luz de 18 horas diarias.El efecto se vio agravado por el hecho de que Washington trató de impedir que Cuba sustituyera fácilmente el suministro venezolano mediante compras a terceros países, como México y Rusia. La combinación de ambos factores provocó una grave crisis energética, multiplicó los apagones y en apenas unos meses empujó a la isla al borde del caos económico y social, haciendo también colapsar la industria turística, una fuente crucial de divisas para el régimen.La situación interna se ha mantenido crítica desde entonces. Cuba está al borde del desplome, con un Estado absolutamente ineficiente e incapaz de garantizar los servicios públicos esenciales, no solo electricidad, sino también educación, salud o la recogida de basuras. En realidad, lo único que hoy funciona son los aparatos de seguridad e inteligencia del Estado, los únicos garantes de la paz y la estabilidad social, más allá de un nivel de protestas sociales desconocidas en el pasado como respuesta a la falta de energía. Junto a ellos también funcionan la Iglesia católica y el sector privado, aunque con una dinámica diferente de las anteriores.Del lado estadounidense, sin embargo, se han transmitidomensajes aparentemente contradictorios sobre el futuro de la isla. Por una parte, algunos responsables gubernamentales han dejado entrever que Washington persigue activamente una transformación profunda del régimen castrista, que de ser posible debería producirse antes de finales de 2026, en línea con el deseo de parte del exilio cubano. Otros sugieren que EEUU estaría dispuesto a aceptar una transición pacífica, gradual y controlada. En ese contexto, ha surgido incluso la idea de encontrar una especie de “Delcy cubana”, una figura procedente de las entrañas del sistema y capaz de impulsar la apertura sin provocar un colapso social e institucional. El propio secretario Rubio reconoció en febrero de 2026 que Cuba necesitaba cambiar, pero que ese cambio no tenía por qué producirse “de golpe” ni “de un día para otro”.El modelo venezolanoAplicar en Cuba el modelo venezolano resulta bastante complicado, más allá del deseo de la Casa Blanca de mantener el orden y la estabilidad, intentando evitar un escenario de caos, totalmente contrario para sus propios intereses. Y si bien Cuba no es Venezuela, predomina en Washington la idea de no abrir las puertas a un escenario de inestabilidad. La primera gran diferencia, más allá del tamaño y de la riqueza de ambos países, es que resulta muy difícil encontrar un o una Delcy cubana, aunque al mismo tiempo es complicado encontrar una María Corina Machado dentro o fuera de la isla. La segunda, que la extracción de algún dirigente o dirigentes de renombre, como ocurrió con Maduro, sería más complicado y habría que aplicar una mayor dosis de fuerza, con las consecuencias negativas que esto podría tener. Son muchos los que claman en La Habana por una respuesta más contundente frente a EEUU, una especie de venganza, después de la muerte de los 32 operativos de sus servicios de inteligencia durante la operación Resolución Absoluta.A esto se agrega la existencia de una importante comunidad cubanoamericana que tiene un poder político, incluso un elevado nivel de representación y de presión, del que todavía carece la comunidad venezolana, muy presente en la Florida (Doral), pero sin la potencia de los anteriores. Así como después del 3 de enero Trump pudo imponer con cierta facilidad a Delcy Rodríguez al frente del gobierno transitorio, una solución de este estilo, aunque finalmente ocurriera, generaría fuertes resistencias en Miami y podría restar un voto hasta la fecha considerado cautivo. Por último, un problema más grave que en Venezuela es la extrema debilidad de la sociedad civil y la ausencia de una oposición medianamente organizada y que no esté infiltrada por el aparato de seguridad.A pesar de la ambigüedad de la administración, la presión económica y la amenaza militar, la Administración Trump ha mantenido contactos discretos con interlocutores cubanos con el objetivo de explorar una salida negociada, lo que indica que Washington puede desear cambios profundos sin querer asumir los costes de un colapso desordenado. El derrumbe total del castrismo podría abrir la caja de Pandora, convirtiendo a Cuba en un estado fallido, un nuevo Haití y con el agravante de su mayor proximidad a EEUU. Pero mientras se mantenga la estabilidad y el orden interno, lo que de momento está asegurado por el aparato de seguridad del régimen, más allá de la retórica y de la propaganda, Cuba no representa ninguna amenaza seria para EEUU. Si lo sería en caso de ocurrir una deriva pronunciada hacia el caos, la violencia y la extensión del narcotráfico, es decir, la “haitianización” del país, vista con bastante recelo, incluso por aquellos sectores republicanos más próximos a las posiciones cubanoamericanas.Más que exigir un derrumbe inmediato del régimen, Washington parece por tanto más dispuesto a aceptar una combinación de apertura económica, reformas limitadas y cooperación en materia de seguridad. Para que hubiera acuerdo sería necesario que el régimen realizara diversas concesiones, comenzando por la apertura económica y las reformas necesarias para hacerla realidad. También serían necesarias garantías de seguridad en relación con la presencia china y rusa, ciertas libertades políticas, lo que no significaría necesariamente la convocatoria de elecciones libres, aunque sí la liberación de los presos políticos, especialmente de los más emblemáticos y la devolución de las propiedades confiscadas en 1959.De nuevo, una salida negociada como escenario preferido por Trump y Rubio sería muy mal visto en Miami. Hoy por hoy, las demandas de una parte importante de la colonia cubanoamericana son inasumibles para el gobierno, que no incluye claramente en sus planes ni un cambio de régimen ni la democratización del país.A la vista de esto, una conclusión rápida en este contexto podría ser que lo que es bueno para EEUU es malo para Miami. Para Trump un buen acuerdo supondría el mantenimiento del orden y la estabilidad en Cuba, y la apertura de su economía para las empresas estadounidenses, comenzando por el proveedor de internet Starlink (que, aunque de forma ilegal, ya está presente en la isla). Este proceso tendría lugar, incluso, a partir del reemplazo de las empresas canadienses y europeas (españolas) ya presentes en la economía local.Sin embargo, hasta hoy La Habana no parece asumir plenamente las condiciones planteadas por EEUU. Un punto de partida que dificulta la negociación es que dentro del gobierno de Miguel Díaz Canel no hay ningún tipo de consenso sobre qué hacer y sobre el rumbo que se le debe dar al país en una situación tan crítica como la actual. En su lugar, se ha ido optando por una estrategia de concesiones limitadas, como la liberación de algunos presos políticos, la aprobación de medidas de amnistía y la promesa de facilitar determinadas inversiones de cubanoamericanos. Desde la perspectiva estadounidense, que espera ver cuanto antes cambios en Cuba, estas medidas resultan claramente insuficientes, lo que no permite responder a las peticiones de la contraparte cubana.Al mismo tiempo, el régimen ha continuado proyectando confianza tanto al exterior como hacia sus propios seguidores. La guerra en Irán además reforzó su percepción de que el tiempo podía jugar a su favor. La Habana apostó por resistir la presión, aumentar su margen de maniobra y evitar enfrentarse a las exigencias estadounidenses. Si lograban aguantar hasta las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, el desgaste internacional de Washington y un posible rechazo de los votantes al intervencionismo exterior podrían reducir la presión. Desde esa lógica, la Administración Trump acabaría aceptando concesiones limitadas o simplemente desplazaría su atención hacia otras prioridades estratégicas.Un paso más alláLa Casa Blanca parece hacer perdido la paciencia. Una orden ejecutiva del 1 de mayo otorgó al departamento del Tesoro y al departamento de Estado amplias facultades para imponer sanciones secundarias a empresas extranjeras que mantuvieran relaciones comerciales con entidades estatales cubanas en sectores considerados estratégicos. La medida supuso un salto cualitativo en la política estadounidense. Aunque la compleja arquitectura de sanciones –centrada en el embargo vigente desde 1962 y reforzada posteriormente por la Ley Helms-Burton– había condicionado durante décadas las relaciones económicas de terceros países con La Habana, Washington nunca había amenazado de forma tan explícita a ciertas empresas extranjeras con restringir su acceso al sistema financiero estadounidense si seguían operando en Cuba. El efecto fue casi inmediato y varias compañías internacionales comenzaron a revisar o suspender sus operaciones en la isla ante el riesgo de perder acceso a mercados, financiación o servicios bancarios vinculados a EEUU. Luego llegó la visita de John Ratcliffe, director de la CIA, a La Habana, apenas un día después de que el ministro de Energía cubano admitiera que la isla había agotado sus reservas de petróleo. Días después militares estadounidenses se desplazaron a la parte cubana de Guantánamo. Más allá de su contenido concreto, ambas visitas reflejaban una elevación del expediente cubano dentro de las prioridades de Washington. La cuestión había dejado de ser una preocupación limitada a Rubio o a los sectores más duros del exilio cubanoamericano. Cuba se integraba cada vez más en una estrategia más amplia de competencia geopolítica en el hemisferio occidental, convirtiéndose en un asunto de interés directo para la Casa Blanca y para el aparato de seguridad nacional estadounidense.Las visitas de tan alto nivel entre ambos países han sido escasas incluso en los momentos de mayor acercamiento bilateral. Por eso, la presencia de Ratcliffe resultaba llamativa en medio de la presión de la Administración Trump. La iniciativa sugería que Washington seguía dispuesto a explorar una salida negociada, aunque también transmitía que el margen para alcanzarla se estaba reduciendo rápidamente. En otras palabras, la Casa Blanca quería dejar claro que sus advertencias y amenazas debían tomarse en serio.También trasmitió que las exigencias estadounidenses iban más allá de simples reformas económicas. Además de una apertura gradual de la economía y la liberación de presos políticos, Washington reclamaba cambios significativos en el ámbito de la seguridad nacional. Para la CIA y otros sectores de la Administración, una normalización real de las relaciones pasaba por reducir drásticamente la presencia e influencia de Rusia y China, incluyendo la revisión de los acuerdos de inteligencia y vigilancia con ambos países.El siguiente paso estadounidense tuvo una enorme carga simbólica. El 20 de mayo, los fiscales federales del Distrito Sur de Florida anunciaron una acusación formal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. La fecha y el lugar del anuncio no fueron casuales y algunas interpretaciones planteaban la posibilidad de algún movimiento de mayor envergadura. El 20 de mayo se conmemora el nacimiento de la República de Cuba (1902), mientras la rueda de prensa se celebró en la Freedom Tower de Miami, un histórico centro de acogida de refugiados cubanos.La acusación planteó una pregunta inevitable de por qué no se actuó 30 años atrás. Aunque en su momento Washington condenó duramente el incidente y respondió aprobando la Ley LIBERTAD, una imputación formal contra uno de los principales dirigentes cubanos hubiera supuesto una escalada diplomática de gran magnitud. Tres décadas después, la Administración Trump parecía perseguir un objetivo distinto, utilizando el caso no sólo como instrumento judicial, sino también como mensaje político dirigido tanto al régimen cubano como al exilio de Florida. Además, las recientes informaciones de que La Habana había acumulado 300 drones defensivos suministrados por Rusia e Irán han reforzado el argumento de la Administración de que Cuba supone una amenaza para la seguridad nacional, aunque a la vista del poderío militar estadounidense la magnitud real de esta amenaza es bastante irrelevante.La medida contra Castro vino acompañada de un muy bien articulado mensaje en español al pueblo cubano de Rubio, que atacaba al régimen tratando de deslegitimarlo y ofrecía a los cubanos una “nueva relación” con la Administración Trump. Una nueva relación que trataba de demostrar la buena voluntad de su gobierno a partir de ciertas medidas, entre ellas la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria (alimentos y medicinas). La única condición para entregarla era que fuesen distribuidos por una organización benéfica como la Iglesia católica y no por el gobierno. También se había cursado la autorización, a finales de marzo, para que un petrolero ruso suministrara crudo a la isla.¿Intervención militar o presión coercitiva?El 20 de mayo hubo también otro paso significativo. El Comando Sur (SOUTHCOM) anunció la llegada al Caribe del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz. No era una herramienta militar aislada sino una pieza más de una campaña de coerción. Tampoco el preludio de una operación militar inmediata de gran envergadura sino una demostración de fuerza y una señal política a La Habana. Aunque un portaaviones proporciona una importante capacidad de ataque y disuasión, por sí solo no constituye la clase de fuerza necesaria para llevar a cabo la captura de dirigentes políticos o una operación de cambio de régimen. Además, el propio despliegue del USS Nimitz formaba parte desde marzo de 2026 de la misión regional Southern Seas 2026 de SOUTHCOM, dándole al movimiento una explicación operativa previa.Gran parte de los medios navales y aéreos que el Pentágono había concentrado para la operación contra Maduro fueron reasignados al conflicto con Irán. Más importante aún, no hay indicios públicos de una acumulación de fuerzas terrestres o de operaciones especiales que normalmente precedería a una intervención directa. La presencia del USS Nimitz parece responder más a una estrategia de presión psicológica y coerción diplomática que a la preparación inmediata de una acción militar contra el régimen cubano.Tampoco hay que olvidar que la península de Florida está a 90 millas de territorio cubano y que la base militar de Guantánamo está dentro de la isla, lo que aumenta el riesgo de que se golpee a blancos militares o civiles estadounidenses ante algún tipo de acción militar.A pesar de todo, existen elementos que permiten contemplar la posibilidad de un desenlace rápido, impulsado por algún tipo de acción militar limitada, sea un bombardeo aéreo o una operación comando. De producirse, lo más probable es que ocurra en lo que resta de junio y julio, cuando la percepción de urgencia sigue siendo elevada. A medida que se acerquen las elecciones legislativas de noviembre, aumentará previsiblemente la aversión política en Washington a asumir riesgos militares con resultados inciertos. En ese contexto, y especialmente si el Partido Republicano obtuviera un resultado negativo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una operación de esta naturaleza –y más aún una intervención directa– resultaría políticamente más difícil de plantear a partir de 2027.A pesar de que algún tipo de una acción militar no esté totalmente descartada, el principal problema para Washington seguiría siendo el escenario posterior a una eventual caída del régimen. Dada la resistencia de Trump de poner tropas sobre el terreno, entre otros motivos para no contradecir a la base MAGA, resultaría esencial el mantenimiento del orden en la isla, especialmente en los primeros días tras un eventual colapso interno. Tanto en el Pentágono como entre algunos senadores republicanos hay resistencia también a una operación de estabilización y pacificación que requeriría de al menos 100.000 efectivos. Algo muy distinto sería el reparto de ayuda humanitaria a gran escala, lo que implicaría algún tipo de acuerdo con el gobierno cubano.ConclusionesLa evolución del conflicto entre Cuba y EEUU aboca cada vez más a una solución estrictamente bilateral, donde buena parte de los actores internacionales que en otro momento hubieran podido o querido tener un mayor protagonismo en la transición cubana se abstienen de intervenir. Es el caso de China y Rusia, por un lado, o de la UE, por el otro. También de América Latina que ante los planteamientos del Corolario Trump-Monroe apuesta por un perfil más bajo, incluso en el caso de los dos grandes países de la región, Brasil y México, que pese a contar con gobiernos de izquierda se han abstenido de manifestarse abiertamente contra Trump por su política cubana.En las condiciones actuales es difícil que más allá del desplome del gobierno cubano se asista a un cambio de régimen o incluso a una operación militar estadounidense de una cierta envergadura. El temor a desplegar tropas sobre el terreno, pero también a que Cuba se suma en el caos (desorden social e inestabilidad política), llevan a la Administración Trump a apostar por una negociación con el aparato de seguridad e inteligencia cubanos. La búsqueda de una salida negociada se vería favorecida por el escaso interés de la Casa Blanca en potenciar la democracia en la isla y pensar más en la implantación de ciertas reformas y retoques que faciliten la presencia de inversiones y empresas estadounidenses en Cuba.Si bien las relaciones entre EEUU y Cuba pueden encontrarse en uno de sus momentos más tensos en décadas, lo cierto es que la realidad económica y humana entre ambos países sigue siendo mucho más compleja de lo que sugiere el enfrentamiento político. Los vuelos directos desde EEUU continúan operando, mientras que las exportaciones estadounidenses de combustibles, alimentos y productos agrícolas se mantienen en niveles históricamente elevados gracias a las excepciones previstas dentro del propio régimen de sanciones. Al mismo tiempo, las remesas enviadas por la diáspora cubana residente en EEUU constituyen una de las principales fuentes de divisas (y de supervivencia) para un número importante de familias. Todo esto no hace más que reforzar al sector privado, que si bien aún se mantiene en niveles limitados tiene un protagonismo cada vez mayor.Más allá de las tensiones entre ambos gobiernos, los vínculos familiares, económicos y sociales entre los cubanos de dentro y fuera del país se han intensificado durante las últimas décadas. En muchos aspectos, la reconciliación informal entre buena parte de la diáspora y la sociedad cubana ha avanzado más de lo que suelen reconocer tanto los discursos oficiales de La Habana como los de Washington y es sobre estas bases sobre la que se debería trabajar para impulsar la reconstrucción posterior del país. Sin embargo, por sí sólo esto sería insuficiente y haría falta un importante impulso financiero, especialmente para situar las diezmadas infraestructuras en niveles operacionales aceptables.Dada la falta de consensos básicos en las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC) y entre los principales mandos militares, los líderes cubanos se resisten a negociar su futuro político y económico bajo presión extrema de EEUU, como siempre lo han hecho y esperan seguir haciéndolo, aunque el tiempo se les está acabando irremediablemente. Una situación semejante les evoca recuerdos históricos dolorosos. En 1901, los delegados que redactaron la primera constitución republicana se enfrentaron a un amargo dilema cuando Washington condicionó el fin de su ocupación militar de cuatro años tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 a la vigencia de la Enmienda Platt, que suponía la presencia de límites constitucionales a su soberanía. Con dicho precedente en mente, Fidel Castro y otros revolucionarios afirmarían más tarde que aceptar esos términos fue una traición fundamental a los ideales por los que los luchadores por la independencia habían dado su vida en el siglo XIX.El pueblo cubano merece un futuro viable y el cambio parece cada vez más inevitable. La pregunta es si se producirá a través de un desmoronamiento caótico, una intervención extranjera violenta o una negociación. Muchos esperan una transformación paso a paso en la que La Habana siga teniendo voz y voto, pero esto es algo complicado. No hay que olvidar que dentro de EEUU hay un sector importante y con gran influencia a favor del cambio de régimen. Los cubanoamericanos llevan décadas deseando acabar con el control comunista. Cualquier cosa que no alcance ese objetivo se percibirá como insuficiente.Autores: Carlota García Encina, Carlos Malamud.La entrada Estados Unidos y Cuba: una relación presa de la Historia, la inercia estratégica y las políticas internas se publicó primero en Real Instituto Elcano.