La acumulación de expedientes en la Gerencia de Urbanismo ha sido uno de los lunares negros que ha acompañado a la gestión de los gobiernos locales en los últimos años. Todos los alcaldes de Sevilla han intentado, sin éxito, resolver ese cuello de botella con el que se topaban todas las licencias y que provocaban que muchos de los promotores privados se marcharan con sus inversiones a otras ciudades cansados de esperar. En ellas se encontraban unas condiciones más atractivas que en la capital hispalense y, sobre todo, un burocracia que hacía más sencillo el desarrollo de sus proyectos. Una realidad que el ejecutivo de José Luis Sanz se empeñó en revertir desde su llegada a la Alcaldía en 2023, tanto con las modificaciones legislativas de la Junta de Andalucía como con los cambios en las ordenanzas municipales. En lo que va de mandato, se han producido dos hitos relacionados con esta disminución temporal y burocrática, que se ha traducido en una reducción importe de los plazos de espera y de los expedientes acumulados sobre las mesas de los funcionarios. Allá por el 2024, el Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero , por el que se tomaban medidas para la simplificación y la racionalización administrativa de cara a la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración. Avance al que se sumó también la fusión del área de Urbanismo y Medio Ambiente y, por otro lado, la aprobación de la nueva Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) del Ayuntamiento de Sevilla. Un cóctel de reformas que ya empieza a dar sus frutos en los departamentos de la Gerencia. Las estadísticas que manejan en la Isla de la Cartuja no dejan lugar a dudas sobre los avances alcanzados a este respecto. En cuanto a los expedientes de calificación ambiental entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2026 , es decir, desde que la Gerencia es la responsable de su tramitación, se tiene constancia de la creación de un total de 3.570 procedimientos. En concreto, 1.623 lo hicieron hasta la fecha de entrada del Decreto de Simplificación de la Junta de Andalucía, mientras que 1.947 lo han hecho desde mediados de febrero de 2024 y hasta finales del mes de abril de este 2026, fecha hasta la que por el momento llegan los registros acumulados por este organismo. De todos, los últimos informes a los que ha podido acceder ABC señalan que ya se han resuelto 3.085 aproximadamente, o lo que es lo mismo, un 87%. La aceleración de los procedimientos ha permitido retener a los principales inversores y, paralelamente, atraer la llegada de nuevos promotores. Eso ha multiplicado el número de expedientes y, por ende, la resolución positiva de los mismos. Así lo revela lo ocurrido en estos dos años en los servicios de la Gerencia de Urbanismo, donde sus funcionarios han asumido las ventajas de las nuevas normativas de las administraciones para hacer que su trabajo fuese aún más efectivo. Para hacerse una idea de lo que ha supuesto esta mejoría, antes de 2024 se gestionaba de media poco más de un expediente al día, mientras que después de esa fecha y hasta nuestros días la cifra se ha duplicado y ya supera los dos procedimientos por jornada. Por lo tanto, se resuelven más y en menos tiempo. A pesar de todo, las dependencias de Urbanismo no están a cero y en ellas quedan expedientes por terminar de resolverse que, a la vista lo ocurrido, no deben prolongarse demasiado tiempo, al menos en lo que corresponde a la tramitación municipal. Las mismas fuentes consultadas por ABC señalan que a día de hoy hay unos 485 procedimientos bloqueados . Eso sí, aseguran que no es por dejadez de la administración, sino porque los promotores que están detrás, tanto particulares como a nivel de pymes o grandes empresas, no han subsanado los requerimientos de documentación exigidos por los técnicos para completar de forma satisfactoria el trámite burocrático. En cuanto al promedio de tramitación, también se han producido cambios en los plazos. En 2021, cuando aún no se habían modificado los informes ni los procedimientos, el tiempo de espera para una licencia era de un año y medio. Dos años después, en 2023, ya se habían puesto en marcha algunas novedades n la gestión de los informes y en la burocracia relacionada con los expedientes por medio de la redistribución de los recursos personales. Esto provocó que los plazos se rebajaran a diez meses. Finalmente, este año 2026, en el que la fusión de Urbanismo y Medio Ambiente es total y ya se aplica la nueva OROA, la espera ha bajado a tres meses , al asumir también el control posterior de las declaraciones responsables de inicio de actividad. Un trimestre como máximo que contrasta con los más de tres años que en la mayoría de los casos se registraban antes de 2021.