Durante años, saber quién poseía una parte de la empresa espacial más valiosa de Estados Unidos exigía atravesar una cadena de fondos privados y sociedades interpuestas. Esa opacidad adquiere otra dimensión cuando la compañía trabaja para el Pentágono, fabrica satélites de inteligencia y gestiona una infraestructura orbital con peso estratégico.La salida a bolsa cambia las reglas porque obliga a mirar hacia atrás. Antes de cotizar, la empresa de Elon Musk permitió la entrada indirecta de capital extranjero mediante fondos estadounidenses que agrupaban a numerosos socios. Algunos aparecían domiciliados en China continental, Hong Kong o Rusia.El tamaño de esas posiciones era pequeño frente al valor total de la compañía, pero el interés público no depende solo del porcentaje accionarial. Importa qué derechos recibía cada socio, qué información circulaba por el fondo y qué controles aplicó la empresa. Ahí reside la pregunta de seguridad nacional que ahora vuelve a Washington.Una lista oculta durante años Elon Musk en el momento de la salida a bolsa de SpaceXLos documentos proceden de un litigio societario en Delaware y fueron desprecintados tras una batalla judicial. La investigación de ProPublica identifica al menos una docena de inversores con direcciones en China, Hong Kong o Rusia que entraron entre 2018 y 2021 a través de Tomales Bay Capital, con aportaciones comprendidas entre 800.000 y 40 millones de dólares. La revelación llega tras el estreno bursátil que disparó el valor de las acciones.Uno de los nombres señalados es David Su, cofundador de la firma de capital riesgo MPCi. Una entidad de su propiedad invirtió 15 millones de dólares en 2020 en un fondo con acciones de la compañía. MPCi también había financiado empresas espaciales chinas, entre ellas dos sociedades sancionadas después por Estados Unidos por supuestos vínculos con el grupo Wagner.La documentación no prueba que Su cometiera una irregularidad ni que recibiera datos reservados. MPCi sostiene que el empresario es ciudadano de Singapur y nunca accedió a información privada de la compañía. Tomales Bay asegura, además, que sus socios eran inversores pasivos y recibían básicamente valoraciones trimestrales. En este punto, la diferencia entre propiedad y acceso resulta decisiva, especialmente después de que se reservara un tramo europeo de la oferta.El riesgo está en la información Un cohete de SpaceX durante el despegueLa regulación estadounidense admite inversión china en empresas que contratan con Defensa, aunque la somete a controles severos. El problema aparecería si un socio conociera planes tecnológicos, prioridades comerciales o capacidades que pudieran favorecer a competidores. La compañía prohibió a inversores de China y Hong Kong participar en su oferta pública por riesgos de cumplimiento, una cautela difícil de separar de la tensión orbital entre operadores de ambos países.La intermediación complica el control. Tomales Bay compraba acciones, las empaquetaba en vehículos de inversión y cobraba comisiones a quienes adquirían una fracción del fondo. En una presentación de 2021 llegó a ofrecer a un posible cliente chino actualizaciones trimestrales, visitas y opciones de entrevistar al director financiero. La carrera por el modelo Starship da más peso a ese grado de cercanía prometida.El caso también muestra hasta qué punto la industria espacial privada ha quedado unida a la rivalidad entre potencias. Empresas chinas desarrollan lanzadores reutilizables mientras Estados Unidos confía tareas sensibles a una sociedad que hasta junio fue privada. La lista judicial deja una advertencia que trasciende a Musk: cuando la defensa depende de una empresa, conocer a sus propietarios forma parte de proteger la tecnología.