La investigación por la muerte de la bebé Leyre, de 16 meses, apunta por el momento a una posible negligencia del exnovio de su madre. La juez de Instrucción número 11 de Sevilla considera provisionalmente que los hechos podrían encajar en un delito de homicidio por imprudencia grave, sin perjuicio de lo que revelen las diligencias todavía pendientes. La magistrada ha acordado mantener al joven en libertad provisional, aunque le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el territorio nacional. También deberá comparecer periódicamente en sede judicial dos veces al mes, cada 15 días.Leyre falleció el pasado 29 de mayo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió mientras era bañada en la vivienda familiar. Las lesiones afectaban al 60% de su cuerpo. El investigado era la persona que estaba duchando a la pequeña cuando se produjeron los hechos. La acusación particular ejercida por el padre biológico y el abuelo paterno solicitó su ingreso en prisión provisional, una medida que también reclamó el abogado de la familia materna.La juez no aprecia por ahora indicios de intencionalidadEn el auto, la instructora señala que, en el momento actual de la investigación y a la espera del resultado definitivo de la autopsia, no existen indicios suficientes para sostener que las lesiones fueran causadas intencionadamente. Según fuentes del caso, las actuaciones practicadas hasta ahora apuntarían inicialmente a un delito de homicidio por imprudencia grave previsto en el artículo 142.1 del Código Penal, castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión.La magistrada expone que las circunstancias del suceso, las declaraciones prestadas por la madre y el investigado y la inspección ocular realizada en la vivienda no permiten verificar actualmente una acción dolosa. En concreto, el auto indica que “no existen indicios en el momento actual que permitan verificar una intencionalidad dolosa en la acción atribuida al investigado mientras duchaba a la menor, y que en principio, y como apunta el Ministerio Fiscal y la defensa, estaríamos en presencia” de un delito de homicidio por imprudencia.La bebé fallecida en Bormujos por quemaduras.- La juez también tiene en cuenta que no constan actuaciones similares o de naturaleza ilícita del investigado contra la menor o su madre, que el joven ha reconocido los hechos imprudentes y que ha acudido voluntariamente a los llamamientos policiales y judiciales.La magistrada considera que no existe actualmente riesgo de que pueda alterar pruebas o atentar contra los bienes de la víctima. El riesgo de fuga sería, por tanto, el motivo que justifica la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias periódicas.Dice que dejó sola a la bebé durante “sólo unos segundos”Durante su nueva declaración judicial, el exnovio de Andrea Burdalo, madre de Leyre, volvió a ofrecer su versión sobre lo sucedido en la vivienda de Bormujos. El joven explicó que estaba bañando a la bebé en la ducha cuando pidió una toalla a la madre. Como Andrea se encontraba en otra habitación, dejó abierta la alcachofa de la ducha y se desplazó para buscarla.Según su testimonio, se ausentó durante “sólo unos segundos”. Entonces escuchó a la pequeña “chillando” y regresó inmediatamente al cuarto de baño. Al volver, observó que a Leyre le estaba “cayendo el agua en la cara”. La niña fue trasladada posteriormente al servicio de Urgencias del hospital infantil, donde quedó ingresada con graves quemaduras hasta su fallecimiento.Pendientes de la autopsiaLa causa continúa pendiente de dos elementos considerados esenciales: el informe definitivo de la autopsia y las conclusiones del Grupo de Homicidios. Esos documentos deberán ayudar a determinar si la reconstrucción inicial de los hechos se mantiene o aparecen nuevos indicios sobre una posible intencionalidad. Las diligencias realizadas hasta el momento no apuntan, según las fuentes consultadas, a un supuesto de violencia vicaria o de género. Sin embargo, la calificación de los hechos sigue siendo provisional y dependerá del resultado de la investigación.Los abogados Francisco Campos y Miguel Ángel Pérez, representantes de la familia paterna, solicitaron el ingreso en prisión del investigado. La misma petición fue formulada por Agustín Fernández Santana, letrado de la familia materna.Esta última acusación sostiene que el fallecimiento no habría sido fortuito. “No cuadra la versión que hay con que sea un accidente”, señaló el abogado a los periodistas, quien explicó que su convicción de que se trataría de un asesinato se apoya principalmente en los testimonios incorporados a la causa.