Martha Carvajalino, ministra de Agricultura. Imagen: Ministerio de AgriculturaA poco más de un mes de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, varios de sus ministros comienzan a hacer un balance de las políticas públicas implementadas y de los retos que quedarán para la próxima administración. Entre ellos se encuentra Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.En conversación con Valora Analitik, la funcionaria abordó temas relacionados con la reforma agraria, los fondos parafiscales y la inversión realizada en el sector agropecuario. Asimismo, hizo referencia a su posible salida del Ministerio, debido al proceso que adelanta en la Procuraduría General de la Nación para asumir un cargo de carrera administrativa como abogada.¿Cuántos recursos ha puesto el gobierno con la finalidad de adquirir las tierras de manera voluntaria?De la inversión de más de $22 billones que hemos hecho para el sector agropecuario, la mayor inversión de gobierno alguno, $4,6 se han ido para compra de tierras y hemos generado mecanismos que nos permitan a nosotros reducir los costos de las transacciones, por ejemplo, comprándolos en los fondos públicos, el fondo de reparación de víctimas y el Frisco, que son escenarios públicos que nos permiten tener si se quiere un mayor, permítame la palabra, control sobre el proceso de adquisición.¿Qué facilidades están brindando al sector para impulsar la producción de fertilizantes y tener bajo control esa volatilidad en los fertilizantes?Nosotros una vez conocimos la situación de Oriente Medio y con la previsión de que eso iba a impactar fundamentalmente en el tema de urea y otros nitrogenados, desplegamos un programa de $32.000 millones para subsidios de insumos agropecuarios que además nos permite que atender la variabilidad climática del frente frío, muchas lluvias en enero que retrasaron nuestros ciclos productivos y diseñamos un programa de $110.000 millones, 421 municipios para poder poner 40 % subsidios de bioinsumos, incentivando la transición hacia la política agroecológica de menor dependencia de los insumos externos y financiar la urea a otros nitrogenados, potásicos y fósforos que nos permitieran avanzar en un programa de fertilización.Con el fondo de estabilización de precios del café hicimos un acuerdo para poner recursos del fondo, las utilidades del fondo, realmente no son recursos de la contribución y del Presupuesto General de la Nación para un programa de fertilización que nos permitiera recuperar esa producción que se afectó en el primer semestre de nuestra cosecha cafetera por las lluvias y ponerla en función de un plan de fertilización que asegurara el segundo semestre. Asimismo, con esos programas hacemos una intervención en siete departamentos, que son los de emergencia.Allí desplegamos unos programas de reactivación económica que están teniendo en cuenta todos los insumos, pero además están teniendo en cuenta bienes y servicios para la reactivación económica y que nos van a permitir que los productores de estos siete departamentos puedan tener apoyo del Estado para subsidio y a acompañamiento en la recuperación de los suelos, de mantener la humedad, en garantizar además desarrollos de infraestructuras para riego y drenaje que se vienen adelantando en zonas tan importantes como la Cuenca del Sinú y la Cuenca del San Jorge.Cerramos nuestras mesas agroclimáticas enviando todos los mensajes a los productores de cuáles son las alternativas, de cómo mantener los cultivos saludables para hacer resistencia a ese proceso eventual de sequía que parece seguro y que puede afectar nuestra producción de alimentos y será ya el otro gobierno el que revise la afectación que pueda tener esta temporada.¿Qué avances tiene la reforma rural integral?El Acuerdo de Paz tiene varios elementos para la reforma rural integral. Uno de esos es avanzar en los procesos agrarios, otro avanzar en la apuesta de redistribución en tres millones de hectáreas y en la formalización en 7 millones de hectáreas. Además de elementos importantes como cerrar la frontera agropecuaria, poder reconocer al campesinado y su aporte a las áreas de especial importancia ambiental, entre otros sin fin de cosas que componen esa reforma rural integral.Nosotros hemos tomado una decisión en este gobierno y fue hacer esa reforma agraria para cumplirle al Acuerdo de Paz. Este gobierno decidió comprar tierras a valor comercial.Hicimos un acuerdo con Fedegan, que lideró en ese momento el senador Iván Cepeda junto con el presidente Gustavo Petro para hacer de la tierra un acuerdo de paz y que no fuera el objeto de la disputa, para hacer la reforma agraria más pacífica que podamos encontrar en muchas latitudes.Nosotros hemos formalizado 2,2 millones de hectáreas, hemos llevado al registro de esos títulos 1,2 millones, estamos pendientes por registro en las oficinas de instrumentos públicos 705.000 hectáreas y hemos registrado títulos de gobiernos anteriores que no se habían registrado en 298.000 hectáreas. Ese es el proceso de formalización que lo que hace es asegurar esas relaciones de tenencia.Dos datos importantes ahí, avanzamos en el reconocimiento del campesinado al interior de las zonas de reserva forestal de ley segunda a través de la Constitución de zonas de reserva campesina, de los derechos de uso en esas zonas, pero también con el Ministerio de Ambiente en las concesiones forestales, permitiéndonos con ello también avanzar en el cierre de la frontera agropecuaria.Ahora bien, teníamos el deber de gestionar al Fondo Nacional de Tierras, ese fondo que se creó en el Acuerdo de Paz que reemplaza el Fondo Nacional Agrario de la ley 160, tierras para poder redistribuir, para poder cumplir con ese indicador de tres millones de hectáreas, que es para gente que no tiene la tierra. Nos hemos dedicado a hacer esa gestión y tiene 806.000 hectáreas de bienes que van a ese Fondo Nacional de Tierras de varias fuentes.A Fedegan y particulares les hemos comprado 233.000 hectáreas, grandes predios que tienen una concentración importante de la propiedad, que tienen un uso o una explotación ineficiente, y que estamos bregando para poner en manos del campesinado 60.000 hectáreas adicionales, que están en curso para finiquitar esos negocios con particulares.Encontramos en el Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado) ese fondo que administra la sociedad de activos especiales, bienes de vocación agropecuaria que debían ser dispuestos para la reforma agraria, que no habían sido transferidos pero que ya estaban extintos, ahí tenemos más de 25.000 hectáreas, pero creamos el mecanismo de enajenación temprana para que estos predios importantes que se adquirieron por vías ilícitas y que tienen una medida cautelar, que los que dicen ser propietarios no pueden usar o explotar, los podamos comprar.Asegurarle a los afectados como se les denomina en el proceso de extinción de dominio que puedan tener una reserva presupuestal para que en caso de que el proceso resulte a su favor, pueda ser compensado el predio y traer este predio a la redistribución de tierras.En particular un esfuerzo que hemos hecho porque los baldíos indebidamente ocupados retornen a la nación y puedan ser entregados a campesinos, tenemos 806.000 hectáreas que hemos gestionado para alimentar ese fondo de tierras y luego de que ingresan al Fondo Nacional de Tierras mediante un mecanismo de selección y uno administrativo de parcelación de esos predios, empezamos a disponerlos.En el proceso de disposición, que es lo que llamamos la entrega de tierras, tenemos 350.000 hectáreas en manos de campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras que no tenían tierra, 350.000 hectáreas redistribuidas. De ellas 94.000 hectáreas ya cuentan con su registro en la oficina de instrumentos públicos, es decir, hay un título.Recordemos que la administración no se desprende de los bienes por vía de una escritura, no es un particular más. Ejerce unas facultades legales y constitucionales y a través de un acto administrativo, de una resolución, reconoce la asignación de ese derecho y entonces queda en firme una vez la administración deja su decisión ejecutoria.Una vez esos bienes ingresan al Fondo Nacional de Tierras o se delega la administración, son bienes que tenemos que poner a producir. Entonces, hacemos los comités de selección, verificamos que la gente cumpla las condiciones legales para ser beneficiarios de reforma agraria o sujetos de ordenamiento y hacemos la entrega provisional de esos bienes que de conformidad con el proceso de parcelación y con el administrativo que debemos tener, llegará a la adjudicación definitiva, ahí ya hay un amparo legal y están llamados todos los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, inspectores de policía, las autoridades del orden nacional a proteger esa relación de tenencia que tienen campesinos.¿Entonces cerca de 806.000 hectáreas han pasado a formar parte de ese fondo y de esa manera ser redistribuidas?Así es. Y 350.000 ya entregadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.Se ha mencionado que en la reforma agraria lo complicado no es la compra de tierra y tampoco la asignación al campesino, sino que lo complejo es darle la asistencia técnica y proyectos productivos, ¿qué ha hecho el ministerio con la finalidad de solventar esa situación?Lo primero que hay que decir es que en 2023 reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Un esfuerzo de la ley 160 de planeación institucional de convergencia de 19 sectores alrededor del desarrollo agropecuario y de la reforma agraria y eso nos ha permitido empezar a hablar de bienes y servicios públicos en la ruralidad para que los beneficiarios de reforma agraria, muchos de ellos que llegan a tan a trabajar tierras que antes estaban concentradas ineficiente y explotadas, tengan servicio.Educación (Ministerio de Educación) ha reactivado los institutos técnicos agropecuarios, volviendo a ese pensum de desarrollo técnico pecuario, en vías, por primera vez se comenzaron a hacer acuerdos, más de 2.000 suscritos con Juntas de Acción Comunal para poder hacer placa huellas, vías terciarias y poder comercializar los productos. Nosotros creamos un programa que se llama Sembrando Vida, para que nos permitiera a los beneficiarios de la reforma tener un recurso por parte de la Agencia Nacional de Tierras para iniciar el ciclo productivo y que luego llegue la Agencia de Desarrollo Rural con los proyectos más estructurados a poner a andar la producción agropecuaria.Puedo decir que llegamos a seis millones de hectáreas en sistemas agroforestales. Es decir, crecimos en áreas sembradas fundamentalmente de cultivos transitorios, lo que nos permite decir que la agricultura campesina, esa a la que le estamos entregando la tierra, viene creciendo.Hemos avanzado también con el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) para poder atender esa asistencia técnica en los procesos sanitarios y fitosanitarios de manera más cercana, pero sin duda este país tiene una gran deuda y es reconstruir la institucionalidad agropecuaria.Por estos días que se habla de adelgazar el Estado, ojalá eso no llegue al sector agropecuario porque lo que hemos visto es que el alto nivel de centralización de las entidades, su falta de presencia en territorio, su incapacidad en términos de funcionarios para poder hacer todos los servicios que requiere el campo, esto le termina revirtiendo a ese crecimiento agropecuario que tenemos.¿Dónde están concentrados los principales latifundios?Al inicio del gobierno, en 2023, cuando yo era viceministra, ordenamos la reforma agraria por regiones. El litoral Pacífico es un territorio donde tenemos ausencia de reconocimiento de los territorios colectivos de pueblos indígenas y de comunidades negras que requiere, además, un ordenamiento productivo en consonancia con los saberes y con las inspiraciones ancestrales.En la Amazonía nuestro reto era cerrar el arco amazónico, estabilizar las zonas de reserva campesina y los territorios campesinos agroalimentarios, promover la economía forestal y allí hemos declarado zonas de reserva campesina muy importantes como la de Orteguasa que nos permiten hacer contención de la expansión de la frontera agropecuaria.En la altiplanura y en la Orinoquía un esfuerzo para poder promover el cuidado del ambiente, del suelo, de nuestros morichales, del agua, pero también la producción intensiva en la altiplanura resolviendo procesos de muy vieja data que mantenían, si se quiere, una disputa sobre la tierra que resolviéndola nos permite ordenarla y la zona andina, una de alta producción de alimentos.Encontramos que es en el Caribe y en el Magdalena medio donde hay el mayor nivel de concentración de la propiedad rural agropecuaria, que está asociada a la expansión de una ganadería intensiva de una ganadería extensiva que muchas veces no tiene el rendimiento y las condiciones necesarias para generar la productividad de la tierra.Ahí hicimos nuestros primeros núcleos de reforma agraria, identificamos las áreas donde íbamos a avanzar y definimos unas lógicas de núcleos. Buenavista en Córdoba, primer núcleo de reforma agraria, de 10.000 a 12.000 hectáreas entregadas. Hicimos el núcleo de reforma agraria en Sucre e hicimos un núcleo de reforma agraria en Huila.Creo que tenemos un avance sin antecedentes en las últimas décadas en este país, ojalá se continúe esa senda de la redistribución que permite generar justicia con quienes no tienen tierra, pero también producir más y poner al frente de la economía nacional la producción agropecuaria.Ustedes realizaron un estudio sobre fondos parafiscales, ¿qué conclusiones sacaron?Hemos hecho una identificación de lo que nos corresponde al frente de la parafiscalidad agropecuaria. Realizamos un trabajo importante para que la opinión pública entienda que estamos hablando de contribuciones de los productores que constituyen recursos públicos, pero que en virtud de disposiciones de orden administran particulares y que esa administración de particulares debe tener unas reglas.El Ministerio de Agricultura no es un notario de la ejecución de los recursos. Nuestro mandato de conformidad con la ley 101 es acompañar y lograr que se dirijan y se ejecuten esos recursos de la parafiscalidad en mayor eficiencia, en ciencia y tecnología, en fomento al consumo y en garantizar la estabilización de esas cadenas. En el 2024 trabajamos con Fedepalma, lo que llamamos la segunda generación de los contratos de la parafiscalidad.Un contrato con reglas más claras frente a la diferenciación del patrimonio del gremio, del patrimonio del fondo que pudiera permitir una democratización de las juntas directivas. Si se suman los fondos de fomento agrícolas y pecuarios, es difícil encontrar representación de las mujeres.Hoy las mujeres son titulares de mucha la producción agropecuaria, de jóvenes en esta apuesta que tenemos por renovar las generaciones en el campo, que pudiéramos además garantizar que la representación de los productores esté o no afiliados al gremio, se vea y se visibilice en la orientación de los recursos y nos dimos a la tarea también de escuchar a muchos productores, de cadenas que no se sienten recogidos y representados por su gremio.Ese contrato de palma que se terminó firmando en 2025 nos permitió trabajar con papa, con el fondo de las frutas y de las hortalizas y con tabaco, otra generación de contratos que se están firmando y yo creo que allí vamos a tener un ejercicio importante de cómo como ese recurso público, como la labor del gremio que lo administra, como la representatividad y la democracia agropecuaria empiezan a forjar en Colombia un nuevo escenario de la producción.Nosotros hemos hecho una inversión importante en la producción agropecuaria, tenemos los récords más importantes de abastecimiento alimentario, de producción 41,7 millones de toneladas se produjeron en Colombia de alimentos en 2025, récord en exportación tanto en volumen como en valor, diversificación de la canasta exportadora, de la canasta de abastecimiento, crecimiento alimentario y eso se traduce en un mayor recaudo de los fondos para fiscales.Muchos de los fondos han crecido más de 100 %, en el sector agrícola tenemos un crecimiento de más de 65 % en promedio de 12 fondos agrícolas, los fondos pecuarios todos crecieron en su recaudo, eso implica mayores recursos públicos para destinar a ese fomento agropecuario en bienestar de todos los productores. La competencia por la administración de estos fondos parafiscales, ahí debemos decir el legislador, en muchos de esos casos, tomó la decisión de definir el administrador.Si usted me pregunta como abogada, yo creo que ahí hay una distorsión, pero fue la decisión del legislador. Entonces, en la mayoría de los casos hay una definición legal.Nosotros hemos traído a colación una decisión de la Corte Constitucional que obliga a revisar la representatividad del gremio que administra los recursos y hemos hecho estudios de representatividad en café, papa, frutas y hortalizas y claro, lo que demuestra eso es que sigue habiendo un gremio fuerte, pero ya hay crecimiento de otros gremios y eso nos permite decir en el escenario de los fondos, "usted tiene que velar por su gremio en su gremio”.Pero cuando administra el fondo tiene que velar por el conjunto de productores, estén o no afiliados a su gremio y eso implica una destinación adecuada del recurso, una representación de los productores no afiliados al gremio dentro de la junta directiva del fondo de fomento que le permita tener voz y es lo que venimos construyendo de manera importante.Esta semana le vamos a presentar al país tres contratos de fondos parafiscales que se vencían, que hemos trabajado con los gremios, que tuvieron estudios de representatividad, que son públicos, también para que todos los productores puedan abordar de manera pública y transparente la discusión sobre su representación gremial, sobre la administración del fondo y preparemos en los contratos que vienen arroz y otros que están para vencerse el siguiente año, ese proceso de discusión y de liberación abierta de los productores para poder definir sobre el rumbo de los recursos que ellos aportan.¿Es decir, lo que usted pone sobre la mesa es la descentralización de los recursos en manos de unos pocos gremios?Yo lo que creo es que, si vamos a producir pompones amarillos y estos se producen en Cundinamarca, no se pueden dirigir los recursos del fondo de pompones amarillos a Córdoba. Debe dirigirse a donde están los productores. Esa es una discusión importante en la parafiscalidad, tiene que ver con la definición de los presupuestos, con la representación y la voz de todos los productores en la junta directiva.Yo creo que es un logro de este gobierno haber hecho esta discusión de manera pública, transparente, pero también tranquila, porque tenemos una buena relación con el conjunto de los gremios con los que estamos firmando los contratos, con quienes firmamos y que han aceptado que es momento de cara a los nuevos escenarios productivos de Colombia, a ese mandato constitucional de reconocimiento del campesinado, ajustar las medidas de la parafiscalidad en procura de la justicia y del fomento de la producción agropecuaria.¿Cuáles medidas están implementando para contrarrestar la inflación en medio de un fenómeno de El Niño?Recibimos en 2022 una inflación de alimentos de 22 puntos porcentuales. Lo que hemos venido haciendo es garantizar que los costos con las dinámicas globales y propias de la producción agropecuaria, pero con la intervención del Estado en esos mecanismos, pudiera llegar a puntos importantes y lo logramos bajar a punto cuatro.Este año tuvimos varios retos; frente frío, estrecho de Ormuz y eso nos puso grandes dificultades y el tema de la carne, que es uno que tiene que ver con la expansión de la exportación y del ganado en pie, eso lo hemos venido trabajando también de manera pública y transparente. El café tuvo una caída importante este año, con ello otros productos se subieron los costos de producción.La atención temprana en los mecanismos de subsidio a los insumos nos permitió contener. Tenemos en insumos agropecuarios régimen de libertad regulada, es decir, podemos saber qué productores, qué comercializadores de fertilizantes y de otros insumos tienen y a qué precios y eso nos permitió tomar medidas.Y yo creo que la otra medida que hay es que, ante el alza sostenida de las tasas de interés por el Banco de la República, hemos dispuesto en el esquema de financiamiento, tanto en la emergencia como en el ordinario, recursos para lograr tener un crédito más barato.Nosotros hemos logrado en el marco de la emergencia llegar a créditos, que nos van a permitir aliviar costos de producción, costos de fortalecimiento de esas cadenas y creo que eso ha logrado contener el tema de los alimentos. Entramos a una nueva etapa, mejoramos la producción de algunas cadenas lo que nos ha permitido diversificar la canasta de alimentos y esperemos que con las medidas desplegadas hasta ahora no tengamos un fenómeno de El Niño que haga presión inflacionaria porque esperemos que todos nuestros productores fortalezcan, fertilizen, reconserven la humedad del suelo.¿Cuáles serían los alimentos proclives a inflación en caso de un Niño intenso?Fundamentalmente los de ciclo corto, que son los de la canasta alimentaria. Vamos a tener unas cosechas que pueden verse impactadas de yuca, maíz, algunos frutales si no reciben adecuada fertilización. Tenemos un programa de seguimiento a esas cadenas y el programa de insumos agropecuarios que hemos diseñado tanto en la zona de la emergencia como en las otras zonas, han calificado esos productos, 23 cadenas, de manera prioritaria para poder desplegar e irrigar los recursos del subsidio.¿En qué quedó el plan para revivir el IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario)?Sacamos un decreto que nos permitió al Ministerio de Agricultura recuperar esas facultades de comercialización y de intervención para garantizar precios al productor y garantizar los costos en el mercado. A partir de eso desplegamos un programa importante que nos permitió hacer adquisición para distribución en los programas de alimento del Gobierno Nacional.Hicimos compra de papa en disposición también de los programas de alimentación del Gobierno Nacional, compra de huevos en el marco de la sobreproducción que hubo este año (2026) fundamentalmente en Cundinamarca, lo que permite equilibrar los precios. Lo que pasó allí es que en la liquidación quedó una norma que decía que el Ministerio de Agricultura asumiría eso, nunca se reglamentó.Pero sin duda alguna hay que estructurar un gran instituto que permita hacer ese proceso si se quiere de regulación de la oferta, de la demanda, de acompañamiento al productor, un proceso que permita construir estructura de secado, de trilla, de almacenamiento, incluso de frío que permita regular precios y mantener disposición de alimentos en calidad y en cantidad, pero también mantener los ingresos al productor.¿En qué se avanzó en el catastro multipropósito?El catastro multipropósito, que es una lógica del Acuerdo de Paz, tuvo un episodio complejo a mi juicio, ya esto es una opinión, en el esquema de privatización que se hizo en el gobierno anterior. Entonces, se habilitaron unos gestores, esos gestores contratan unos operadores, se descentraliza el servicio catastral, se convierte en un servicio y deja hacer una puesta técnica de reconocimiento físico, económico y yo diría agrológico de los predios para convertirse en un instrumento fundamentalmente fiscal donde esa apuesta multipropósito se diluyó. Nosotros avanzamos en unos procesos de actualización masiva de los valores.Colombia tenía uno de los índices de retraso en sus valores catastrales más grandes. Acuérdese que había predios grandes, que estaban valorados en $100.000, que cuando se hace un estudio de lo que está pasando allí, pueden subir a $10 millones o $20 millones, pero que en realidad lo que estaba pasando ahí, más allá de la discusión que puede haber en algunos lugares sobre la metodología, es que no se actualizaba hace 15 años o 30 años.Si la gente no actualizaba el catastro, pues no tenía un tributo justo con la producción agropecuaria. El catastro multipropósito debe responder a la lógica diferencial de reconocimiento del campesinado. La ley 101 dice que cuando los predios son de destinación agropecuaria uno no puede implementar metodologías donde haya un uso diferente al agropecuario, es lo que pasa en la mayoría de nuestra ruralidad dentro de la frontera agropecuaria y yo creo que el país si no avanza en la actualización del catastro, si a eso no le pone un enfoque multipropósito, pero en lo fundamental, si es de lo público no se recupera la gobernanza sobre el catastro, pues vamos a seguir afrontando varias discusiones.Hay que volver a la gobernanza pública del catastro y yo creo que es momento de hacer balance de ese proceso de privatización que tanto le ha costado a los propietarios a los poseedores, a los ocupantes y al Estado mismo.Se ha señalado que uno de los principales inconvenientes es que este catastro multipropósito se volvió una especie de contrarreforma agraria porque impacta a los microfundiosPero ahí hay una falacia, si me lo permite, porque el pequeño minifundio lo que hace es actualizar su valor catastral, pero la tarifa la incrementa el alcalde, o la tarifa la actualiza el alcalde. Nosotros venimos hace tres años pidiéndoles a los alcaldes que en atención a que había una norma que hacía la actualización masiva de los valores catastrales, pudieran revisar las tarifas y tener una diferencial.Ahora bien, nosotros de manera clara cuando se han presentado discusiones, por ejemplo, se pasó la actualización masiva sobre zonas de páramo y no se tuvo en cuenta que había una restricción de uso y explotación que claramente le baja el valor catastral de ese predio, se revisaron y se están corrigiendo esas decisiones.Aquí lo que tiene que haber es un estudio claro de las tierras productivas, de las que tienen restricciones, eso implica un análisis de la capacidad agrológica de nuestros territorios.Lo que no puede seguir sosteniéndose en Colombia es que además de que tenemos una de las mayores concentraciones de la propiedad rural, los propietarios de esas grandes extensiones no paguen lo que tienen que pagar a sus municipios, porque si tuvieran cargas tributarias justas, seguramente se desprenderían más fácil de la propiedad para poder hacer redistribución y eso entonces no es contra el minifundio, sino es una apuesta de justicia frente a una de las estructuras sociales agrarias más injustas que tiene el mundo, que ha sido la nuestra.¿Y qué articulación ustedes desarrollaron con los entes territoriales para evitar que eso suceda?La articulación queda está en manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que hace parte del sector estadístico que cuya cabeza es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Hemos facilitado toda la comunicación con las organizaciones campesinas, con la lectura del tema del suelo agropecuario, la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) ha entregado informes, pero es un proceso que está fuera del sector.El catastro no identifica los bienes baldíos. Hay una discusión sobre el inventario de los bienes baldíos y una idea que me parece un poco urbana a mi juicio, y es creer que podemos tener una gran lista de los bienes que no han salido del dominio de la Nación.Nosotros hemos venido registrando los baldíos que encontramos indebidamente ocupados o los que encontramos que están debidamente ocupados porque quien está ahí tiene derecho a que se le adjudique el terreno baldío y hemos hecho con eso un registro de esas tierras, pero es imposible que se acuda a hacer una barrido sobre todo el país para poder identificar qué predios no han salido de la Nación. Ojalá fuera fácil hacerlo, pero realmente tiene no solo dificultades operativas, sino que jurídicamente es un ejercicio complejo por todas las relaciones de informalidad que hay.Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Cuando recuperamos 314.000 hectáreas en procesos de deslinde, bienes públicos de la Nación, de clarificación que dicen que son bienes baldíos de la Nación o encontramos que hay baldíos indebidamente ocupados, que son estas 314.000 hectáreas de la gestión del Fondo Nacional de Tierras, los ingresamos a nuestro inventario y los administramos.Tampoco es cierto que los baldíos en Colombia no se puedan ocupar. Hay quienes no deben ocupar los baldíos, pero los baldíos son tierras que en general sobre las cuales se ha promovido procesos de ocupación de vieja data y muchos de los cuales tienen todavía una deuda de la autoridad agraria para poder hacer su adjudicación.Usted va a partir de esta cartera la próxima semana, ¿por qué?Yo asumí esta cartera por una comisión de servicios que me otorgó la Procuraduría General de la Nación ante la solicitud del presidente Gustavo Petro de acompañarlo en ese gobierno. Las normas de la carrera administrativa de la Procuraduría dicen que las comisiones de servicio son por un plazo máximo de dos años, los cuales se vencen el próximo 8 de julio. Debo retomar mi cargo de carrera administrativa como procuradora judicial ambiental y agraria en la Procuraduría.¿Y quién va a quedar a cargo de la cartera con la finalidad de hacer ese empalme? Estamos revisando cuál es la persona que asumirá la entrega de conformidad con la ley 955 que instruye el empalme. El Ministerio tiene que dejar un encargado. Ya estamos en esos trámites administrativos, salvo que el señor presidente disponga que yo regrese al término del empalme.¿Algo más que usted desea adicionar?Yo creo que hay un elemento importante en la coyuntura nacional y es que están volviendo a intimidar y amenazar a campesinos en muchos de los predios de la reforma agraria, predios públicos donde la ocupación y el ingreso se está haciendo con autorización de la autoridad administrativa, donde todos debemos amparar esa relación de tenencia y aquí no podemos permitir en el país que nuevamente se cierta la violencia y la sangre sobre el campo colombiano.Destacado: Entrevista | Caribe, región Andina y Orinoquía serían las zonas más afectadas por la ola de calor; Gobierno destinará más de $300.000 millonesDespojar y desplazar campesinos es, sin duda, un conato de guerra en Colombia. Lo hemos vivido. En 1997 sacamos una ley para proteger esas tierras del campesinado. Vivimos un periodo duro entre 2000 y 2008 que quiso desocupar el campo. Si aquí no hacemos un acuerdo nacional para proteger a quienes trabajan la tierra, para proteger la reforma agraria, nosotros estaremos ad-portas de otra guerra en Colombia, y yo creo que eso no lo podemos permitir.—